De todos tamaños, sabores y colores; es el mundo político chapín
Puede ser por la pandemia o porque ya no se cree en el sistema, pero los escándalos que se destapan ya no provocan las reacciones que se dieron en 2015 o en 1944. En todo caso, no está de más recordar un poco aquellos escándalos que han dejado al descubierto el nivel de corrupción e impunidad que priva en el país.
Análisis Crónica
Los escándalos políticos estallan, se publican por la prensa y pronto se apagan. Esa ha sido la tónica que ha predominado en Guatemala durante los últimos años, luego de que la fuerza ciudadana se mostrara en 2015, cuando a base de investigaciones, manifestaciones y presión mediática, se destapó una montaña de corrupción y se mostró el nivel que la impunidad alcanzado.
Terminaron en la cárcel el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, junto a cerca de un centenar de exfuncionarios, contratistas y políticos vinculados a lo que dio por llamarse Pacto de corruptos. Lo que parecía un ejemplo de lucha anticorrupción, fue convertido –hábilmente– en una confrontación ideológica.
Con la llegada de Jimmy Morales, algunos pensaron en un cambio de dirección en el quehacer político, pero el cómico-mandatario se puso al frente de aquel Pacto, para detener las investigaciones de la CICIG y finalmente salir de la Comisión Internacional, ya para entonces señalada de izquierdista.
Morales, enfrentado también con la fiscal general Thelma Aldana, nombra jefa del Ministerio Público a Consuelo Porras, más afín a la línea marcada por el gobernante y el Pacto de Corruptos. Los vientos en contra se sintieron de inmediato, pero pronto llegó el cambio de Gobierno en 2020, con la esperanza de que, ahora sí, se vería algo distinto.
Las cosas, lejos de cambiar, tomaron el mismo rumbo de gobiernos anteriores.
Pronto el presidente Giammattei empezó a dirigir una alianza oficialista,a la que sumó varios partidos políticos –con sus bancadas en el Congreso–, y se preparó para el asalto al sistema de justicia, que esta amalgama de políticos, mafias, contratistas, magistrados y fuerzas oscuras ha ido ejecutando para mantener el marco de impunidad.
El último capítulo se ha dado recientemente, cuando la fiscal general Consuelo Porras, procedió a destituir al último bastión de la lucha anticorrupción, el fiscal Juan Francisco Sandoval, quien ha descrito su salida como un intento por aplacar las investigaciones que venía realizando en varios casos que comprometen a la administración del presidente Alejandro Giammattei, y quizás al propio gobernante.
Tres escándalos mayúsculos
Pero antes de la expulsión de Sandoval –quien tuvo que salir al exilio por su propia seguridad–, el año 2021, marcado principalmente por la pandemia, ha visto escándalos mayúsculos, que poco o nada han alborotado el cotarro político.
Hay que destacar que semana a semana, nunca falta el titular de algún periódico –pero principalmente de elPeriódico–, mostrando como el Estado se ha convertido en un botín para diputados, funcionarios y demás vinculados a la alianza oficialista, incluyendo a los militares. A esos escandalitos no nos referiremos en esta ocasión.
MINISTRO CON MUJERES SEMIDESNUDAS: La publicación de fotografías del ministro de Desarrollo, Raúl Romero, rodeado de mujeres semidesnudas en un antro, causó revuelo en las redes sociales, pero mostró también que en el Gobierno poco o nada se toma en cuenta el comportamiento ético de sus más altos funcionarios.
En cualquier otro país, el ministro hubiera renunciado o se le hubiera exigido que lo hiciera. El presidente Giammattei, se inmutó poco, e incluso pidió que primero se comprobara que las fotos no eran falseadas.
Por métodos técnicos se hicieron pruebas a las fotografías por parte de elPeriódico, y se comprobó que eran auténticas y no estaban manipuladas. Romero –cuyo ministerio ha sido señalado varias veces por negocios oscuros–, continúa en el cargo y Giammattei simplemente le dio vuelta a la página.
Sin embargo, se supo que Romero prontamente envió a las tres mujeres que aparecían en las fotografías semidesnudas, a vivir a un apartamento en la zona 14. Cuando la prensa empezó a husmear, las movió de edificio, para mantenerlas encubiertas.
Sus defensores indicaron que era algo de su vida privada. Sin embargo, todos los funcionarios saben que, al asumir un cargo público, su vida privada se convierte en pública.
El caso quedó en el baúl de los recuerdos noticiosos.
MAGISTRADOS FALSIFICADORES DE DOCUMENTOS: En su momento no se supo, pero al postularse para magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), los abogados Ranulfo Rojas Cetina y Marco Antonio Cornejo Marroquín, presentaron documentos falsos para mejorar su calificación académica y ganar la nominación.
Ambos mostraron títulos falsos de la Universidad Da Vinci (UDV), el primero por un supuesto doctorado y el segundo por una supuesta maestría. Meses después, el escándalo se destapó, cuando se sabe de la falsificación, en la que habría participado o avalado al menos otro abogado, Juan Carlos Rodil Quintana, decano de dicha universidad.
Sin embargo, la propia Universidad tuvo que salir a denunciar la falsificación. Curiosamente –algo que casi nunca sucede–, el Ministerio Público anunció que tomaría la investigación del caso de oficio, lo que a simple vista parecía correcto. Sin embargo, esa fue la forma que encontró el MP para aplacar el caso y tratar de taparlo, de cara a la opinión pública.
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Al comprobar que la investigación no avanzaba, la propia UDV pide que el caso sea trasladado a la FECI, por considerar que esa fiscalía y Sandoval actuaban con mayor autonomía. Nunca se produjo el cambio, aunque ahora podría suceder. En todo caso, hay que recordar que Rojas Centina es el presidente del TSE y se le vincula a la alianza oficialista.
Al mostrar los hechos la UDV se comprueba que los ahora magistrados, falsificaron títulos, tomando en cuenta que para esa fecha no habían terminado cursos que realizaban en la universidad.
En un sistema de justicia independiente ya se hubiera levantado la inmunidad a los magistrados para que aclaren su situación en un proceso penal por falsedad ideológica y otros delitos tipificados en el Código Penal.
LA CONEXIÓN RUSA Y LA PANDEMIA: Mientras la mayor parte de países latinoamericanos arrancaban con el proceso de inmunizar a su población para combatir la pandemia por el covid-19, las autoridades de Guatemala mostraban gran incapacidad para comprar vacunas, más allá del sistema Covax, que tan pobres resultados ha dado.
Poco se hablaba en el país de la posibilidad de buscar las vacunas rusas Sputnick V, pero para sorpresa de todos, un día sale a la luz un contrato firmado por la ministra de Salud, Amalia Flores, para la compra de 18 millones de dosis, por medio de un intermediario –lo cual es prohibido por la ley– y con el pago de US$81 millones de manera anticipada, sin compromiso de parte del vendedor de entregar en fechas específica lo comprado.
Hasta la fecha se han recibido menos del 10% de las vacunas pagadas.
¿Cómo se negoció? ¿Quién llevó a cabo las negociaciones? ¿Por qué se aceptaron tantas cláusulas que dejan indefenso al Estado de Guatemala? ¿Hubo mordida de por medio? Estas y otras preguntas permanecen sin respuesta hasta la fecha.
Al igual que lo sucedido con los magistrados falsificadores, el MP dijo tomar cartas en el asunto, pero el caso no avanza y no parece que vaya a existir algún día una acción contra las autoridades.
Para terminar de enturbiar el ambiente con los rusos, el exfiscal Sandoval declaro tras salir del país, que el presidente Giammattei y Miguel Martínez, recibieron en su casa en la zona 15 a personajes rusos, quienes habrían entregado a la pareja mencionada dinero en efectivo.
Una fuente de confianza en el MP consultada por Crónica, asegura que no se ha logrado identificar plenamente a los ciudadanos rusos, por lo que no se puede afirmar que tuvieran que ver con las vacunas o con una mina, también propiedad de un consorcio ruso.
En todo caso, hay un vínculo entre la Conexión rusa, y al salida de Sandoval, pues una fuente del MP –¿la fiscal general Consuelo Porras?– advirtió al presidente de la intención de la FECI de allanar la residencia de Giammattei y Martínez, lo que provocó que el exjefe del Centro de Gobierno, saliera apresuradamente del país por unos días, mientras Porras tomaba control de la FECI.
La guinda del pastel
El último escándalo, que la alianza oficialista espera que también quede en el olvido pronto, es precisamente la destitución de Sandoval. El tema pasa por el repudio que ha provocado, tanto a nivel nacional como internacional.
Hasta ahora lo que se ha podido confirmar por versiones fidedignas, es que la fiscal general intervino la FECI al saber que se quería allanar la casa del mandatario, y desde entonces el tiempo corría en contra del fiscal anticorrupción, respaldado fuertemente por el Departamento de Estados Unidos, e incluso por la vicepresidencia Kamala Harris.
Pudo más el miedo al destape de escándalos múltiples por hechos de corrupción, que las advertencias estadounidenses.
Casi simultáneamente al despido del fiscal, se le solicita a algunos integrantes de la alianza oficialista, que preparan procesos en su contra, con el fin de promover una orden de captura. La Fundación contra el terrorismo se preparaba a interponer las demandas ante jueces, cuando eso trascendió y, alertado sobre lo que se pretendía en su contra, Sandoval decide salir del país para garantizar su propia seguridad.
Este caso, al menos ha levantado una serie de pronunciamientos de diferentes sectores, repudiando el hecho y criticando la actitud de la fiscal Porras, quien –además–, no siguió los procedimientos que manda la ley para despedir a un fiscal que actúa de forma independiente y debe ser respetado.
El montón de otros escándalos.
Pero aún hay más. Estados Unidos presentó la famosa Lista Engel, que incluye a un magistrado de la CC, Néstor Vásquez Pimentel, y otro de la Corte Suprema (CSJ), Manuel Duarte. Nada pasó con ellos, a pesar de que la razón de su inclusión es por participar en acciones de corrupción o a favor de la impunidad.
También se ha conocido de compras irregulares que favorecen a la esposa del diputado oficialista Mynor Mejía Popol; de las contrataciones irregulares en el Instituto de la víctima; las contrataciones en el TSE de familiares y amigos de diputados; manejo de plazas fantasma; compras sobrevaluadas; y múltiples negocios dirigidos a empresas vinculadas con diputados de la alianza oficialista.
¿Y la comisión contra la corrupción?
A pesar de múltiples denuncias, que aunque no alcanzan el nivel de verdaderos escándalos debieran serlo, se sabe de actos corruptos constantes en la administración del presidente Giammattei, quien nombró una Comisión Presidencial contra la corrupción, que le cuesta algunos millones en sueldos al Estado. Sin embargo, después de más de un año de gestión, no se conoce que haya descubierto ningún caso importante y que su intervención promueva procesos judiciales.
Los críticos al Gobierno consideran que, tanto el MP como esta comisión presidencial, sirven para encubrir más que para descubrir.
Y mientras todo esto sucede en Guatemala, el país parece vivir una especie de modorra social –adormecimiento– provocada por la pandemia, la desinformación y la frustración de la sociedad.