Gonzalo Marroquín Godoy
Le ponemos menos atención que a otras elecciones, pero el buen funcionamiento del país depende de la independencia, balance y eficacia de los magistrados.
La Dama de la Justicia, también conocida como Diosa de la Justicia, es famosa a nivel universal y se ha convertido en una figura aspiracional para cualquier sociedad. Vestida con capa y traje largo –para ganar respeto–, tiene los ojos vendados como símbolo de su imparcialidad, una balanza para garantizar equidad en los procesos y la espada, que sirve para dar el castigo en caso de ser necesario.
Si tuviéramos que hacer nuestra Dama de la Justicia –a la chapina–, diríamos que la venda de los ojos la mueve según su interés –para ver a quién le aplica la ley y a quién no–, la balanza se inclina a favor de quienes manipulan los procesos de nominación y elección de magistrados y los grupos de poder oscuro que hay tras ellos, mientras la espada cae de manera selectiva, sin importar el cumplimiento del Estado de Derecho.
A casi todos los dictadores tiranos en Latinoamérica en el siglo pasado se les atribuye la misma frase –que alguno habrá dicho inéditamente y los demás la repitieron con alguna modificación– sobre la forma de aplicar la justicia: Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley.
Desde esas épocas en la región, se vio que jueces, magistrados y cortes superiores estaban sujetos al poder y vaivén político de las naciones. En Guatemala no fue la excepción. Las dictaduras de la primera mitad del siglo y los gobiernos militares de la segunda mitad, siguieron con la política de controlar el poder Judicial y tener total influencia sobre las decisiones judiciales. Impunidad y más impunidad.
Cuando se habla de la división de poderes en el Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, se espera que haya independencia entre ellos – ¡como debe ser! –. Sin embargo, a pesar de ser Guatemala una República que debiese practicar este principio democrático, nos hemos destacado, como muchos países latinoamericanos, por la exagerada influencia que tienen los dos primeros sobre las instituciones del sector justicia, el cual, en vez de defender o luchar por su independencia, asume una postura más bien servil o sumisa.
Sabiendo que en la era de los gobiernos militares el sistema de justicia era obediente y no deliberante, la Constitución de 1985 intentó introducir cambios en el proceso de elección de las autoridades judiciales con las tristemente célebres comisiones de postulación, pero con el paso del tiempo –y aún con las tibias reformas introducidas–, se ha comprobado que los graves problemas de fondo no se superaron y, por el contrario, se han creado estructuras poderosas que manipulan estos procesos eleccionarios.
Ahora se ha producido una controversial resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC). Digo controversial, porque esas fuerzas oscuras que quieren seguir controlando el proceso la adversarán. Otros más escépticos –como lo soy yo en algunos casos–, pensamos que el problema no es la resolución del amparo –repetir todo lo actuado–, sino que lo malo es que al final de todo, el resultado será el mismo, si no peor, porque ese oscurantismo –mafias, políticos y estructuras criminales– tiene gran capacidad de manipulación y mueve los hilos del poder auténtico.
El escenario real se puede resumir en que los dos principales sistemas sobre los que se cimienta la democracia –el político y el de justicia–, han demostrado hasta la saciedad que no son funcionales para beneficiar a la población y se mueven a favor de sectores muy particulares, en vez de propiciar –como debiera ser–, el bien común.
Cuando se intentó hacer una reforma constitucional al sector justicia se encontró un muro impasable. En vez de buscar como eliminar lo que no era conveniente, se detuvo totalmente su discusión en el seno del Congreso, en donde se hizo evidente que el Pacto de Corruptos, lo que busca es mantener el manto de impunidad que ha prevalecido.
Cuando se llevó a cabo la famosa reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo que se hizo fue hacer cambios que garantizan que se mantenga el sistema político disfuncional, que poco o nada ha aportado para el desarrollo.
En definitiva es fácil comprobar: tenemos dos sistemas caducos y corruptos –el político y el de justicia–, y es claro que hay una negación a reformarlos para que la democracia se pueda robustecer, sobre todo, porque así se podría crear el sistema de pesos y contrapesos que hace que la democracia funcione adecuadamente.
Por otro lado, hay poca comprensión de la sociedad sobre la imperante necesidad de promover esas reformas auténticas. En buena medida porque existe una gran desinformación y se ha creado un clima de confusión. No faltará quien diga que es algo ideológico. Nada que ver, ha sido el caballo de batalla que han utilizado quienes no quieren que el país progrese. Este no es capítulo cerrado, hay que seguir pensando en la necesidad de reformar el sistema… mejor dicho, los dos sistemas.