El oficialismo y sus aliados siguen golpeando en la batalla que libran para impedir el cambio de Gobierno. EEUU responde fuerte y ahora falta la respuesta popular ante la fuerzas antidemocráticas.
Gonzalo Marroquín Godoy
Somos un país con poco más de 17 millones de habitantes, marcado por la pobreza, falta de oportunidades, un sistema de salud ineficiente, educación pública paupérrima y, sobre todo, con un sistema político corrompido hasta el tuétano, que se debate ahora mismo entre una fuerza oscurantista que se resiste a entregar el poder tras elecciones libres y el clamor porque se respete la voluntad popular, respaldado por la comunidad internacional.
El escenario es grotesco. Todas las instituciones del Estado son manipuladas por el poder político y los opositores son perseguidos judicialmente, incluyendo a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que certificaron los resultados con el aval de más de 100 mil voluntarios que supervisaron la elección presidencial en segunda vuelta el pasado 20 de agosto.
El ganador resultó –sorpresivamente, hay que decirlo– el socialdemócrata Bernardo Arévalo, candidato del relativamente joven partido Movimiento Semilla, con fuerte discurso anticorrupción, el cual le valió ser votado masivamente en las urnas con una mayoría significativa (61% contra 39%) sobre la candidata Sandra Torres, una acomodada aliada del oficialismo.
Desde que se conocieron los resultados, el Ministerio Público (MP), controlado por la alianza oficialista, lazó una jauría de fiscales para perseguir y acosar al candidato, su partido político y autoridades del TSE, tratando primero de suspender a Semilla, y luego solicitando que se retirara la inmunidad al presidente electo y los magistrados del TSE. Se debate en tribunales sobre lo primero, se ha impedido hasta ahora lo segundo y los magistrados del tribunal electoral señalados de actos administrativos ilícitos han tenido que salir este viernes al exilio para no verse tras las rejas.
En el Congreso se dio una vergonzosa sesión el jueves, en la que las bancadas del oficialismo retiraron de manera exprés la inmunidad de cuatro magistrados del TSE, dejándolos en manos de ese MP tenebroso y de los jueces marionetas que se mueven con pitas desde el centro del poder.
Todo esto ha sido censurado fuertemente por la comunidad internacional. Las misiones de observación de la OEA y de la Unión Europea (UE) certificaron que la elección fue limpia y “ejemplar”. Washington advirtió al gobierno de Guatemala que habría sanciones si continuaba socavándose la democracia. La OEA amenaza con aplicar la Carta Democrática Interamericana y la Unión Europea se suma a las críticas y amenazas de sanciones.
La respuesta del presidente Giammattei es la de un negociador que hace del “policía bueno” y dice que entregará el poder a Arévalo, dejando el papel de “policía mala” a la fiscal general Consuelo Porras. Ambos están en contubernio y Washington no cree en las pantomimas y muestra un malestar
Antes de la crisis actual, cerca de 69 funcionarios –la gran mayoría mayoría de ellos del sistema judicial y funcionarios públicos–, fueron sancionados por Estados Unidos, todos por ser considerados “corruptos y antidemocráticos”, pero el alcance de la llamada Lista Engel no va más allá que en la cancelación de visa.
Esta vez, Washington ha enviado un mensaje más fuerte: la pareja del presidente Giammattei, Miguel Martínez, ha sido sancionado drásticamente bajo la ley Global Magnitsky, por “graves abusos” y actos de corrupción, específicamente el soborno por la compra vacunas rusas Sputnik V, que finalmente fueron entregadas en su mayoría fuera de tiempo y se vencieron, por lo que –además del sobreprecio pagado– el Estado de Guatemala perdió no menos de US$50 millones por su vencimiento (unos Q400 millones). Se lucró con la salud del pueblo.
De esto no dicen nada los NetCenter de Fundaterror y del oficialismo. Si dicen algo, es para hacer creer a los ingenuos que Estados Unidos no respete «la presunción de inocencia», como que si aquí si lo hicieran ellos mismos, el MP y los jueces inquisidores que utilizan.
Ese MP que ahora es un feroz perseguir de opositores y trata de «defender votación» denunciando un fraude inexistente, es la misma que, bajo las órdenes de Consuelo Porras, se negó a abrir cualquier investigación sobre este caso, aunque fue denunciado por la prensa independiente y, particularmente, por el diario “elPeriódico”, cuyo presidente, José Rubén Zamora, está encarcelado tras un juicio espurio e injusto por un supuesto caso de lavado de dinero de unos US$35 mil.
En este caso, parece que Estados Unidos, se cansó de que Guatemala no escuchara todas sus advertencias por las acciones antidemocráticas de Giammattei y sus aliados, que cada vez que hay una sanción responden que se trata de una falta de respeto a la “soberanía nacional” y rechazan “cualquier injerencia extranjera en asuntos nacionales”, sin reconocer que el mayor daño se está haciendo a la población en general y la democracia.
Ahora mismo tratan de «cocinar» los próximos pasos para impedir la llegada de Arévalo a la presidencia. El pulso está dado: por un lado estará toda la fuerza poderosa llamada «alianza oficialista», integrada por jueces, fiscales, cortes, militares, partidos políticos, algunos empresarios, mafias criminales y corruptas y, por supuesto, altos funcionarios del Gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coloca a Guatemala solo un peldaño por detrás de Cuba, Venezuela y Nicaragua. A la respuesta de la comunidad internacional, habrá que sumar pronto la reacción del pueblo guatemalteco. El escenario que se presenta no es tranquilizador. Habrá que ver si el pueblo deja que nos roben la poca democracia que nos va quedando.
LEE ADEMÁS: (Publicado en noviembre de 2021)