Hay que poner atención con todo lo que sucede en torno a las redes sociales. Facebook, Twitter y demás, se vuelven poderes supranacionales y de control.
Gonzalo Marroquín Godoy
En los últimos días estamos viendo situaciones inquietantes y peligrosas en torno a las redes sociales más poderosas del planeta: Facebook (2,449 millones de usuarios); WhatsApp (1,600 millones); Instagram (1,000 millones); y Twitter (340 millones). Las tres primeras, son parte del mismo grupo (Facebook), propiedad de Mark Zuckeberg, uno de los ocho hombres más ricos del mundo.
Nadie duda que las redes sociales tienen una fuerza impresionante, como tampoco se puede poner en tela de duda lo valioso que es el que abran espacios de expresión alternativos. Hasta ese punto, todo está bien, pero los problemas surgen cuando comprobamos que, así como conceden derecho de expresión, restringen peligrosamente la libertad de expresión, a lo que hay que sumar que se vuelven dueñas de la información privada de sus usuarios, con o sin su autorización.
Veamos un caso paradigmático reciente. Antes, quiero aclarar que considero como algo completamente irresponsable, la actitud del presidente Donald Trump de incitar a sus seguidores por las redes sociales para la insurrección que se dio el miércoles 6 de enero, cuando ocuparon violentamente el Capitolio. Dicho esto, me parece peligroso para la libertad de expresión, la censura que ha sufrido Trump de parte de Facebook y Twitter, porque es una acción basada en políticas particulares, más que en el derecho universal que garantiza esa libertad.
Veamos. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece lo siguiente: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Lo peor del caso, es que interpretar cuál es el delito cometido, queda en manos de Facebook o de Twitter. Es decir, que tienen total discrecionalidad para callar a Trump –en este caso–, o a cualquiera que haga uso de las redes y lo que escriba no guste a quienes las administran. Es algo similar a cuando Chávez dispuso que en Venezuela la información debe ser veraz y oportuna, pero quien califica la veracidad y la oportunidad es el propio gobierno venezolano. El gobierno se vuelve juez, y un juez que puede censurar con discrecionalidad.
El día de mañana puede ser otra persona o líder quien haga uso de su derecho de expresión, pero si las redes sociales lo consideran inoportuno, ilegal, arbitrario, o engañoso, pues simplemente lo censuran. Entiendo que parece lógico, pero existe una línea demasiado fina entre lo correcto y el abuso, bajo pretexto de que se violó el acuerdo de aceptación… que casi nadie lee. Pero más grave, es que se limita un derecho.
Hay una frase que algunos le acreditan a Voltaire, pero más allá de si fue él quien la dijo o no, es válida para valorar la dimensión de la libertad de expresión. Dice así: No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte, tu derecho a decirlo.
Aquí estamos ante un caso de limitación a un derecho. Los tribunales, el Congreso y el Senado estadounidenses, pueden juzgar y hasta castigar a Trump – lo cual sería válido y hasta necesario–, pero aquí vemos que es el poder de las redes sociales el que actúa y sanciona. ¿Si el presidente de Estados Unidos poco o nada pudo hacer para evitar esta censura, que puede suceder con ciudadanos comunes y corrientes?