El primero, altamente polarizado y su gobernanza no será fácil; en el segundo, el chavismo pierde fuerza popular, pero la dictadura de Maduro sigue con control férreo.
Gonzalo Marroquín Godoy
Las elecciones son parte sustancial de la democracia, pero no siempre llevan a puerto seguro a los países que las celebran. Por eso es importante aprender todo lo que podamos de otras experiencias, pues en Guatemala hemos comprobado, de manera fehaciente, que no producen las soluciones necesarias para los problemas que arrastramos.
Chile y Venezuela son dos países totalmente diferentes en el orden democrático.
Veamos primero a Chile, que trata de consolidar su sistema político tras la larga dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Allá hay libre participación de los partidos políticos, se respetan las libertades de expresión –y por lo tanto de prensa–, de organización, y hay independencia de la justicia. Estos son factores indispensables para que la democracia funcione.
El país ha sido durante mucho tiempo ejemplo de crecimiento económico, pero no se atendieron los problemas sociales, situación que ha creado un clima de confrontación y polarización, en donde las voces que más se escuchan son las de las extremas, derecha e izquierda, precisamente las dos fuerzas mayoritarias en las urnas el pasado domingo.
José Antonio Kast (derecha – 27.91%) y Gabriel Boric (izquierda – 25.83%), deberán volver a las urnas y el ganador será quien logre convencer a la gran mayoría de votantes que se ubican más al centro –46% entre cinco candidatos– y que no fueron atraídos por sus discursos radicales.
He escuchado a varios analistas chilenos –bastante imparciales en sus comentarios–, que anticipan que cualquiera de los dos que gane, tendrá difícil lograr una sana gobernabilidad, tomando en cuenta que Chile está en medio de un proceso de reforma constitucional, que ha causado en buena medida la polarización existente.
No hay mucho que comparar entre la realidad chilena y la nuestra, pero sí nos puede servir para ver que, cuando no se dan soluciones sociales, la población se radicaliza, como sucedió allá con las protestas de 2019.
Los discursos que Kast y Boric tras las elecciones, anticipan una segunda vuelta bastante disputada el 19 de diciembre y lo inteligente sería que asumieran posiciones menos radicales, porque los extremos solo provocan confrontación social y el rechazo de los moderados.
De las elecciones para gobernadores y municipalidades en Venezuela, es poco lo positivo que han dejado, porque el llamado triunfo del chavismo, en realidad no lo es tal, porque además de la poca participación, no se permitió el voto desde el extranjero –más de 4 millones–, lo que quiere decir que este amplio sector de la población no gozo del derecho al voto y, evidentemente es antichavista.
A diferencia de Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro permitió la presencia de observación internacional. Lamentablemente, como suele ocurrir con esas misiones, únicamente pueden ver lo que sucede en las semanas o días previos a la votación y no toman en cuenta todo el entorno que existe en el país.
En ese sentido, al tener limitada al mínimo la libertad de expresión y de prensa, es difícil pensar que un pueblo sin información pueda emitir un voto consciente. Estuve varias veces en la Venezuela de Chávez –heredada a Maduro–, y pude constatar in situ que el gobierno se ha encargado en borrar a la prensa independiente y dispone de una importante concentración de medios oficialistas, por lo que la mayoría de venezolanos no tienen acceso a información confiable.
Esa es estrategia común en todas las dictaduras: a menor información en poder de la gente, menos capacidad para hacer una elección acertada.
En conclusión, de Chile debemos aprender a ver que la confrontación y la polarización entre las extremas –derecha e izquierda– es mala para el país. De hecho, nosotros lo estamos viviendo en una época normal, pero lo veremos exacerbado a partir del próximo año, cuando las aguas electoreras principien a agitarse.
De Venezuela, los peligros a evitar son aún más claros: hay que rechazar la concentración de poder en el Ejecutivo y exigir que se devuelva la independencia a las instituciones del sector justicia –ahora cooptadas por la alianza oficialista–, el TSE debe dejar de ser un ente manipulado por la misma alianza, y la libertad de expresión debe ser plena, para que los guatemaltecos podamos elegir mejor.
Aprender de lo que les sucede a otros no es fácil, pero no nos confundamos. Los síntomas que vemos en aquellos, los tenemos también aquí.