El MP se ha vuelto un mazo político-represivo, en vez de ser una institución eficiente que persiga a violadores de la ley: criminales, delincuentes, mafias y corruptos.
Gonzalo Marroquín Godoy
No conozco al diputado Aldo Dávila, pero he visto que, con su peculiar estilo, se ha convertido en la voz más valiente del Congreso para denunciar los abusos del oficialismo en todos los ámbitos, la corrupción campante que impera en el país y las deficiencias evidentes en materia administrativa.
¿Qué investigó el MP sobre la denuncia –con mucha información fiable– de la famosa Trama rusa, incluyendo aquella famosa alfombra mágica llena de dinero?… ¡Nada!
¿Qué hizo el MP con el lesivo contrato de las famosas vacunas Sputnik V?… ¡Nada!
¿Qué ha hecho el MP para que el Congreso cumpla con la elección de CSJ, como manda la Constitución?… ¡Nada!
¿Qué hizo el MP tras la comprobación fehaciente de que dos magistrados del TSE falsificaron documentos para ser nominados a sus cargos?… ¡Nada!
¿Qué hace la fiscalía para perseguir las plazas fantasmas, negocios turbios y demás, que constantemente se denuncian por medio de la prensa?… ¡Nada!
Si se hiciera una lista de todo lo denunciado con hechos puntuales por la prensa independiente, no alcanzaría todo el espacio de esta columna para mencionarla. ¿Y qué ha hecho el MP?… ¡Nada!
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Ah, pero el diputado Dávila tuvo un altercado verbal con agentes de la PNC –qué habría que ver si no los abusivos fueron los policías– y eso se vuelve un gran caso para el MP, que cuenta con el servilismo de los magistrados espurios de la CSJ, quiénes rápidamente le levantaron el derecho de antejuicio, cuando antes han protegido a varios diputados señalados por hechos evidentes de corrupción.
Es un hecho que la justicia la han convertido en una especie de espada de Damocles, para menearla constantemente sobre las cabezas de los opositores.
Ahora mismo, durante el estado de sitio en El Estor, el MP, en vez de velar porque se respeten los derechos humanos de los ciudadanos, es utilizado por la alianza oficialista para reprimir, aceptar que se queme una aldea entera, capturar a activistas, como si oponerse a que les impongan en sus comunidades una actividad extractiva –minería– fuera un delito.
Antes de la persecución política al diputado Dávlia, el MP ha intentado intimidar con procesos penales a periodistas. José Rubén Zamora lo denunció públicamente y demostró que se trataba de asqueroso y vil acoso. Juan Luis Font, denuncia lo mismo. Al parecer, la alianza oficialista pretende calcar lo que burdamente hizo Daniel Ortega en Nicaragua para doblegar a la oposición: persecución penal a los opositores.
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Bien hace Aldo Dávlia en no dejarse intimidar. Los demás diputados que no forman parte de la alianza oficialista debieran levantar su voz, porque si callan ante esta abominable acción, el día de mañana lo harán con cualquiera de ellos. Si no actúan serán corresponsables y formarán parte del establishment.
Es muy común en nuestra sociedad ver que al de al lado lo están zarandeando y pensar: menos mal que no es a mí. Lo que no vemos es que los efectos de esta represión, de la corrupción y de la impunidad, tarde o temprano nos terminan afectado a todos. Claro, a unos más que a otros, pero todos sufriremos consecuencias de lo que está sucediendo.
La fiscal general, Consuelo Porras debiera meditar sobre sus últimos meses en el cargo. Como en Guatemala la institucionalidad no existe, por eso, nadie le llama la atención. El Departamento de Estado de Estados Unidos tomó cartas en el asunto y le tuvo que decir: Señora fiscal procese a los corruptos no a los fiscales anticorrupción. Esta frase cobra vigencia, y se podría cambiar solamente el término de fiscales anticorrupción por opositores que están contra la corrupción.
Como no hizo caso en aquella ocasión, tuvieron que incluirla en la lista Engel, bajo el calificativo de antidemocrática y corrupta. Lo que sucede en el MP es que no avanzan los auténticos casos de corrupción y sí los dirigidos contra opositores. Ha simple vista hay obstrucción a la justicia, en vez de persecución judicial auténtica.
Los guatemaltecos debemos empezar a pensar con seriedad si lo que queremos es vivir bajo un sistema político corrompido, autocrático y represor o queremos algo mejor para nuestro país. Está claro que las autoridades –gubernativas, municipales, legislativas y judiciales– y los partidos políticos han dejado de ser interlocutores de nuestro sentir y por eso no atienden las necesidades de la población. Únicamente piensan en su propio interés y enriquecimiento.