Primero fueron 100 días, luego 6 meses. Se cumplió un año y el tiempo sigue avanzando. ¡tic, tac… tic, tac! No se detiene. El paso del tiempo es inexorable. Sirve simplemente para construir –o no– de acuerdo a las ejecutorias. Los peligros acechan, sobre todo, por el voraz MP.
Análisis de Crónica
Con el fondo musical de La primavera de Antonio Vivaldi, en la madrugada del 15 de enero de 2024 se llevó a cabo en el Teatro Nacional la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, quien ese día anunciaría el inicio de una nueva primavera para Guatemala.
Un año y cuatro meses después, la administración de Arévalo está lejos de cumplir aquella promesa y da muestras de debilidad y poca eficacia, en medio de un acoso judicial constante, que pretende impedir cualquier avance y provoca ingobernabilidad y zozobra.
En aquel momento, se pensaba que, con el apoyo de los pueblos indígenas y la comunidad internacional, se había superado de manera definitiva el intento de golpe de estado judicial impulsado por el Ministerio Público (MP).
Atrás vamos a dejar la crisis porque este es el momento de recuperar la dignidad y construir una nueva primavera. Con esta frase Arévalo prometía a los guatemaltecos un período diferente y, al mismo tiempo manifestaba su determinación de provocar en el país un profundo cambio social y económico.
En campaña, había centrado su atención y promesas en la lucha contra la corrupción. Eso le valió la lluvia de votos de guatemaltecos asqueados de este mal, lo que llevó al triunfo del emergente y pequeño partido Movimiento Semilla.
Aquella madrugada, el tiempo empezó a correr: ¡tic, tac…tic, tac! Desde entonces no se detiene y se convierte en un actor importante de la vida nacional.
Las fuerzas antidemocráticas han mantenido su fuerza y trabajan con estrategia para derrocar o debilitar al Gobierno, al tiempo que se enfilan a retener la CC y el MP, así como controlar el TSE, en procesos electorales el próximo año.
Las grandes expectativas
Antes de prometer la nueva primavera –que debiera significar mejoras socioeconómicas y un cambio radical en la forma de hacer política–, Arévalo concentró su esfuerzo de comunicación en comprometerse con dos fines fundamentales: salir de la fiscal general Consuelo Porras y combatir frontalmente la corrupción, ese mal tan enraizado en el país y causante, en buena medida, de la pobreza, desnutrición y deficiente infraestructura.
La expectativa era muy grande y sensible, pero pronto vinieron las frustraciones. Aquellos cien días transcurrieron sin la salida de la jefa del MP, tampoco se presentó a la población una radiografía de cómo habían encontrado un país destruido en áreas sensibles como la red vial, educación, red hospitalaria (salud) y la infraestructura de puertos y aeropuertos. Tampoco se mostró el grado de corrupción que imperaba en el Estado y que era notorio para la prensa independiente.
Se perdió una gran oportunidad. Ni siquiera se hizo un esfuerzo de depuración laboral en las instituciones del Estado, siempre convertidas en botín político de los partidos gobernantes.
La fiscal general Porras se atrevió a regañar públicamente al mandatario –¡póngase a trabajar!, le dijo–, rechazando las citaciones formuladas para hablar de temas de interés común. Desde ese momento se ha visto que ella tiene una estrategia clara para enfrentar al presidente, mientras Arévalo reacciona o improvisa en cada uno de los golpes que han recibido en su círculo cercano.
Después de cien días empezó a notarse un deterioro en la popularidad del presidente. Porras lo resistía y persistía en sus intentos desestabilizadores. En el Congreso la bancada de Semilla fue brutalmente debilitada por los ataques judiciales contra el partido –hasta la fecha sigue suspendido por orden judicial dictada por el juez Fredy Orellana–, mientras el gabinete ministerial no sólo no daba resultados concretos, sino que, en algunos casos, el presidente tuvo que cambiar de ministros. A la fecha han pasado tres ministros por Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), dos en Salud Pública y dos en Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y hace dos días renunció el ministro de Agricultura.
El Gobierno llegó a presentar más de cien denuncias de casos de corrupción al MP, pero sucedió lo que Arévalo anticipó: la fiscal Consuelo Porras es la tapadera de protección para los corruptos.
¿Cómo combatir la corrupción, cuando el MP se opone a ello y no se puede salir de la fiscal general? No es fácil, pero se necesita, sobre todo, determinación.
Ni siquiera tuvo eco en el Congreso la iniciativa enviada para reformar la Ley del MP. La sensación de debilidad del entorno presidencial y del partido iba en aumento. Aquellas expectativas de enero se diluían con el paso del tiempo.
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Infraestructura, otro golpe de imagen
La administración de Arévalo nunca se dio cuenta siquiera del error que supuso no mostrarle al pueblo como se recibió país. Las gradas eléctricas del aeropuerto y el hundimiento en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla se convirtieron pronto en los íconos a mostrar, por parte de la oposición, la falta de capacidad para ejecutar obras y resolver problemas en el Gobierno.
Una ministra del CIV fue destituida –Jazmín de la Vega–, mientras que su sucesor Félix Álvarado, renunció al cargo. Con un tercero se cerró el 2024 sin dar mantenimiento a la red vial y lo mismo está sucediendo este año, cuando no hay mantenimiento aprobado para ningún tramo carretero.
Tampoco se ha visto con buenos ojos que, en algunos de los pocos trabajos que se llevan a cabo, se ha tomado en cuenta a empresas que estaban señaladas por actos de corrupción en el pasado.
La llegada de la primavera no se mira tampoco en el aeropuerto internacional que sigue luciendo y operando como aeropuerto de un país subdesarrollado, y lo mismo sucede en Puerto Quetzal, en donde los importadores deben pagar fuertes sumas de dinero por el retraso que hay en la atención a los barcos.
La piedra en el zapato
La guerra declarada entre Consuelo Porras y Bernardo Arévalo principió tras las elecciones de 2023, cuando el MP denunció, sin presentar ninguna prueba, un fraude electoral. Esta teoría la ha sostenido Rafael Curruchiche desde entonces y ha servido como parte de la estrategia para debilitar al gobierno y mantener una espada de Damocles, sobre su cabeza, aunque es ilógico pensar que después de casi dos años, no tienen ni indicios de lo que dicen que sucedió.
Ante la imposibilidad de demostrar el supuesto fraude y tras descabezar en su intento al Tribunal Supremo electoral (TSE), el MP puso su atención en el propio presidente Arévalo. En tres ocasiones o casos ha solicitado que se le retire el derecho de antejuicio, aunque tampoco este esfuerzo ha progresado, aun cuando la CSJ no es precisamente un aliado del Ejecutivo, pero los magistrados no han encontrado causa a la que asirse para, al menos, justificar el retiro de inmunidad al mandatario y enviarlo al Congreso, algo que sumiría al país en un auténtico caos sociopolítico.
El MP ha girado órdenes de captura contra un exministro de Semilla, exdiputados y dirigentes del partido y lo más reciente, contra líderes indígenas que encabezaron un movimiento de defensa a la democracia en 2023.
En efecto, en aquel entonces, Luis Pacheco y Manuel Chaclán eran presidente y tesorero de los 48 Cantones de Totonicapán, una de las organizaciones indígenas que participaron en el Paro Nacional para exigir que se respetaran los resultados de las elecciones. Esos grupos se enfocaron en el MP y sus instalaciones en el Barrio de Gerona, zona 1, se mantuvieron sitiadas durante semanas, precisamente en protesta por las acciones antidemocráticas y golpistas encabezadas por Porras.
Hoy Pacheco y Chacón guardan prisión en el centro de detención Mariscal Zavala, y son acusados de terrorismo y asociación ilícita por la fiscalía, pero esta acción ha provocado que nuevamente los líderes ancestrales indígenas se unan y adviertan que no permitirán la criminalización de sus dirigentes. Además, volvieron a levantar su voz, al mismo tiempo que lo hacía el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), para exigir la renuncia de la fiscal general.
La reacción de Porras ante este clamor popular es la misma que mantiene cuando Arévalo le pide la renuncia: nosotros cumplimos con nuestro deber y haremos que se cumpla con las leyes y se respete la Constitución. Para ella no cuentan la opinión del presidente ni la de las organizaciones indígenas y populares.
Presidente entre lo malo y algo bueno
Aunque no hay encuestas recientes, se percibe que la popularidad del presidente Arévalo ha caído, aunque se le sigue viendo como alguien que está contra el sistema abiertamente corrupto establecido por los tres gobiernos anteriores, pero sin mostrar fuerza para combatirlo.
El Gobierno lleva a cabo varios programas sociales y se han logrado avances en Educación –remozamiento de escuelas y alimentación de escolares–, pero no ha logrado hasta la fecha dar un gran golpe en la mesa que apunte a un cambio radical sobre lo que hacían los malos gobiernos anteriores.
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Una fuente diplomática que tiene acercamientos constantes con el presidente asegura que es una persona bien intencionada, pero teme infringir la ley y no piensa tomar ninguna decisión fuerte, por miedo a que le vean como gobernante autoritario. Esa visión explica la falta de acciones más decididas contra la fiscal general, a la que ni siquiera señala caso por caso sobre las denuncias que ha presentado.
En cambio, se ha visto que en Educación se tomó una decisión firme y positiva contra el controversial Joviel Acevedo, amo y señor de ese ministerio en gobiernos anteriores, con constantes pactos colectivos en los que se buscaban mejoras para los maestros, pero nunca se planteaba mejorar el caótico sistema educativo del país.
Esta vez la ministra del ramo, Anabella Giracca, se plantó en las negociaciones y el propio Arévalo anunció un incremento salarial del 5% para el magisterio, fuera del pacto colectivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG).
El mandatario anunció que siete de los artículos del Pacto Colectivo han sido impugnados ante la CC por inconstitucionales. Se trata de artículos que le conceden al STEG tener una especie de co-gobierno con el o la titular de la cartera. También se ha criticado el artículo que manda «confidencialidad «para un documento que debe ser de carácter público, como destaca la Ley de Acceso a la Información.
Acevedo ha respondido que vamos a la guerra, lo que significa que se convertirá en un aliado natural de Porras y que está por salir a la calles con sus seguidores.
El futuro
El laberinto por el que ha transitado durante los últimos 16 meses la administración de Arévalo presenta muchas encrucijadas, todas ellas provocadas por los adversarios políticos y estructuras de corrupción. El problema de fondo es que lo que hay detrás de todas las acciones del MP –a las que sumará Acevedo y el STEG–, apuntan a crear un ambiente de ingobernabilidad y desgaste del Gobierno y el partido Semilla.
El tiempo se agota para el presidente… ¡tic, tac… tic, tac! Vienen luchas por el control de instituciones del sector justicia y la población espera una postura firme y respuesta contundente, algo que hasta ahora no se ha visto.
Ante sí tiene a poderosas fuerzas oscurantistas que apuestan por su fracaso y el trabajo que impulsan es para mantener al Gobierno bajo presión y hacer que sus logros, si los hay, sean lo menos posible.
Los expertos apuntan a que solo hay dos caminos: el de la confrontación frontal –lo que no quiere decir fuera del margen de la ley– o el de la entrega y que el país vuelva al derrotero por el que transitaba antes del 15 de enero de 2025. Arévalo es el único que tiene la palabra para definir el camino.