El gobierno de Nicaragua despoja a casi un centenar de opositores de su nacionalidad

  • La medida se produce después de liberar y expulsar a 222 presos políticos y de que la Justicia despojara al obispo Rolando Álvarez de su nacionalidad, además de ser condenado a más de 26 años de prisión.

SAN JOSÉ — La justicia de Nicaragua le retiró este miércoles la nacionalidad al menos a 94 personas críticas con el presidente Daniel Ortega, acusadas del delito de “traición a la patria”, informó el magistrado Ernesto Rodríguez en medios oficiales.

Rodríguez dio lectura a una resolución en la que indicó que a estas personas se les impusieron “penas accesorias” que incluyen la inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos “de forma perpetua”.

En la lista hay opositores, periodistas, exembajadores o exdiputados; entre ellos resaltan la poeta Gioconda Belli y el ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez.

También se encuentran periodistas como Wilfredo Miranda, corresponsal de El País; Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial e hijo de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro; y Lucía Pineda Ubau, excarcelada política.

“Esto es algo que me lo esperaba desde el 2018 que nos robaron el Canal de TV, 100%Noticias”, dijo Ubau a la VOA. “Pero Dios me devolverá todo, yo lo pongo en manos de Dios, mi casa a mí me costó y cuando Dios elija el momento en que me regresarán todo será mejor”.

El exdiplomático de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields, quien también se encuentra en la lista, reaccionó en Twitter tras la decisión de la Justicia y dijo que ser declarado traidor de la patria “significa que estamos haciendo una lucha porque a Nicaragua vuelva la democracia”.

En el listado también el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís; así como los sacerdotes Silvio José Báez, Uriel Vallejos y Edwin Román.

La medida es anunciada una semana después de que el gobierno nicaragüense excarcelara a 222 presos políticos que también fueron despojados de su nacionalidad, en una medida criticada por organismos de derechos humanos.