Gonzalo Marroquín Godoy
En el Congreso de la República hacen fiesta con el dinero del pueblo. Un conserje puede ganar entre Q15 mil y Q30 mil, y una secretaria ejecutiva, entre Q17 mil y Q33 mil. Nada mal, ¿verdad? Pero aún hay más. Un mensajero puede recibir Q18 mil, un guardia parlamentario, Q20 mil, y no digamos los asistentes, que se recetan sueldos arriba de Q26 mil, sin llegar muchas veces a su trabajo.
Esta noticia no es nueva, pero al haber cumplido con la obligación de transparencia y subir la información a la página del Congreso –un aplauso por ello para el nuevo presidente, Mario Taracena– se puede retomar el problema de la corrupción que existe en muchas instituciones del Estado, convertidas, como en este caso, en un verdadero botín político.
Esos sueldo son superiores en un 300 % –y en algunos casos se llega hasta el 600 % o más– a los que se pagan en el sector privado, pero lo más grave es que cada año tienen un incremento salarial del 10 %, derivado del pacto colectivo que firmara hace ya varios años Jorge Méndez Herbruger, cuando fue presidente del Legislativo. Eso significa que un conserje que gana Q15 mil, en siete años verá duplicado su salario. Es decir que tendremos conserjes con sueldos de ejecutivos de empresas.
Ahora bien, hay que ser claros en señalar que muchas de esas plazas son, además, medio fantasmas. Quiere decir que parte del salario que se devenga va a parar al bolsillo del diputado que tiene asignado a determinado personal. Hay cuotas de empleos para los parlamentarios.
Hace varios años se conocieron por primera vez algunos de los sueldos exagerados que ya se venían pagando en el Congreso, pero no trascendió más allá, seguramente porque la indignación ciudadana aún no llegaba al tope, cosa que sí sucedió el año pasado con los escándalos de corrupción que destaparon la CICIG y el MP. Tal vez ahora empiece una ola de indignación.
Como he señalado, todo lo que está saliendo a luz no es nuevo, pero al menos ahora se expone con alguna transparencia, y ojalá con mucha vergüenza. Nadie ha dicho si hay algún plan para corregir este auténtico saqueo –por la vía laboral–, pero no hay que olvidar que un expresidente de ese organismo, Pedro Muadi, está en la cárcel por el pago de plazas fantasmas.
Mario Taracena, en su primera conferencia de prensa, ofreció transparencia en su gestión, y vaya si lo está cumpliendo, al ordenar que se suba esta información a la página web oficial del Congreso –http://www.congreso.gob.gt–. Ya ha empezado también la oposición a la medida, al extremo de que pronto se bloqueó la página, anunciando que está en proceso de actualización, lo que podría suponer que se limitará de alguna manera. El pulso está planteado.
El Organismo Legislativo es, supuestamente, la institución más representativa del pueblo en un sistema democrático. Eso hace también que los diputados tengan un compromiso –que no honran– con la población. Ahora que en el país se habla de forzar a la transparencia en el Estado, esto que estamos viendo en el Congreso con el despilfarro de salarios llora sangre, porque no debemos olvidar que el dinero que hay no alcanza para atender bien a hospitales y escuelas ni dar la efectiva seguridad ciudadana que todos deseamos.
Las juntas directivas que se han sucedido año con año en el Congreso han visto cómo este monto salarial se agiganta, pero nada han hecho para controlar la situación, precisamente porque los primeros que se recetan varias plazas de estos niveles son los propios directivos.
No falta mucho para que aparezca un #CongresoLimpio, o algo parecido. El año pasado se depuraron –por decirlo de alguna manera– la Presidencia y Vicepresidencia de la República, en buena medida por el trabajo de la CICIG y el MP, pero también por la fuerza que tuvo el movimiento ciudadano #RenunciaYa. Ese es un ejemplo de lo que se podría esperar con este nuevo caso de escándalo político que deriva en corrupción y abuso, finalmente.
No hay que olvidar que el año pasado se vio en el Congreso una de las peores legislaturas –si no la peor– de los últimos 30 años, con la presidencia de Luis Rabbé. El Congreso le cuesta al país Q970 millones al año, una cifra que podría verse como adecuada, siempre y cuando los resultados fueran los que se esperan de este organismo.
Pero aún hay más, porque se sabe que hay toda una maraña de corrupción que se mueve cuando se aprueban leyes que son importantes para el Ejecutivo o empresas privadas. Es decir que estamos ante una institución de lo más oscura en materia de transparencia. Ni siquiera se cumple con la Ley de Acceso a la Información que los mismos diputados aprobaron. Opacidad es una marca que lleva también el sello del Congreso.
El presidente Mario Taracena ha abierto una ventana de transparencia en el Congreso… Ojalá que logre mantenerla abierta, porque encontrará resistencia.
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