- El Minigob se negó a cancelar a la Fundación Contra el Terrorismo a solicitud de una de sus víctimas, el periodista José Rubén Zamora, y ahora recibe un embate judicial.
Redacción Crónica
En política, el miedo a la confrontación suele ser el camino más corto hacia la derrota. El Ministerio de Gobernación (Mingob), bajo la dirección de Marco Antonio Villeda, se encuentra hoy en una encrucijada que evidencia las fisuras de la «primavera» oficialista: la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) ha pasado de ser la beneficiaria de una cuestionable omisión administrativa a ser la denunciante del propio ministro.
La ironía es absoluta. Mientras el Mingob blindó a la Fundación frente a las denuncias de José Rubén Zamora, la FCT ha respondido con lo que mejor sabe hacer: la judicialización como garrote político. y el blanco es nada menos que el propio ministro de Gobernación, aunque este goza del derecho de antejuicio, por lo que no es fácil abrir una causa en su contra.
La acción de la FCT está dirigida contra el ministro Villeda, pero también contra varios miembros de la Comisión de Postulación, en un esfuerzo más por intimidar a los comisionados e influir para que se incluya a Consuelo Porras en la lista definitiva que debe entregarse a Arévalo esta semana.
El origen: El pulso de Zamora
La trama inició cuando el periodista José Rubén Zamora, recién salido de prisión a arresto domiciliario, lanzó un desafío legal directo al corazón de la estructura de la FCT. Zamora presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Gobernación solicitando la cancelación de la personería jurídica de la Fundación, argumentando que esta ha incumplido sistemáticamente sus propios estatutos y fines fundacionales, desviándose hacia el acoso judicial y la persecución de operadores de justicia.
Sin embargo, la respuesta del Ministerio no fue la fiscalización, sino el silencio administrativo. La solicitud de Zamora se topó con un muro de contención dentro del Mingob.
La «Orden Superior»: Blindaje desde la cima
Si bien el rechazo formal o la falta de trámite recayó técnicamente en una funcionaria de rango medio en el Registro de Personas Jurídicas (REPEJU), las fuentes internas confirman lo que el sentido común político dicta: una decisión de tal magnitud —tocar a la FCT— no se toma sin el aval del ministro Marco Antonio Villeda e, incluso, sin la aprobación del propio presidente Bernardo Arévalo.
El cálculo de la administración Arévalo parecía claro: evitar abrir un frente de guerra directo con la Fundación en un momento de fragilidad institucional. No obstante, este intento de «paz tibia» ha fracasado. Al no actuar contra las irregularidades de la FCT, el Mingob no solo desprotegió el derecho de petición de Zamora, sino que validó la operatividad de una organización que ahora utiliza esa misma vigencia legal para atacar al ministro.
La Denuncia: Del blindaje al ataque
La Fundación Contra el Terrorismo ha pasado a la ofensiva denunciando a Villeda por no inscribirse a tiempo ante el Colegio de Abogados y Notarios como se hizo ver en el seno de la Comisión de Postulación para Fiscal General, en donde el ministro obtuvo una calificación muy baja que le impide estar en la lista de elegibles que se entregará al presidente Arévalo.
Los analistas consultados por Crónica coinciden en que este es un error estratégico del Gobierno:
- Inacción contraproducente: Al no tramitar la denuncia de Zamora por el incumplimiento de estatutos, el Mingob dejó viva la herramienta que hoy lo golpea.
- Debilidad institucional: La percepción de que el Ejecutivo teme aplicar la ley a grupos de choque judicial solo incentiva a estos grupos a subir el tono de sus ataques.
El caso pone a Villeda en una situación custionable ante la opinión pública que esperaba un cambio de timón en Gobernación. ¿Cómo explicar que se protegió la existencia de una fundación que es considerada por la comunidad internacional como un actor antidemocrático, solo para que esta terminara denunciando a sus propios protectores?
Dato Clave: La denuncia de Zamora contra la FCT señalaba que la fundación realizaba actividades políticas y de persecución que contempladas como finalidades en sus estatutos, además de otras acciones anómalas dentro de procesos legales.
Tanto su representante, Ricardo Méndez Ruíz, como su abogado litigante, Raúl Falla, se encuentran en la lista Engel de Estados Unidos, sancionados como personajes políticos «corrutos y antidemocráticos».