EEUU sube a 25 los últimos sancionados por «descarados intentos» de socavar la democracia

Acciones contra personajes que impulsan las acciones para impedir que Bernardo Arévalo pueda asumir la presidencia de Guatemala el 14 de enero.

WASHINGTON/GUATEMALA — Ante la arremetida del MP y el Congreso, controlado por el oficialismo y sus aliados que llevan adelante el «Paquetazo de Noviemebre» de medidas antidemocráticas, Washington ha confirmado que se ha elevado a 25 el números de funcionarios que han sido sancionados por Estados Unidos, por las últimas acciones para impedir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia.

El Departamento de Estado de EEUU anunció que de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, «estamos tomando medidas para imponer restricciones de visa a once personas por socavar la democracia y el estado de derecho» lo que eleva a 25 sancionados en las últimas semanas, entre ellas, la presidenta del Congreso Shirley Rivera.

“Estamos muy preocupados por las acciones de las últimas horas. No se pude frenar la transición en Guatemala. Bernardo Arévalo va a tomar posesión como el presidente del país y los ataques a su partido, los ataques a la prensa, los esfuerzos para impedir una transición democrática son inaceptables”, expresó Brian Nichols, subsecretario de Estado, a quien no quiso recibir el presidente Alejandro Giammattei en su reciente visita a Guatemala.

El jueves, un fiscal guatemalteco anunció que pedirá el retiro de inmunidad del presidente electo Arévalo, su vicepresidenta y legisladores del Movimiento Semilla, a quienes señala de haber hecho publicaciones en las redes sociales animando a los estudiantes a tomar la Universidad de San Carlos de Guatemala hace más de un año.

Arévalo denunció desde hace meses que hay un «golpe de estado en marcha» en su contra y señaló a las autoridades del MP como responsables de lo que está sucediendo. Por esda razón detuvo las reuniones de transición con las autoridades del presidente Alejandro Giammattei, las que luego continuaron por mediación de la OEA.

Las organizaciones indígenas del país, así como grupos de estudiantes universitarios y sociales, llevaron a cabo un Paro Nacional que duró tres semanas, exigiendo que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.

Arévalo ganó las elecciones con un amplio margen (61%-39%) contra Sandra torres, representante en la segunda vuelta electoral de la aliaza oficialista que ha dominado el escenario político del país durante los últimos tres años.

Así lo indicó en una conferencia de prensa el fiscal a cargo de la causa Ángel Saúl Sánchez, mientras se realizaban allanamientos en varias viviendas y se buscaba detener a más de 30 estudiantes universitarios miembros del partido Semilla, a un periodista y a un exprocurador de Derechos Humanos.

Aunque no detalló quiénes serían los sancionados, Nichols apuntó que el Departamento de Estado ya tiene identificadas posibles personas que estarían impidiendo la transición presidencial. El único nombre que ha trascendido es el de la presidenta del Congreso, a quien una línea aprea internacional le impidió abordar un vuelo hacia Estados Unidos «por haber sido revocada su visa».

Algunas de las sanciones que podría imponer EEUU, dijo Nichols, son sanciones económicas y sectoriales.

Nichols, además, hizo referencia a la resolución aprobada el miércoles en la Organización de los Estados Americanos, en la que se expresa una “grave preocupación» por la situación política en Guatemala y denuncia los intentos de la fiscalía de “desacreditar e impedir” la transición democrática.

“Refleja la preocupación de toda la región con la situación en Guatemala”, agregó Nichols.

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El fuerte comunicado del Departamento de Estado destaca que «Estados Unidos rechaza inequívocamente los continuos y descarados intentos de socavar la transición pacífica del poder en Guatemala al presidente electo Bernardo Arévalo. Esto incluye los planes de funcionarios del Ministerio Público de presentar cargos contra el presidente electo Arévalo y el vicepresidente electo Herrera, así como contra miembros del partido Semilla y otros miembros de la oposición. También condenamos las redadas y detenciones por motivos políticos contra miembros del partido Semilla».

Agrega que «estos repetidos y atroces actos antidemocráticos socavan las instituciones democráticas de Guatemala y amenazan la estabilidad de Guatemala y de la región en su conjunto. Nos sumamos a la Organización de Estados Americanos para pedir una transferencia de poder que respete la voluntad popular, sea consistente con la Carta Democrática Interamericana y se adhiera al estado de derecho en Guatemala. El pueblo guatemalteco ha hablado. Sus voces deben ser respetadas».

Con anterioridad a estas 25 personas sancionadas, Wasshington había incluido en la Lista Engel a 49 guatemaltecos, considerados «corruptos y antidemocráticos», entre ellos la fiscal general Consuelo Porras, los fiscales Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche, así como el juez Fredy Orellana, a quienes el movimiento social que defiende la democracia en nuestro país exige fuera de sus cargos.

[Con información de Jorge Agobian y Salomé Ramírez Vargas de la VOA desde Washington.)


The Associated Press]