- Edgar Gutiérrez es uno de los analistas políticos sobre la situación nacional más reconocidos a nivel nacional e internacional. Defensor de Derechos Humanos, excanciller de la República y columnista de elPeriódico, es uno de los guatemaltecos que estuvo perseguido ilegalmente por el Ministerio Público (MP) por hacer uso de su derecho de expresión, respaldado por la Constitución. Con él ha conversado Crónica sobre la situación de la Guatemala de hoy.
Gonzalo Marroquín Godoy
El proceso electoral, que debió traer paz y esperanza para los guatemaltecos, se tornó en el más controversial, conflictivo y frustrante que se recuerde desde el retorno de la democracia en el año 1986, porque por primera vez brotó desde lo interno del Estado, la intención de un golpe de estado peculiar, no con las armas de los militares, sino con la justicia retorcida y manipulada por el poder político.
El oficialismo, que durante tres años construyó una poderosa alianza que parte de la presidencia de la República e incluye partidos políticos, mafias y estructuras de crimen organizado, diputados, militares, jueces, magistrados y empresarios, logró la cooptación total de las instituciones del Estado, pero principalmente convirtió a las Cortes –Suprema (CSJ) y de constitucionalidad (CC)–, el Ministerio Público (MP) y la PDH, en una especie de circos de marionetas como han sido llamadas en ciertos análisis de coyuntura.
Nunca en casi cuatro décadas se había visto a los tres poderes del Estado alineados bajo una sola conducción. La llamada alianza oficialista llegó a controlar el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Organismo Judicial de manera absoluta, todo para garantizar el control del poder político y la impunidad en el país.
Esa alianza oscurantista trabajó para retener el poder con una fachada electoral. La mayoría de los partidos políticos servían a sus intereses, aunque tres eran sus cartas ganadoras para asegurar el resultado electoral: Manuel Conde era el candidato de Vamos, Zury Ríos corría por Valor y Sandra Torres lo hacía por la UNE. Tres de los partidos que controlaron durante cuatro años el Congreso de la República para mantener unidas las fuerzas de la alianza.
Luego vino la primera sorpresa con el segundo lugar en las elecciones generales de Bernardo Arévalo y Semilla. La alianza oficialista anticipó el peligro y lanzó al MP en la persecución del candidato y su partido político. Los hechos mostraron que esta actitud no hizo más que fortalecer al único candidato que mantuvo un discurso anticorrupción todo el tiempo y en segunda vuelta ratificó el repudio de la mayoría hacia la clase gobernante y los políticos tradicionales.
Entonces no les quedó más que iniciar el golpe de estado en cámara lenta, que pronto fue denunciado nacional e internacionalmente, para dar paso a la batalla entre la corrupción y la democracia que, al menos hasta finales de 2023 parece inclinada a favor de las fuerzas democráticas, aunque con gran daño y desgaste por las acciones del MP y el oficialismo.
Sobre estos temas gira la entrevista con Edgar Gutiérrez, excanciller guatemalteco que ahora está en el exilio por ser uno de ocho periodistas de elPeriódico, perseguidos por Porras y sus fiscales por hacer uso de su derecho constitucional para expresar su pensamiento.
A continuación, lo más destacado de la entrevista con el también analista político y columnista en el diario que tuvo que cerrar a causa del acoso y persecución, también ilegal, de su fundador, el periodista José Rubén Zamora.
¿Qué país es el que encontrará Bernardo Arévalo cuando tome posesión el 14 de enero?: Un Estado capturado por las mafias; la corrupción en metástasis; el Estado de derecho convertido en herramienta de una despiadada y sistemática persecución política de operadores de justicia, periodistas y disidentes en general; las instituciones que prestan servicios esenciales en ruina. La sociedad polarizada como nunca desde la época del conflicto armado interno; conflictividad social a flor de piel en torno a la explotación de recursos naturales estratégicos. Desconfianza profunda de la población hacia las instituciones públicas, aunque con una conciencia firme sobre que la corrupción es el mal mayor y la identificación de los responsables con nombre y apellido.
Pero, en suma, es una herencia maldita.
Por otro lado, rezagos que más temprano que tarde nos pasarán factura porque estamos perdiendo el tren de la relocalización industrial en el marco del nuevo orden internacional que ha entrado en una transición estructural que prevalecerá durante las próximas tres a cinco décadas.
En estos últimos años se rompió completamente el principio republicano de independencia entre los poderes del Estado. ¿Se puede recuperar ese principio fundamental en una democracia?: Se puede y se debe recuperar ese principio fundamental de frenos y contrapesos del Estado. Sin ese orden la democracia es insegura e inestable y prevalece el manto de la impunidad, los abusos y las arbitrariedades, anti-valores republicanos. Para lograrlo es indispensable que la voluntad política del nuevo gobierno esté acompañada de alianzas sólidas con las fuerzas sanas de la sociedad, incluyendo empresarios, académicos, profesionistas y otras elites sociales, así como servidores públicos, líderes y organizaciones políticas, además de contar con el respaldo sostenido de la comunidad internacional.
¿Ha sido determinante el papel de la comunidad internacional en medio de la crisis que hemos vivido?: Tan determinante y complementaria como el ejercicio del voto libre e informado el 25 de junio y el 20 de agosto, y las intensas movilizaciones sociales, lideradas por los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales desde octubre, y la resistencia hasta la fecha.
A diferencia de lo ocurrido en Venezuela y Nicaragua en los últimos años, frente a la crisis postelectoral guatemalteca y las desesperadas acciones tramposas del Pacto de Corruptos para escamotear el voto ciudadano e imponer un golpe de Estado de nuevo cuño, esta vez la comunidad internacional, liderada por el gobierno de Joe Biden, actuó en tiempo real aplicando medidas drásticas y algunas sin precedentes, como la revocación de más de 300 visas, que incluyen a más de 100 diputados y unos 35 empresarios y sus familias.
¿Qué otros sectores actores han tenido relevancia?:En la contención de los intentos golpistas, sin duda, los pueblos indígenas. Su intervención es histórica en la defensa y rescate de la democracia. Los pueblos indígenas se han constituido durante esta crisis como un actor político pleno, indispensable, revestido de una legitimidad y autoridad moral que ningún otro actor en este momento posee.
Por cierto, ¿Cómo compara este momento oscuro de nuestra historia democrática como los vividos en otros momentos desde 1986?: En muchos sentidos esta crisis de gobernabilidad democrática es inédita, pero muestra ciertos rasgos que evocan el serranazo de mayo de 1993. En primer lugar, se ha pretendido un golpe de Estado desde el propio Estado, aprovechando el control de los circuitos del poder político. En segundo lugar, no es un cuartelazo típico, porque es conducido por autoridades civiles, esta vez jugando decididamente un rol protagónico las elites judiciales. En tercer lugar, ha operado inmediato el movimiento de piezas que anticipa de manera incontestable el aislamiento internacional, el cual resulta insoportable para un régimen tan dependiente de las democracias liberales de Occidente.
Bernardo Arévalo deberá enfrentar un Congreso con mayoría opositora. ¿Qué tanto le limitará en sus intenciones de promover cambios en el país y devolver la institucionalidad?: El Congreso en Guatemala tiene mucho poder, suficiente para convertir a un Presidente de la República en su rehén. Pero la próxima Legislatura aún puede ser una moneda en el aire, a pesar de lo que los números indican. Veamos. Por un lado, más de 90 diputados (de los 160) son inexpertos. Por otro lado, los principales bloques llegan fragmentados. Vamos, el partido que, previsiblemente, va a tutelar Miguel Martínez por medio de sus caletas, ya exhibe cuatro corrientes; la UNE está dividida en tres pedazos, y Cabal, el partido que fundó Edmond Mulet, está dividido en dos, y así sucesivamente.
El desafío del Movimiento Semilla es operar en esas ventanas de oportunidad para edificar alianzas meramente coyunturales. Pero eso demanda, desde luego, un talento político que, si no lo tienen, tendrían que desarrollar velozmente, pues, de lo contrario el Pacto pegará esos pedazos con el cemento de la corrupción –las caletas acumuladas en cuatro años de desenfrenado saqueo del erario– y empantanará desde el primer año la gestión de Bernardo Arévalo.
¿Se puede gobernar un país con un MP adverso y sin un eficiente y funcional estado de derecho?: Se puede gobernar, pues el MP bajo Consuelo Porras tiene que bailar el tango de la persecución política con los tribunales y las Cortes. El OJ y la CC están perdiendo el alineamiento que les conocimos en los últimos tres años. El MP sí es clave para sostener la impunidad, pues siendo jerárquico sin la voluntad de la fiscal general no habrá investigación de la corrupción real.
De todos modos, Bernardo Arévalo tiene los argumentos de fondo para destituir a Consuelo Porras: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, usurpación de funciones, violación de la Constitución y conspiración contra el sistema democrático, entre otros. Desde luego que una exigencia contundente del nuevo presidente entraría de inmediato en el laberinto judicial. Pero comenzarían a cambiar los roles. Hasta ahora la señora Porras ha sido una auténtica Torquemada, sin que nadie desde una posición de autoridad en el Estado le exija cuentas.
¿Cuáles cree que deben ser los “puntos de apoyo” del gobierno de Arévalo a partir del 14 de enero?: Pueblos indígenas, empresarios moderados y reformistas, sociedad civil, comunidad internacional y el Congreso, donde, como dije, el Movimiento Semilla debe de construir una mayoría simple y no esperar a que se la levanten en su contra.
¿Cuáles son los principales desafíos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno?: Refuncionalizar los servicios esenciales mediante procesos transparentes. Constituirse en freno y contrapeso al Pacto de Corruptos que ha secuestrado al resto de las instituciones estatales. Edificar un acuerdo nacional de consensos mínimos para la buena gobernanza para comenzar, además, a recuperar las oportunidades perdidas y que se nos facilite insertarnos con cierta ventaja en la nueva etapa de globalización que ya arrancó.
Los adversarios de Arévalo tratan de asustar con el fantasma de una izquierda radical –tipo Ortega o Maduro–. ¿Existe en realidad ese peligro?: Absolutamente, no. Arévalo es un demócrata, un reformista moderado.
¿Qué acciones se deben tomar para combatir la corrupción?: La estrategia debe de ser de transparencia y rendición de cuentas, pues las instituciones responsables de combatir la corrupción están secuestradas por los corruptos.
¿Qué estilo de gobierno cree que impulsará Arévalo, de acuerdo con sus promesas de campaña, actitudes y demás?: Arévalo, por su formación y experiencia profesional, es dialogante, un transformador de conflictos y recuperador de Estados frágiles. Creo que estas calidades marcarán el arranque de su gestión.