Diputados piden al presidente Alejandro Giammattei declarar lesiva la compra de galletas por Q14.2 millones

Los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitaron al presidente Alejandro Giammattei declarar lesiva la compra de galletas escolares por un monto de Q14, 6 millones por parte del Ministerio de Desarrollo Social, la cual no fue requerida por los ministerio de Educación y Salud Pública, así como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

“Guatemala afronta una crisis sanitaria que ha conllevado a que todas las autoridades o instituciones del país, desde el ámbito de sus competencias, tomen medidas y acciones orientadas a preservar la salud, los derechos, valores y principios que descansan en la Constitución Política”, señalan los congresistas a través de una misiva.

En los últimos días, ha sido de conocimiento público que la unidad ejecutora denominada Fondo de Desarrollo Social (FODES) procedió adjudicar la compra de galletas nutricionales mejoradas para atender a la población infantil afectada por el Covid-19 por un monto de Q14 millones 666 mil 665.20.

De acuerdo con el portal Guatecompras, cada galleta tiene un valor de un quetzal con 32 centavos; a pesar de que otra empresa ofertó galletas que costaban 82 centavos, por un total de 9.1 millones de quetzales.

La adquisición ha generado serias dudas y cuestionamientos en el procedimiento de adjudicación, de los cuales se puede mencionar que el evento duro media hora para la presentación de oferta, y que no hay estudios que justifiquen la compra”, afirma la bancada verde.

Añaden que esa operación no guarda congruencia con los principios de proporcionalidad, racionalidad y calidad del gasto público. “Se consultó en citación legislativa a la Ministra de Educación si se había hecho algún tipo de solicitud para la adquisición de estas galletas escolares, a lo cual respondió que en ningún momento se realizó tal requerimiento”, afirman los diputados.

De acuerdo con el legislador Carlos Barreda, jefe de la bancada UNE, “esto es un negocio en el cual se pretende malversar más de 14.6 millones de quetzales de los impuestos de los guatemaltecos».