- Jimmy Morales y Alejandro Giammattei gobernaron el país durante 4 años cada uno. La suma de sus dos mandatos dejó un marco de corrupción e impunidad.
¿Cómo juzga la historia a Jimmy Morales y Alejandro Giammattei? Entre los muchos males, socavar el sistema de justicia es una de las peores cosas que pueden suceder, pues fomenta la corrupción y los abusos de poder, de la mano de la ineficiencia. Cuando apenas empezaba a brillar la lucha anticorrupción en Guatemala… esto fue lo que sucedió.
Ya no se trataba de rumores. La prensa independiente mostraba la forma en que funcionarios del Partido Patriota (PP) se enriquecían, empezando por el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti, pero parecía imposible que alguna investigación pudiera levantarse en contra del poder político.
Todo cambió cuando el país se vio sacudido en abril de 2015 por una investigación profunda y seria realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo fiscalizador de la ONU, que Guatemala había solicitado en el gobierno de Oscar Berger para investigar las estructuras criminales incrustadas en el Estado.
Aquel caso se llamó La Línea, una estructura de defraudación fiscal que encabezaban nada menos que Pérez –El uno– y Baldetti –La dos–, quienes tuvieron finalmente que renunciar a sus cargos y terminaron su período en la cárcel, no sin que antes se abrieran otros casos igualmente escandalosos.
Guatemala, pero también el mundo, se sorprendieron con aquella ejemplar lucha anticorrupción. Los aplausos se escuchaban en La Plaza, pero también en los foros internacionales, mientras el país estaba a las puertas de una nueva elección presidencial y el electorado buscaba algo diferente a los políticos tradicionales.
Ni corrupto ni ladrón
Un partido más bien opaco e irrelevante de exmilitares, FCN-Nación, encontró en un conocido cómico de televisión, Jimmy Morales, a su candidato ideal. El popular personaje de Moralejas salió en campaña con un eslogan breve e impactante en aquel momento: ni corrupto ni ladrón. Eso lo diferenció del resto de contendientes y ganó la presidencia anunciando su apoyo a la CICIG en la lucha anticorrupción.
La corrupción en Guatemala parecía una caja de Pándora de la que cada jueves se podía presentar un nuevo escándalo. La cárcel de Mariscal Zavala lucía como el centro de reunión de exfuncionarios del PP y la popularidad de la CICIG estaba en aumento constante. Sin embargo, dentro del caso Botín Registro de la Propiedad se encontró que Sammy y Samuel Morales, hermano e hijo del presidente, estaban involucrados y fueron denunciados por el Ministerio Público.
Eso marcó el fin del romance de Morales con la CICIG y principió, no solo el fin de la Comisión, sino que, paralelamente, un plan estructurado para cooptar el sector justicia y promover un amplio marco de impunidad para todos los que estaban o podrían estar implicados en casos de corrupción.
Morales declaró en 2017 non grato al comisionado Iván Velásquez, un fiscal colombiano que trabajaba junto a la fiscal general Thelma Aldana, aunque tuvo que esperar casi dos años para provocar su salida definitiva del país, al no renovar el mandato de la CICIG.
El pulso fue largo. La expulsión de la CICIG en 2019 no solo fue un golpe a los esfuerzos de transparencia, sino también un mensaje claro de que el gobierno estaba dispuesto a proteger los intereses de las élites políticas señaladas por corrupción.
Corrupción y trabajo por la impunidad
Durante su mandato, Morales enfrentó varios escándalos de corrupción que evidenciaron el deterioro de la transparencia en su administración, pero al mismo tiempo principió a crear la estructura que debiera tomar el control del sistema de justicia en pleno.
El primer caso, que tuvo pocas repercusiones, se dio cuando se descubrió que el presidente, siendo uno de los mandatarios mejor pagados de Latinoamérica, recibía un doblete o sobresueldo del ejército, justificado ilegalmente por ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas, un cargo constitucional que tienen todos los presidentes guatemaltecos.
El ministerio de Comunicaciones, a cargo del amigo del presidente José Luis Benito, fue blanco de constantes denuncias de corrupción, pero la bomba estalló cuando se encontraron en una residencia a su nombre en Antigua Guatemala, varias maletas con Q122 millones en efectivo, producto de los sobornos que se cobraban a las empresas constructoras.
El artífice de este descubrimiento, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval terminó cesado por cumplir con su deber. Hasta la fecha, Benito ha logrado evadir la justicia gracias a la protección de las estructuras judiciales cooptadas por el poder político.
Punto vital en la construcción del muro de impunidad fue el nombramiento de Consuelo Porras por parte de Morales en 2018. Su llegada al MP marcó un retroceso evidente, pues Porras se dedicó a desarticular las unidades clave que investigaban casos de corrupción, persiguiendo a fiscales independientes y desactivando investigaciones impulsadas por la CICIG.
Este punto de inflexión es el que marca el inicio de la cooptación que más tarde consolidó Alejandro Giammattei.
Aunque no medió necesariamente una orden presidencial, se entorpeció la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), clave en este esquema de control de la justicia, y los magistrados de aquel entonces permanecieron durante la mayor parte de gobierno siguiente.
Expulsó a la CICIG, tomó el MP y dejó una CSJ ad hoc para imponer un reino de impunidad. El círculo empezaba a cerrarse.
Giammattei, más corrupción e impunidad
Si Jimmy Morales debilitó la justicia y mantuvo un alto nivel de corrupción, lo que llegó en 2020 nadie lo podía imaginar siquiera.
La administración de Alejandro Giammattei heredó un aparato de corrupción fortalecido por Morales y se encargó de consolidar esa estructura, llevando la impunidad a niveles sin precedentes. A diferencia de Morales, que inició con una fachada de transparencia, Giammattei mostró desde el principio una tendencia autoritaria y represiva frente a cualquier intento de fiscalización.
Lo recibió la pandemia del covid-19, pero no fue más que la primera plataforma para asaltar las finanzas del Estado con el escándalo de las vacunas rusas Sputnik V que, además de llenar algunas cuentas bancarias, terminaron vencidas la mayoría de ellas, dejando pérdidas por más de Q400 millones.
La pareja del presidente, Miguel Martínez fue sancionado por la Ley Global Magnitsky por haber recibido sobornos en la compra de las vacunas rusas. El contrato por Q614.5 millones se firmó sin los controles necesarios, y gran parte de las vacunas no fueron entregadas según lo estipulado, sin que existieran consecuencias legales claras.
Luego se desencadenaron todas las acciones para copar completamente las instituciones del sector justicia y más allá de estas, como se puede ver con los logros obtenidos.
El acto más significativo de Giammattei en su estrategia de cooptación fue reelegir a Consuelo Porras como fiscal general en 2022, desafiando las recomendaciones de Estados Unidos y la presión internacional que exigía su remoción debido a su obstrucción sistemática de la justicia.
Con Porras al frente del MP, se incrementaron las persecuciones contra jueces independientes, fiscales anticorrupción y periodistas. Casos emblemáticos, como los de José Rubén Zamora y Virginia Laparra, se convirtieron en símbolos del deterioro de la libertad de prensa y del sistema judicial en el país.
Propició los acuerdos necesarios para tener una Corte de Constitucionalidad (CC) a la medida y tuvo a la CSJ en la misma línea. Aunque su gobierno ha sido señalado como uno de los más corruptos de la historia, ningún caso paradigmático ha sido tan siquiera investigado, más allá de las falsas promesas de la fiscalía.
El mandato de Giammattei estuvo plagado de escándalos que involucraron directamente al presidente y a su círculo cercano:
El escándalo de la alfombra mágica en 2021 fue destapado por el diario elPeriódico -desaparecido tras el acoso judicial y cerco comercial promovidos por el propio Gobierno–. Se publicó que empresarios rusos habrían entregado dinero en efectivo al presidente Giammattei en su residencia, supuestamente oculto en una alfombra, a cambio de concesiones para operar en Izabal. Aunque el presidente negó las acusaciones, las investigaciones fueron bloqueadas en el MP. El prestigioso diario New York Times publicó los detalles de todo lo sucedido en este caso.
Durante su mandato, Giammattei también enfrentó acusaciones por sobrevaloración de obras públicas y adjudicaciones irregulares, favoreciendo a empresas vinculadas a su círculo de confianza. El gobierno de Giammattei enfrentó sanciones internacionales, particularmente de Estados Unidos. El Departamento de Estado le retiró la visa al abandonar el cargo en 2024.
Las sanciones incluyeron la restricción de visas y congelación de bienes para varios funcionarios guatemaltecos cercanos a Giammattei, evidenciando el descontento internacional por la erosión del Estado de derecho en el país.
La alianza de Morales y Giammattei con Consuelo Porras permitió la consolidación de un sistema que actualmente mantiene a las instituciones de justicia bajo el control del poder político.
Este marco de impunidad se ha manifestó en varios niveles:
Persecución judicial: Jueces y fiscales independientes han sido criminalizados, exiliados o arrestados.
Cooptación del Congreso: La alianza de Giammattei con el Congreso permitió aprobar leyes que favorecieron la impunidad y reforzaron el control sobre las cortes.
Silenciamiento de la prensa: La persecución contra periodistas críticos, como José Rubén Zamora, marcó un ataque frontal contra la libertad de expresión.
Consecuencias a largo plazo
Los gobiernos de Morales y Giammattei no solo desmantelaron los avances en la lucha contra la corrupción, sino que instauraron un modelo que sigue afectando al país:
1. Deterioro institucional: La cooptación de las cortes y el Ministerio Público debilitó la independencia judicial.
2. Aumento de la corrupción estructural: Las redes de corrupción están más fortalecidas, con alianzas entre políticos, empresarios y sectores militares.
3. Crisis democrática: La represión contra opositores y críticos ha debilitado los derechos fundamentales y desde 2023 el esquema de justicia impuesto ha promovido lo que muchos califican como intento de golpe de estado.
El legado de ambos
Los gobiernos de Morales (malo) y Giammattei (peor) representan un ciclo de regresión para Guatemala en su lucha contra la corrupción. Morales inició el desmantelamiento institucional al expulsar a la CICIG y colocar a Consuelo Porras en el Ministerio Público. Giammattei, por su parte, consolidó ese sistema al blindar las estructuras de impunidad, permitiendo que los escándalos de corrupción se manejaran sin consecuencias reales. Incluso lo llevó a tomar por acciones políticas, el control de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Universidad de San Carlos (USAC), dos piezas claves en el andamiaje para hacer que el sistema no cambien.
Hoy, Guatemala enfrenta el desafío de desmontar estas redes de corrupción profundamente arraigadas, que siguen bloqueando el acceso a la justicia, limitando la transparencia y perpetuando un modelo político que favorece a las élites en detrimento de la democracia y el Estado de derecho.
El gobierno de Bernardo Arévalo, aunque electo con la promesa de luchar contra la corrupción y restaurar la institucionalidad, enfrenta la ardua tarea de romper con un sistema construido por sus predecesores, cuyos efectos aún mantienen al país atado en múltiples aspectos políticos, judiciales y sociales. Hasta la fecha, los reclamos por el cumplimiento de la promesa de campaña se mantienen latentes.