Mar
io Fuentes Destarac
El síntoma que más caracteriza la severa crisis por la que está atravesando la economía guatemalteca es la clausura la quiebra de innumerables empresas, grandes, medianas y pequeñas, tanto nacionales como extranjeras, que, reversiblemente, se ha venido traduciendo en pérdida de fuentes de trabajo; y, por ende, en subempleo y desempleo.
Lo deseable sería que, en vez de que se cerraran empresas, éstas proliferaran con miras a asegurar el pleno empleo. Lamentablemente, esto no está ocurriendo. Por lo contrario, se percibe una fuerte reducción empresarial, que ha impactado negativamente en la contratación en general, así como en que la mano de obra calificada y no calificada que, anualmente, se incorpora al mercado laboral, no encuentre colocación y tenga que subemplearse, en el mejor de los casos, o emigrar en el más perturbador.
Sin duda, no podemos ocultar que factores externos, como la caída de los precios internacionales de algunos de nuestros productos de exportación y la recesión económica a nivel mundial, han incidido en la mala racha empresarial en nuestro país, atemperada por las remesas familiares.
Empero, el mayor daño proviene de la actitud contra el emprendimiento del gobierno, que, lejos de estimular la creación y el desarrollo de empresas, ha generado un clima negativo e incierto para los negocios.
Esta actitud anti empresarial se materializa, principalmente, a través de la constante emisión de normas represivas y desalentadoras para la inversión productiva y la iniciativa privada en general, especialmente disposiciones tributarias antieconómicas, así como de reglas que conceden privilegios a ciertos grupos e individuos. A esto habría que agregar las incontables regulaciones, actos y resoluciones administrativas que sistemáticamente obstaculizan y causan costos adicionales a la actividad empresarial, que, obviamente, menguan el potencial y la dinámica de los inversionistas. Si a esto agregamos la manipulación de la opinión pública para que se perciba que todos los empresarios son evasores de impuestos, la insufrible amenaza extremista por implantar un régimen de corte populista autoritario, la insistencia gubernativa en cargar con más impuestos a los medianos y pequeños empresarios, así como la iniciativa legislativa tendente a facilitar las expropiaciones y las confiscaciones de patrimonios, no debería sorprendernos que en Guatemala nadie quiera invertir un centavo, que la actividad empresarial y la inversión productiva estén declinando, que se haya retraído la demanda de crédito y el consumo, que los ahorrantes tengan temor, que el grueso de los jóvenes piensen en emigrar, porque no les gusta su país, que hayan menguado las oportunidades de empleo y que la economía informal, en vez de disminuir, siga rampante.
Sostengo que nuestra sociedad alcanzará la prosperidad solo sí se alienta la apertura de nuevas empresas, grandes, medianas y pequeñas, promovidas por empresarios dinámicos y aventureros. Por tanto, debemos ver más allá de la tradicional creación de nuevos empleos a través del aumento de la capacidad instalada de las actuales empresas, sobre todo de las grandes, porque ha demostrado ser miope e insuficiente.
Debemos pasar a la vanguardia emprendedora, a través de promover el emprendimiento, de alentar la economía de mercado, sustentada en la libre competencia, la libre empresa, la libre contratación y la libertad de comercio, que asegure un oxigenante capitalismo popular, así como de incentivar la innovación y la diversificación, y de suprimir los privilegios y monopolios.
Asimismo, debe instituirse una sólida formación gerencial, que habilite a las empresarios y administradores para enfrentar con éxito los retos de la globalización, la competitividad y los vertiginosos cambios tecnológicos.
Por supuesto, nuestros jóvenes deben estar conscientes de que su primer gran desafío debe ser salir de la pobreza por sí mismos; y que deben potenciar su autonomía personal y la autoayuda, asumir la responsabilidad de sus propias vidas, desconfiar de quien les promete u ofrece cosas o favores sin pedirles nada a cambio, de que la recompensa en la vida no cae como maná del cielo, sino que se obtiene a base de tomar riesgos, aprovechar las oportunidades, así como de mucho de sacrificio, entrega, perseverancia, disciplina, paciencia y trabajo duro.
Por otro lado, las concesiones y contratos que otorga el Estado no deben darse a los mismos, a los que pueden acreditar garantías suficientes, a los que no necesitan del crédito y que, por tanto, son sujetos de crédito.
Debe darse la oportunidad a nuevos empresarios, a los que aspiran, a los que tienen que arriesgar el todo por el todo, a los que les va la vida en cumplir con sus compromisos. Para estos nuevos empresarios deben estar los bancos estatales e internacionales de desarrollo. Lamentablemente, en Guatemala no contamos con un buen gobierno, que disponga de los recursos con eficiencia y eficacia, que asegure un clima favorable para los negocios y el emprendimiento, así como que provea seguridad jurídica a las personas, a los bienes y a los contratos. En nuestro país tampoco contamos con una efectiva economía de mercado, sustentada en el respeto al sistema de precios y en la ley de la oferta y la demanda. Las distorsiones económicas siguen premiando al ineficiente y al abusador.
Sin duda, la más patética consecuencia del ambiente anti negocios es que muchos emprendedores, entusiastas y generadores de empleo, que han tenido que cerrar sus empresas o quebrado, por supuesto después de haber perdido todo su capital y patrimonio en la aventura, se han visto obligados a pedir trabajo (en el país o en el extranjero); y, por ende, han dejado de ser propietarios para convertirse en proletarios, en lugar de que fuera al revés.