- El viernes, el juez Erick García tuvo que suspender la audiencia por no haber recibido de la Sala de Apelaciones el expediente original, como establece la ley
En lo que ha sido calificado como una «tortura judicial», José Rubén Zamora debe acudir nuevamente a una audiencia a 10:00 horas en el Juzgado Segundo Penal para cumplir la orden de la Sala Tercera de Apelaciones y revocar la libertad dentro del segundo caso en su contra, a pesar de haberse comprobado que ha cumplido con todas las restricciones de movilidad impuestas por la resolución de arresto domiciliario en el departamento de Guatemala.
La defensa de Zamora ha interpuesto al menos tres amparos ante la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia con el fin de revertir la decisión y evitar que el periodista regrese a prisión, pero hasta primera hora de este lunes no se han concedido los amparos provisionales solicitados.
La exfiscal general Claudia Paz y Paz calificó la semana pasada la situación de Zamora como «auténtica tortura», y recordó que no se han respetado sus derechos desde el momento en que fue detenido en 2022.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la familia de Zamora han solicitado a los magistrados de la Cámara de Amparo de la CSJ que conozca la solicitud de amparo provisional que podría detener la orden para que Zamora vuelva a prisión.
Zamora considera que la persecución y acoso judicial que vive, es producto de una persecución política iniciada por el expresidente Alejandro Giammattei y la fiscal Consuelo Porras, producto de las publicaciones sobre casos de corrupción publicadas en su desaparecido diario «elPeriódico», que fue objeto de presiones comerciales hasta ser obligado a cerrar en 2023.
Zamora recuerda que la fiscal Porras «es ilegitima», ya que no fue incluida inicialmente en la lista final por la comisión de postulación, pero la Corte de Constitucionalidad obligó ilegalmente que se le incluyera, para que Giammattei pudiera prolongar su mandato.
Los expresidentes Jimmy Morales y Giammattei son señalados del «asalto » que sufrió el sector justicia, ya que todas las instituciones, MP, cortes y hasta el PDH, fueron cooptados para crear un marco de impunidad que persiste hasta la fecha.
Los jueces y fiscales que actúan con independencia son perseguidos o acosados dentro del Organismo Judicial, según información existente. Muchos de ellos han tenido que abandonar las judicaturas y buscar asilo fuera de Guatemala para evitar ser capturados.
El juez Erick García concedió libertad condicional a Zamora, tomando en cuenta que no se estaban respetando sus derechos, como lo establecen las leyes del país y las convenciones y tratados internacionales sobre Derechos Humanos, que son leyes para el Estado de Guatemala. Consideró que no había peligro de fuga, como se ha comprobado con el correr de los meses y que la solicitud estaba apegada a las leyes vigentes, mientras se había abusado del concepto de prisión preventiva en su caso.