Exfiscales y exjueces anticorrupción, perseguidos sin contemplaciones; los miembros de la alianza oficialista cuidados con paños y ninguna causa se abre… aunque haya pruebas.
Gonzalo Marroquín Godoy
En pleno proceso de elección de fiscal general, doña Consuelo Porras se ha pintado de cuerpo entero frente a quien debe reelegirla, el presidente Alejandro Giammattei, para demostrarle que ella es capaz de seguir arremetiendo contra todos los que, según ellos, quieren empañar su gestión y desacreditan al Gobierno en el exterior, cuando lo único que hacen es contar su triste historia de lucha contra la corrupción y la impunidad, para tener –algún día– una Guatemala mejor.
El semanario de prestigio The New Yorker, publicó recientemente un artículo sobre la vergonzosa situación del sistema de justicia en Guatemala y sin mucha profundidad –desde mi punto de vista como periodista–, narra lo que aquí muchos sabemos, aunque algunos quieran negarlo: la falta de independencia de las cortes e instituciones del sector justicia.
LEE AQUI EL ARTÍCULO QUE PROVOCÓ LA IRA DE LA FISCAL GENERAL:
La respuesta de doña Consuelo a ese reportaje fue la de emitir un comunicado de prensa con varias finalidades: 1) desprestigiar a los operadores anticorrupción que han salido de su campo de acción, pues han recibido protección de Estados Unidos; 2) mostrar que tiene capacidad de investigación –en contra de ellos–; 3) decirle a su jefe –Giammattei– que ella es la mejor para continuar con la tarea en el cargo y; 4) advertir a fiscales y jueces que no se aparten ni un ápice de su línea de acción, porque tiene consecuencias.
Para ella, claro, es mejor quedar bien con el equipo de la alianza oficialista, que cumplir con su mandato constitucional.
La fiscal general ha fallado en lo toral porque no solo se ha convertido en cómplice de muchos funcionarios y exfuncionarios acusados de corrupción, sino que ha desvirtuado la función del MP, al que ha sometido al poder político.
Va con todo contra ellos. Los amenaza con investigar denuncias en su contra y armar pronto un megacaso. Aldana –dice– tiene 33 denuncias, Juan Francisco Sandoval 58, Erika Aifán 29, Rudy Manolo Herrera 6 y Andrei González 9.
¿Qué tal?… Eficiencia comprobada. Muchos del círculo de la alianza oficialista la aplaudirán y el presidente la reelegirá, pero la verdad es que solo demuestra de lo que es capaz un estado corrupto y antidemocrático, dos conceptos que le aplicó a ella el departamento de Estado al incluirla en la lista Engel el año pasado.
Esto es lo que hace eficientemente: perseguidora de opositores al sistema imperante en el país y protectora de los amigos. Ahora veamos lo que no hace. (Por razones de espacio mencionaré los casos más paradigmáticos):
La trama rusa: Un testigo –que también tuvo que huir del país, porque lo amedrentó el MP–, narró como llegaron una noche de abril de 2021 aquellos misteriosos rusos a la casa del presidente Giammattei en la zona 15. Describió que dentro de una alfombra llevaron posiblemente millones de dólares. El propio mandatario reconoció en una entrevista televisada, que no se ha abierto ninguna investigación en mi contra por ese caso. Claro, la doña es eficiente tapadera. Luego, Giammattei tomó varias decisiones favorables a la empresa rusa de extracción de níquel.
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Soborno para campaña: Testimonio de un testigo que denunció ante el MP el soborno de Q20 millones que habría llegado al presidente de constructores para campaña electoral, a cambio de obras.
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Las vacunas Sputnik: Llora sangre que en un país de tanta pobreza como la hay en Guatemala, hasta la fecha se han perdido más de Q437 millones por más de 6 millones de vacunas vencidas y la fiscal general no dice ni pío. Cuando el escándalo estaba en su punto más álgido, Consuelo Porras dijo que abriría una investigación sobre el contrato firmado por la ministra Amelia Flores. No hizo nada, porque una investigación seria habría alcanzado al presidente Giammatei. Esas vacunas se pagaron no solo carísimas (¿sobreprecio?), sino por adelantado y se entregaron al país sin planificación.
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Magistrados falsificadores: Los magistrados del TSE, Arnulfo Rojas y Marco Antonio Cornejo, falsificaron documentos de títulos de la Universidad Da Vinci, para mejorar sus opciones de postulación y así fueron elegidos. La propia Universidad confirmó la falsificación y destituyó al decano que participó en el fraude, Juan Carlos Rodil Quintana.
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El MP ha seguido una investigación, pero por órdenes de la propia fiscal general, nada avanza. Bonito ejemplo de nuestra transparencia política. Rojas es el presidente del TSE y llegó por la alianza oficialista, misma a la que obedecen como marionetas, además del TSE, la CC, la Corte Suprema, y un montón de jueces y magistrados de sala.
Queda claro –espero–, que doña Consuelo es la encargada de perseguir a los opositores y proteger a los de su equipo: la macabra alianza oficialista.
¿Ese es el MP que queremos para Guatemala?