CSJ le retira inmunidad al juez Pablo Xitumul, pero favorece al magistrado Ranulfo Rojas Cetina

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró con las diligencias de antejuicio promovidas por la Fiscalía de Delitos Administrativos en contra del juez Pablo Xitumul de Paz, asimismo falló a favor del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el magistrado Ranulfo Rafael Rojas, sobre quien la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) planteó la solicitud de retiro de inmunidad.

De acuerdo con la resolución de la CSJ, se declaró “ha lugar a formación de causa por mayoría” en el caso de Xitumul, juez de Primera Instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo Grupo “C”.

Por lo anterior, Xitumul podrá ser investigado por el MP por una denuncia interpuesta por el inspector de la PNC, José Cuxaj, quien lo señaló de no haberle permitido la inspección del automóvil en el que se transportaba el juzgador en febrero de 2019.

En octubre del año pasado, el juez pesquisidor de la Sala Segunda de Apelaciones, Eduardo Galván, recomendó retirar la inmunidad a Xitumul.

Xitumul es uno de los jueces más renombrados en Guatemala gracias a que en los últimos años ha enviado a prisión a varios exfuncionarios vinculados a casos de corrupción o delitos de lesa humanidad, lo que, según él, le ha valido para que sea perseguido en los tribunales.

El juzgador condenó a 80 años de prisión al expresidente José Ríos Montt por genocidio en 2013; además, en 2018 condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a 15 años de cárcel por el caso Agua Mágica. También sentenció a más de 800 años a Marvin Montiel Marín, el “Taquero”, un narcotraficante que ordenó asesinar a 15 ciudadanos nicaragüenses y un holandés en 2008, cuando estos viajaban en un autobús y Montiel creyó que llevaban droga.

Favorecen a magistrado del TSE

La Corte Suprema de Justicia protegió al magistrado del Tribunal Supremos Electoral (TSE), Ranulfo Rojas Cetina, a quien decidió no retirarle el derecho de antejuicio por el caso de Comisiones Paralelas.

«Se rechaza in límine y por mayoría», sentenció la CSJ, aunque reconoció que hubo inhibitorias para conocer el caso.

La solicitud para retirar el derecho de antejuicio fue presentada en junio del año pasado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, cuando aún era dirigida por Juan Francisco Sandoval. La diligencia se planteó por el caso de Comisiones Paralelas, en donde se vincula a magistrados de la CSJ y de la Corte de Constitucionalidad.

Según la investigación, los involucrados en el caso habrían tenido injerencia en la integración de los listados para elegir magistrados de la CSJ y de las Cortes de Apelaciones, las cuales aún siguen pendientes de ser electas en el Congreso.

Proceso contra jueza Aifán continúa

Además, los magistrados conocieron la solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra Erika Lorena Aifán Dávila, jueza de Mayor Riesgo D, y “se rechazó in límine por mayoría (…) las enmiendas de procedimiento planteadas por la referida juez y se ordenó remitir al juez pesquisidor las presentes diligencias de antejuicio, para que continue desarrollando su atribución y remitir su informe con posterioridad a la Corte Suprema de Justicia”.

La Fundación contra el Terrorismo presentó el lunes 24 de enero una solicitud de antejuicio en contra la jueza Aifán, con la que la juzgadora, que ha sido ampliamente elogiada por Estados Unidos, acumula tres procesos de ese tipo.

La solicitud fue planteada por dicha fundación porque, según argumentan, Aifán ha conocido, sin autorización de la Cámara Penal, procesos que no han sido elevados a Mayor Riesgo.

De esa cuenta se le señala de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.

Además, el Ministerio Público (MP) solicitó el martes 18 de enero, por segunda vez en una semana, el retiro de inmunidad para la jueza Aifán.

Dicha solicitud de antejuicio (retiro de inmunidad) obedece a la “posible” participación de la jueza en los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato”, según detalló el Ministerio Público en un comunicado de prensa.