La Corte Suprema de Justicia (CSJ) empezó una audiencia pública por el amparo que provocó la suspensión de la licencia de explotación de la minera La Puya, ubicada en San José del Golfo. Esta resolución fue favorable al Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS).
A partir del fallo de la CC, diversas manifestaciones han aparecido en las afueras de Torre de Tribunales, unos en apoyo a la decisión de cerrar las operaciones de la mina, y otros a favor de que se vuelva a abrir, ya que les ofrece oportunidades laborales.
Las razones por las cuales se otorgó un amparo provisional fue de que en el momento en que la mina obtuvo la licencia en el año 2011, no se realizaron las consultas necesarias a las comunidades, para conocer si estaban de acuerdo o no con la decisión de que La Puya operara en sus territorios.