Renzo Lautaro Rosal
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Cuatro de las cinco instancias que designarán magistrados ante la Corte de Constitucionalidad han manifestado públicamente su compromiso de fundamentar sus respectivos procesos en el marco de la Ley de Comisiones de Postulación. De esa cuenta, instituciones como el Congreso y el Consejo Superior de la Usac han anunciado el inicio de sus actividades. El primero organizó su propia comisión de postulación; en el segundo caso, se habilitó la recepción de expedientes. El Organismo Judicial, en la misma línea, incluso cerró el período de aceptación de los documentos de interesados. En un mes se llevará a cabo la asamblea del Colegio de Abogados. Si nos remitimos a los mecanismos formales, el camino pinta razonablemente en forma positiva. Pero corremos el riesgo de que toda esa dinámica solo sea superficial, orientada a modificar las formas, pero no el fondo. Los listados de nombres que deambulan en los corredores de intereses son, en general, de los mismos perfiles que en anteriores momentos; es decir, pocas candidaturas interesantes de profesionales decentes, cuyas historias de vida indiquen buena combinación de experiencias, aportes y comportamiento ético de altura. Por el contrario, en los cinco espacios pesan más los nombres de personajes que no quisiéramos escuchar, y menos aún que formen parte de la CC en el siguiente período.
La trampa de ese escenario será conformarnos con el desarrollo superficial, mostrarse complacidos con esa aparente ventana de transparencia, pero que puede ser el entretelón para que se privilegie la elección de más operadores de impunidad. En ese orden de cosas, es cuestionable colocar como objetivo final impedir la reelección de los actuales magistrados. Nada garantiza que eligiendo a nuevos la elección y los resultados sean radicalmente distintos. Más que bloquear esa posibilidad, es fundamental elevar la cinta del perfil, poner luz sobre cada uno de los candidatos, vigilar lo que han sido en sus vidas. Ese tamizaje sería esencial para sacar de la jugada a quienes están en la CC y han hecho malas actuaciones.
¿Qué es posible hacer para superar esa posibilidad? Lo primero, incrementar la presión y observancia de cada uno de los pasos que lleven a cabo las instancias electoras. Si los focos de atención son constantes y parecidos al nivel de exposición que hay sobre las actuaciones de los Organismos Ejecutivo y Legislativo, las cosas pueden pintar para bien. Una parte clave será vigilar y denunciar lo que ocurra en las etapas sustantivas, donde se tomarán las decisiones de fondo. De nada servirá anunciar con toda pompa los cronogramas, las fechas, publicitar los anuncios y lo que ocurra al inicio, si a la hora de tomar decisiones las reuniones se vuelven cerradas, se desconozca quiénes y cómo llevarán a cabo los acuerdos finales, cómo se valorarán los documentos presentados por los interesados, por citar algunas partes importantes. Será determinante incrementar sustancialmente el número de participantes en las asambleas del Colegio de Abogados, así como el número y conformación de las planillas que participarán en ese proceso. Allí radica el escenario de cambio. También será determinante lo que suceda en el Congreso, donde los vientos positivos podrían dar lugar a la selección de profesionales con perfiles distintos y superiores a las ocasiones anteriores.
Lo que es imperdonable es la actuación del Ejecutivo, que es la única instancia que no ha dicho nada sobre este importante proceso. Ese silencio es preocupante, en momentos de apretacanutos para el presidente Morales y su equipo cercano, donde día a día salen a luz el juego de intereses nocivos que giran alrededor, dando como resultado dudas razonables sobre el tipo de decisión que finalmente se asumirá. Bajo la opacidad prevaleciente, es previsible que el delegado del Ejecutivo termine siendo un magistrado que privilegie la defensa de los sectores que hoy están cerca de binomio presidencial, para quedar bien con algún sector que interese como futuro aliado, o simplemente como pago de campaña. Urge que el mandatario se ponga al día y dimensione la importancia de su decisión.
Rescatar la Corte de Constitucionalidad debe ser un objetivo ciudadano de primer nivel. No hay chance para otros momentos, o la recuperamos o la terminamos de perder.