- La fiscal general y el primer mandatario de la Nación se encuentran enfrentados desde la sorpresa en las elecciones de junio, cuando se produce la sorpresa de que Arévalo iría a segunda vuelta
No es la primera vez que se produce una confrontación entre el presidente de la República y la fiscalía general, pero sí es la primera vez en que el mandatario tiene que recurrir a la vía judicial para intentar la recuperación de la institución que tiene el monopolio de la persecución penal en el país. Bernardo Arévalo y Consuelo Porras están irremediablemente enfrentados.
En el año 2004, el presidente Oscar Berger encontró en el cargo de fiscal general a Carlos de León, quien tenía una agenda particular y era cuestionado por diversos sectores de la sociedad civil por abusos y actos ilegales. Fue destituido.
Este es solo un ejemplo de lo que antes podía suceder cuando el MP no encajaba en los lineamientos del Ejecutivo o incumplía con su obligación. Se reformó la ley de la institución encargada de la persecución penal y se descartó la posibilidad de la destitución del fiscal general.
En aquel momento era para garantizar que se pudiera librar la batalla contra una galopante corrupción que se producía prácticamente en todo el Estado.
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Los tiempos cambiaron y los aires también. En medio de aquella modificación, promovida por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Guatemala era en ejemplo mundial de la lucha anticorrupción. En ninguna parte del mundo un presidente, Otto Pérez Molina, junto a su vicepresidente, Roxana Baldetti, habían terminado su período en la cárcel, acusados de actos de corrupción.
La fiscal blindada con aquella reforma era Thelma Aldana, quien trabajaba de la mano con el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.
Sin embargo, en 2016 llega a la presidencia Jimmy Morales, un cómico convertido en político al servicio de fuerzas oscurantistas, quien gana las elecciones con el eslogan ni corrupto ni ladrón, pero sus acciones apuntan a lo contrario y él mismo inicia el embate en contra de la CICIG –a la que prácticamente expulsa del país– y debilita aquella la lucha anticorrupción.
Entre otras acciones, al término del mandato de Aldana, nombra a la fiscal general Consuelo Porras, quien de palabra promete seguir el combate contra quienes se aprovechan de los bienes públicos. En la práctica, inicialmente, permite el funcionamiento de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), a la que se trasladan los casos pendientes de la CICIG y funciona con eficiencia bajo el fiscal Juan Francisco Sandoval. Luego la desbarataría ella misma.
La era de Giammattei
A Morales le sucede en el cargo Alejandro Giammattei, quien dice que no quiero pasar a la historia como un hijo de puta más, para situarse como alguien diferente, a favor de la transparencia. En sus cuatro años de gobierno se consolidó, en cambio, una poderosa alianza oficialista que logra lo que ningún gobernante intentó antes siquiera: concentrar el poder y cooptar todas las instituciones del Estado, alineadas en la misma dirección.
Al término de su mandato, dicha alianza oficialista –ahora reconvertida en alianza opositora– controlaba las siguientes instituciones: Congreso, Corte de Constitucionalidad (CC), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la USAC, Colegio de Abogados, Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y todas las de menor jerarquía que giran en torno al sistema de justicia. No dejaron cabo suelto.
Una de las acciones más significativas de Giammattei para cerrar el círculo de impunidadfue la reelección, contra viento y marea, de la fiscal general Consuelo Porras, a pesar de que ya para entonces había una fuerte oposición de los grupos pro-justicia en su contra y, sobre todo, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que en septiembre de 2021 la incluyó en la Lista Engel, creada para sancionar a personas consideradas corruptas y antidemocráticas.
Algunos dijeron que entregó la cabeza de Sandoval, a cambio de la reelección. Si esa fue su estrategia, funcionó.
En aquel entonces, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró que se le había incluido en la lista por su participación en hechos significativos de corrupción, y detalló que, durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluye dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción.
Luego se volvió pública la buena relación entre el presidente y la fiscal general, quien no ponía obstáculos para reuniones entre ambos. A decir de algunos observadores, al principio se cuidaban al menos las formas.
Destape y cese de lucha anticorrupción
En algunos medios, principalmente en el diario elPeriódico, se publicaron reportes serios y documentados sobre hechos de corrupción y trasciende que la FECI de Sandoval investiga casos en los que podría estar vinculado el propio presidente. Se publica que un grupo misteriosos de ejecutivos rusos visita a Gammattei por la noche en su residencia en la zona 15, y que, en una alfombra mágica, le hacen llegar una millonaria cantidad de dólares en efectivo. Hay testigo y su testimonio llega a la FECI.
Las evidencias de que el MP respondía a los intereses de aquella alianza oficialista se sumaban rápidamente. El escándalo provocado por elPeriódico con la publicación que vinculaba a los rusos con la minera de El Estor –en la sección elPeladero– abundaba en detalles. Tras el despido de Sandoval, el caso se traslada a la fiscalía Contra la Corrupción, y meses después se cierra, supuestamente por falta de evidencias.
En vez de Sandoval, la jefe del MP lleva a la FECI a un oscuro fiscal: Rafael Curruchiche, reconocido a lo interno de la institución como un funcionario que se acomoda a los deseos de la jefa, como él le llama. Es con él que concluye el cambio de rumbo institucional. Ahora se trabaja descaradamente a favor de la corrupción y se persigue a quienes la denuncian o a quienes han investigado casos anteriores, así como a jueces que se atrevieron a dictar fallos contra estructuras criminales vinculadas a la corruptela.
Curruchiche arremete contra fiscales y jueces que actuaron contra los corruptos, además de acallar a elPeriódico, con el montaje de un caso en contra del periodista José Rubén Zamora porlavado de dinero, algo que nunca pudo probar ante el tribunal, pero con resoluciones retorcidas de jueces, ha logrado mantenerlo por casi 600 días en la cárcel, mientras el diario fue obligado a cerrar por un cerco económico que se le impuso.
Para todo esto, se requería de aliados incondicionales para asegurar la impunidad y la persecución de los personajes ubicados en contra de la corrupción. Es ahí donde entran jueces como Fredy Orellana y Jimmi Bremer –entre otros– y el grupo parajudicial Fundación Contra el Terrorismo, originalmente creado para defender a exmilitares acusados de violaciones a los derechos humanos.
La estructura de impunidad estaba creada.
Llega la enemistad profunda
La estrategia de la alianza oficialista se centró en 2023 en asegurar la continuidad del sistema que inició Jimmy Morales y consolidó Giammattei. Inicialmente el Tribunal Supremo electoral (TSE) cedió a presiones para sacar de la contienda a candidatos opositores, principalmente Thelma Cabrera y Roberto Arzú, quienes públicamente denunciaban el sistema de corrupción e impunidad imperante.
Con la represión que sufría la prensa independiente, el control de todas las instituciones y el poder del Estado y económico, se esperaba una victoria electoral asegurada. Las candidatas presidenciales Zury Ríos (Valor) y Sandra Torres (UNE) aparecían como favoritas en enero de 2023 y ambas eran parte de la alianza oficialista, comprobado con sus votos durante tres años en el Congreso. Otro candidato, Manuel Conde (Vamos) era la tercera opción para asegurar que no hubiera colados en la segunda vuelta electoral.
El 25 de junio se producen dos enormes sorpresas en las elecciones generales: PRIMERO: el gran ganador es el voto nulo (964, 775 votos); y SEGUNDO: El segundo lugar es para el candidato que tuvo un discurso más antisistema y anticorrupción, Bernardo Arévalo (Semilla).
Al menos Torres gana la votación, pero todos saben que es la candidata con más anti-voto en la historia política del país. Había perdido antes en segunda vuelta contra Morales y Giammattei. Además, se vuelve un hándicap su vinculación con el oficialismo. El peligro de perder en segunda vuelta es muy grande y es entonces cuando empieza el acoso al proceso electoral por parte del MP. Sin decir palabra, Porras se declara enemiga número uno de Arévalo, quien cumple los pronósticos y gana abrumadoramente la elección.
La desesperación del oficialismo se manifiesta por las acciones descabelladas de la FECI –Curruchiche y Porras–, que rayan no solo en lo ilegal, sino también en lo ridículo, denunciando una conspiración de fraude que nunca pueden demostrar.
Ataques contra el partido Semilla, contra los magistrados del TSE e incluso acusaciones judiciales contra del presidente electo Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera, muestran que la estructura creada por Giammattei y sus aliados está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias.
Son la respuesta popular, con un Paro Nacional y de la comunidad internacional, con más de 300 sancionados entre diputados, fiscales, jueces y demás, quienes logran que se produzca el cambio de Gobierno.
Arévalo empoderado,anuncia que solicitará la renuncia de la fiscal general, pero esta se niega a acudir a un encuentro cara a cara, y tampoco participa en una reunión de Gabinete a la que estaba obligada por mandato legal a acudir.
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La guerra anunciada se pone en marcha pronto. Ahora está librándose por la vía legal, con denuncias del Gobierno contra la fiscal general, quien enfrentará un primer antejuicio. Pero el camino no es sencillo, ella sabe que cuenta con la CC para verse favorecida con amparos y, en última instancia, con diputados de la ahora alianza opositora.
A los ojos de los analistas, correrá mucha agua antes de que Arévalo pueda salir de Porras, quien aspira con dejar el cargo hasta mayo del 2025 y, mientras tanto, demostrar que es una feroz enemiga.
En el fondo, el problema es que, en gran medida, la lucha anticorrupción anunciada por Arévalo como principal promesa de campaña, está sujeta a un MP que tenga la misma intención, lo cual seguramente no sucederá, al menos no mientras ella permanezca en el cargo.
Queda en el ambiente la necesidad de reformar leyes e incluso la forma de elegir a la CC, CSJ y al propio fiscal general, ya que el sistema actual ha demostrado que está permeado y en manos de las fuerzas que impulsan la impunidad.
Para muestra, algunos botones
La fiscal general ha sido señalada por encubrir varios casos de corrupción emblemáticos, aunque tampoco se ha hecho mucho en otros de grandes proporciones, aunque menos escandalosos.
Aquí mencionamos algunos que el MP no ha querido investigar:
- Compra de las vacunas rusas Sputnik V. EEUU sancionó a Miguel Martínez, pareja de Giammattei, por solicitar sobornos por dicha compra, que resultó en una pérdida para el país de más de Q400 millones, sin contar los delitos cometidos en la contratación.
- Los sobornos recibidos supuestamente por Giammattei por valor de Q12 millones de parte de constructoras para su campaña electoral, a cambio de contratos más adelante. La denuncia se hizo pública por medio de la prensa nacional e internacional.
- Decenas de contrataciones anómalas o sobrevaluadas por parte de los ministerios de Comunicaciones y Salud Pública, entre mucho más.
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