Consejo Superior Universitario denuncia “presiones” por designación Porras a la CC

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A través de redes sociales, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) denunció y rechazó “acciones promovidas” en contra de  esa instancia relacionadas a la designación del Magistrado Titular a la Corte de Constitucionalidad (CC).

Los Consejeros recordaron que por mandato constitucional eligen a un magistrado titular y suplente para el máximo tribunal del país. Además, manifestaron que se realizó la elección bajo la observancia del marco normativo vigente y en el ejercicio de su autonomía constitucionalmente establecida.

Se realizó en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos garantizados plenamente en la Constitución Política de la República de Guatemala, con la observancia del marco normativo vigente y en el ejercicio de su autonomía constitucionalmente establecida”, señaló.

Por aparte, el Consejo añadió que durante el proceso de elección de los magistrados para el periodo 2021-2026, “se cumplió con una serie de etapas en las cuales se privilegió la transparencia, la participación y la apertura del mismo, permitiendo a la sociedad guatemalteca acompañar y fiscalizar activamente, en observación de estándares nacionales e internacionales de objetividad e imparcialidad”.

Además, el CSU demandó el respeto al ejercicio de sus derechos constitucionales, asimismo rechazaron “categóricamente las acciones de presión que puedan promoverse, cuyo objetivo sea influir en el resultado de las decisiones de este cuerpo colegiado”.

Solicitaron a la sociedad en general, “a participar del debate informado respecto a este proceso que está directamente relacionado con la demanda ciudadana de una justicia independiente, pronta y cumplida”.

Por último, piden a la comunidad sancarlista y al pueblo de Guatemala, “acompañar a las autoridades de la Tricentenaria Universidad pública en estos momentos que debe hacerse valer la autonomía universitaria, respetando el marco constitucional rechazando las influencias externas a la institución, que busquen y pretendan limitar el ejercicio de nuestros derechos y deberes democráticos”.

Hasta el momento, se desconoce de dónde surgen estas “presiones” que denuncia el CSU.


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