- Al brutal aumento salarial de diputados y escándalos de todo tipo, hay que sumar un trabajo legislativo más bien flojo, que deja de lado la discusión de leyes vitales.
El Congreso de la República, integrado por los diputados mejor pagados de Centroamérica, es blanco de criticas por esto, pero también por escándalos –entre los que destaca uno que rodea a su presidente Nery Ramos–, y los contubernios que se llevan a cabo «bajo la mesa», mientras que aporta un pobre trabajo para el desarrollo político, económico y social del país.
El Organismo Legislativo enfrenta una grave crisis de imagen por estos factores, lo que complica su labor, mientras se conoce que el Ministerio Público (MP), utiliza sus «palancas de presión» para garantizar su influencia en el poder del Estado llamado a ser el de mayor representación dentro de un sistema democrático funcional.
Sueldos desproporcionados
De acuerdo con los datos que son de conocimiento público, el Congreso de la República entró en una auténtica «danza de millares» en cuestión salarial, encabezando la lista el propio presidente Nery Ramos, con más de Q97 mil mensuales –ver cuadro adjunto–, mientras que los diputados sin cargos especiales registran cada mes ingresos por un monto que oscila entre Q61 mil y Q66 mil. Esto es superior a lo que gana cualquier diputado de los países centroamericanos y se sitúa entre los más elevados a nivel latinoamericano.
LOS SUELDOS DE LOS DIPUTADOS
- Presidente del Congreso Nery Ramos: Q97 mil 300.
- Miembros de la Junta Directiva: entre Q89 mil 300 y Q82 mil 300
- Diputados con cargos de comisiones y/o jefes de bloque: Entre Q71 mil 300 y 67 mil 300.
- Resto de diputados: Q 66 mil 300.
A ello hay que sumar que hay funcionarios del Congreso que ganan entre Q77 mil mensuales (Jefe financiero) y Q45 mil mensuales (secretaria del diputado Samuel Pérez).
Escánndalos atraen oportunamente al MP
Como «a pedir de boca» caen escándalos de diputados en manos del Ministerio Público (MP), deseoso de ampliar sus tentáculos entre las diferentes bancadas, con el fin de poder influir a favor o en contra de ciertas iniciativas.
En ese sentido, el presidente Nery Ramos con un escándalo de grandes proporciones, por sus implicaciones, pues se pone al descubierto los vínculos con una persona que es señalada de delitos graves, y de la cual ha recibido «favores» que, eventualmente, pueden ser objeto de un tráfico de influencias.
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El MP bajo las órdenes de Consuelo Porras, pasivo en la inmensa mayoría de casos de corrupción, tomó de inmediato una denuncia pública en contra de Ramos por el uso irregular de una camioneta blindada propiedad de un personaje con señalamientos que le hace favores el presidente del Legislativo, y «de oficio» tomó el caso.
Analistas advierten que esta situación podría hacer que el MP utilice la investigación como un mecanismo de control sobre Ramos, ejerciendo presión para garantizar ciertas decisiones dentro del Legislativo. Esta estrategia ha sido señalada en otros casos, donde la fiscal general Consuelo Porras ha sido acusada de amenazar con procesos judiciales como herramientas de intimidación política
Los analistas entienden que es para mantener al presidente Ramos bajo el temor de ser víctima de un proceso penal, se ha convertido en un político susceptible a las presiones que provenga de la fiscalía vinculada con intereses antidemocráticos, según señalamientos de organismos internacionales y del propio gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
El accidente de Pérez solo viene a debilitar cualquier posibilidad de firmeza que pudiera tener el grupo Semilla, blanco constante del acoso del sistema judicial.
El presupuesto 2025 y los acuerdos políticos
Esta crisis de imagen comenzó con la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2025, que ascendió a Q148.5 mil millones, un 26.9% más que el de 2024. Aunque se argumentó que el incremento busca fortalecer áreas como educación, salud y seguridad, varios sectores señalaron que hay «bolsones» de inversión concedido a los diputados a cambio de la aprobación.
Esta práctica, que se ha utilizado mucho en gobiernos anteriores, facilita las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero a costa de corrupción. Lo que se sabe es que las obras aprobadas en el presupuesto en el interior son «concedidas» a los diputados, que suelen dirigirlas a ONG cercanas o de su propiedad.
Estos contubernios políticos en el Congreso han reforzado la percepción de que la institución está controlada por intereses particulares en lugar de representar el bienestar ciudadano.
Un Congreso sin credibilidad ni capacidad de legislar
El Congreso, en medio de estos escándalos, se ha vuelto una institución sin respeto ni legitimidad, incapaz de aprobar leyes clave para el país. Entre los temas que han quedado en el limbo están:
- La reforma a la Ley del Ministerio Público, que evitaría la concentración de poder en la actual fiscal general.
- Reformas electorales, fundamentales para garantizar mayor transparencia en futuros procesos políticos.
- La Ley de Aguas, que lleva años sin avances pese a la crisis hídrica en varias regiones del país【25】.
La falta de una agenda clara y el uso del Congreso como un espacio de negociación de intereses personales han llevado a que la población lo perciba como una entidad alejada de las verdaderas necesidades del país.
En resumen
El Congreso está en su punto más bajo de credibilidad en los últimos años. La combinación de contubernios políticos en la aprobación del presupuesto, un incremento salarial desproporcionado y los escándalos de su presidente han dejado al Legislativo bajo una sombra de duda y rechazo ciudadano. Mientras el Ministerio Público sigue utilizando su poder para controlar a ciertos diputados, la agenda legislativa casi no avanza o camina en dirección contraria a los intereses nacionales, alejando aún más al Congreso de su verdadero propósito: legislar para el bienestar del país.