- Desde que «elPeriódico» publicó el contrato para la compra de vacunas Sputnik V en abril de 2021, el Ministerio Público evitó abrir una investigación sobre todas las anomalías evidentes.
- Al final de cuentas, el negocio resultó en un escándalo de corrupción que implica a altas autoridades del gobierno de Alejandro Giammattei.
Finalmente la Fiscalía Contra la Corrupción (FECI) inició acciones de investigación sobre el escándalo de corrupción por la compra de vacunas rusas Sputnik V, que desde mediados de 2021 fue «destapado» por el diario «el Periódico», que publicó el contenido de un contrato plagado de anomalías e ilegalidades, que luego dieron paso a que el Estado perdiera más de Q400 millones por las malas decisiones de las autoridades del Gobierno anterior.
Bajo órdenes del sancionado fiscal Rafael Curruchiche, efectivos de la FECI y la PNC realizaron un allanamiento de las instalaciones del ministerio de Salud, en busca de evidencias para determinar si hubo corrupción en la negociación de compra de 8 millones de dósis de vacunas Sputnik V contra el covid-19.
El propio curruchiche intentó presentar la acción como una muestra de la capacidad de investigación de la fiscalía a su cargo, a pesar de que durante tres años ignoraron todo lo actuado por las autoridades de Salud. Las acciones responden luego de que el actual gobierno presentara ante el MP una denuncia por corrupción por todo lo actuado bajo la administración del presidente Alejandro Giammattei.
La falta de acción del MP en en este caso es una de los ejemplos que el presidente Bernardo Arévalo ha expuesto ante la opinión pública como ejemplo de la forma en que la fiscal general, Consuelo Porras, evitsa investigaciones que debió hacer en su momento, pero no se hizo para encubrir a los responsables.
El Departamento de Estado ha implicado con nombre, apellido y delito a Miguel Martínez, pareja del expresidente Giammattei, a quien señalan de haber recibido «sobornos» por la compra de vacunas rusas. Esto dio pie a que se le sancionara bajo la Ley Global Magnitsky, que contempla castigos superiores a los que impone quienes se incluyen en la Lista Engel.
Curruchiche dijo que el personal de la FECI busca correos electrónicos y otras evidencias que puedan existir, pero no dio ninguna explicación sobre el comportamiento de la fiscalía a su cargo, que se ha negado reiteradamente a abrir este y otros procesos en los que hay evidente corrupción.
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en vez de ello, esta fiscalía ha dedicado grandes esfuerzos –tiempo y recursos– para perseguir a operadores de justicia y periodistas que actuaban en contra de la corrupción o la denunciaban públicamente.
En sus declaraciones a la prensa, Curruchiche, explicó que por la pandemia la comunicación entre funcionarios se hizo por medio de correos, ya que no había reuniones presenciales. Los fiscales auxiliares cargaron con computadoras y copias de los correos desde el 2021.
Curruchiche reconoció que la exministra Amelia Flores no ha sido citada por la FECI, lo mismo que ha ocurrido con Martínez y el propio presidente Giammattei, involucrados de manera directa en este escándalo de corrupción.
el fiscal dijo que «solamente se está buscando información» en esta etapa de la investigación y recordó que se ha solicitado la información de todo lo actuado por la Coprecovid, la comisión presidencial contra el Covid.
Sin embargo, el titular de esa dependencia de la presidencia, el médico Erwin Asturias ya había renunciado al cargo en el momento de la compra y, de hecho, no estuvo de acuerdo con ella, sobre todo, porque las vacunas Sputnik V no tenían registro autorizado de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esa acción de la FECI se ha visto como un distractor, para llevar la atención de las investigaciones fuera del círculo de Giammattei, Flores, y Martínez, ninguno de ellos citado, como lo explicó Curruchiche.
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El contrato lo firmó la ministra Amelia Flores, quien se convirtió en blanco de críticas desde que salieron a luz pública los detalles del contrato que entre muchas anomalías destacaban las siguientes:
- En el momento de la firma del contrato, las vacunas Sputnik V ni siquiera estaban aprobadas por la OMS.
- Se firmó con un intermediario, Alexander Chistyakov, en representación de Human Vaccine, y no con el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología de Gemaleya, institución del gobierno ruso que producía las vacunas.
- El vendedor no se comprometía a ningún calendario ni plazo de entrega dl producto médico. Finalmente, esto terminó en el desastre del vencimiento de la mayor parte de vacunas.
- No se contemplaban mecanismos de defensa legal de Guatemala en caso de incumplimiento.