¿Encubrimiento o negligencia? El penoso caso de las vacunas Sputnik V que el MP se negó a investigar…

  • Un contrato viciado, entregas del producto sin planificación y pérdidas para el país que superan los Q400 millones; EEUU señala a Miguel Martínez por solicitar soborno y en Guatemala nadie investiga.

La vacuna rusa Sputnik V no llegó a la mayoría de los guatemaltecos durante la pandemia, pero la trama detrás del oscuro negocio firmado por Amelia Flores, pero impulsado por el entonces presidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, son la prueba más clara del encubrimiento a la corrupción de parte de Consuelo Porras y el MP. 


El negocio fue oscuro desde su inicio y las ilegalidades no se pueden esconder detrás del pretexto de confidencialidad. Se violaron las normas aprobadas por el Congreso, se firmó con un intermediario, se pagó por anticipado, las vacunas llegaron sin programación y el país perdió más de Q400 millones por el vencimiento de la mayor parte del lote de Sputnik V compradas a Rusia.

La lista de involucrados es larga y parten de la cúpula del Gobierno de aquel entonces: el presidente Alejandro Giammattei –que además es médico–, su pareja, Miguel Martínez, la titular de la cartera de Salud Pública, Amelia Flores, el Procurador General de la Nación, Luis Donado, el sucesor en el ministerio de Salud, Francisco Coma y el canciller Pedro Brolo, quienes participaron por acción y/u omisión en la larga cola de ilegalidades y corruptela.

La cabeza de la pirámide que decidió la compra de las vacunas rusas Sputnik V, que costaron al país cientos de millones y de muy poco o nada sirvieron durante la vacunación. El manejo de la pandemia fue considerado un desastre por muchos expertos. Arriba, Miguel Martínez y Alejandro Arévalo a la izquierda y la exministra Amelia flores a la derecha. Martínez es señalado con nombre y apellido por EEUU por haber «solicitado sobornos» en la compra de las vacunas.

Estos serían la punta del iceberg, pero seguramente hay más implicados, como diputados que hicieron lobby para que mantener a la alianza oficialista fuera de toda investigación del parlamento.

El escándalo fue mayúsculo desde su inicio, pues el diario elPeriódico, propiedad del periodista José Rubén Zamora, tuvo acceso al contrato lesivo y publicó la plaga de ilegalidades y anomalías que dejaban al Estado de Guatemala indefenso en la compra de 8 millones de vacunas con un costo de Q614 millones –unos US$70 millones– pagados por anticipado, sin siquiera tener el compromiso de entregar las vacunas en el momento más crítico de la pandemia por el Covid-19.

La historia es conocida y la mayor parte de las vacunas se venció, dejando una pérdida de más de Q400 millones, por los cuáles, ni siquiera se abrió una investigación administrativa para deducir responsabilidades.

Opacidad en cada etapa

El Congreso de la República, en donde ya empezaba a funcionar la alianza oficialista, aprobó el 12 de febrero de 2021 de urgencia nacional la ley para el financiamiento de vacunas.  Era un momento crítico, porque con 5,050 fallecimientos por Covid-19 hasta ese día, Guatemala era el país con mayor número de decesos en Centroamérica.

El primer engaño se produce tras la aprobación de los fondos y el presidente Giammattei anuncia que ese dinero se destinará a la empresa biotecnológica estadounidense Moderna, cosa que jamás sucedió.  Sus declaraciones fueron recogidas por la agencia internacional Reuters, que dio la noticia correspondiente.

Los diputados, que no se preocuparon de asegurar que las negociaciones fueran transparentes, aunque incluyeron en la citada ley que las compras se debían hacer directamente con el proveedor (farmacéutica) y sin intermediarios.  Además, se debía rendir informe al Congreso sobre las compras, algo que tampoco sucedió a pesar del escándalo.

El contrato lo firmó la ministra Amelia Flores, quien se convirtió en blanco de críticas desde que salieron a luz pública los detalles del contrato que entre muchas anomalías destacaban las siguientes:

  • En el momento de la firma del contrato, las vacunas Sputnik V ni siquiera estaban aprobadas por la OMS.
  • Se firmó con un intermediario, Alexander Chistyakov, en representación de Human Vaccine, y no con el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología de Gemaleya, institución del gobierno ruso que producía las vacunas.
  • El vendedor no se comprometía a ningún calendario ni plazo de entrega dl producto médico.  Finalmente, esto terminó en el desastre del vencimiento de la mayor parte de vacunas.
  • No se contemplaban mecanismos de defensa legal de Guatemala en caso de incumplimiento.

La ministra Flores se vio enredada en una serie mentiras y  verdades a medias que brindaba semanalmente a la prensa, en las que anunciaba una y otra vez llegada de lotes de Sputnik V, e incluso llegó a decir que se estaba negociado la devolución del dinero, algo que nunca se habló en ninguna instancia con el gobierno ruso.  Pedro Brolo hizo un promocionado viaje a Moscú, supuestamente a desentrampar las entregas de vacunas, pero esto también resultó en una farsa.

FloresBrolo dimitieron de sus cargos ministeriales, supuestamente por asuntos ajenos a la compra de vacunas, pero ambos salieron señalados.  Brolo, a manerade premio, fue nombrado director por Guatemala ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mientras que la exministra desapareció del escenario nacional.

Los señalamientos… ¿y el MP?

Las voces que se escucharon censurando, criticando y denunciando la compra y anomalías que la rodearon fueron múltiples.  La prensa independiente puso el dedo en la llaga tras la publicación de elPeriódico y se publicaron cientos de noticias, columnas de opinión, declaraciones e investigaciones, que mostraban que se trataba de un caso que debía ser investigado y que la corrupción se olía por todos lados.

Contundentes fueron las declaraciones del extitular de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19, conocida como Coprecovid, Edwin Asturias, quien, desde su cargo en una universidad en Estados Unidos, advirtió que, si Rusia no puede asegurar la entrega ni la calidad de las vacunas Sputnik V, el Gobierno debe declarar el contrato nulo o lesivo.  Su experimentada voz tampoco fue escuchada.  Aunque nunca se supo con certeza, se especula que su renuncia al cargo fue precisamente por la falta de transparencia en la cartera de Salud y el tema de la vacunación, manejado desastrosamente por los ministros Flores y luego Coma.

A las voces críticas de la prensa se sumaron las de entidades como Acción Ciudadana, que vela por la transparencia, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, así como las bancadas de oposición en el Congreso, que en varias ocasiones escucharon declaraciones engañosas de ambos ministros, quienes siempre se negaron a dar a conocer los detalles del contrato.

Pero el engaño oficial iba más allá de las declaraciones de los funcionarios.  Para aplacar el clamor popular e indignación, el Ministerio Público, a cargo de Consuelo Porras, anunció que se abría una investigación sobre el caso.  Un nuevo engaño.  Nunca se actuó contra ninguno de los implicados y, de hecho, el caso fue manipulado a lo interno en la débil y encubridora Fiscalía Contra la Corrupción, con el fin de que no fuera tomado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo del fiscal independiente Juan Francisco Sandoval, quien sí investigaba casos sobre la corruptela imperante en aquel momento.

De tal manera que, en la práctica y realidad, el MP nunca movió un dedo en la dirección de investigar auténticamente un caso con más que indicios de corrupción.

Destape, al mejor estilo USA

¿Cómo se hizo la negociación? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué las vacunas rusas Sputnik V? ¿Por qué se aceptó un contrato tan leonino en contra de Guatemala? ¿Por qué el Gobierno aceptó las vacunas sin un programa de entrega? ¿Por qué el MP encubre un caso tan escandaloso?

Sin muchas preguntas sin respuesta.  Mientras en Guatemala el MP aceptaba las declaraciones engañosas de que el contrato tenía cláusula de confidencialidad, las autoridades defendían el negocio como algo que urgía para hacer frente a la pandemia y demás argumentos falaces y sin un sostén real, en Estados Unidos se recibían ciertos informes, hasta ahora no revelados, que les permitieron hacer un señalamiento contundente, nada menos que contra la pareja del presidente Giammattei.

El Dr. Alejandro Giammattei se presentó en centros de salud para promover la vacunación. Guatemala fue uno de los países que peor enfrentó la pandemia en la región.

Pocos días entes del cambio de Gobierno, el Departamento de Estado de EEUU suelta la bomba: se aplica a Luis Miguel Martínez Morales la severa Ley Global Magnitsky.  Al anunciarlo, se explica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo sancionan por su papel en la corrupción en Guatemala, donde participó en esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales.

Estados Unidos afirma que Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco, y lo vincula con negociaciones y contratos oscuros en la administración de Giammattei.

Sobre su participación en el negocio de las vacunas Sputnik V, en el informe estadounidense se puede leer: En 2021, Martínez solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala. La agencia especial anticorrupción de Guatemala investigó a Martínez por su papel en un controvertido pago vinculado a la compra de 16 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik V COVID-19 por parte del gobierno guatemalteco.

Las sanciones de la Ley global Magnisky son más severas que las contempladas contra quienes se incluyen en la Lista Engel, reservada para personas corruptas y antidemocráticas y, por la redacción del informe sobre Martínez, se puede deducir que Estados Unidos ha tenido acceso a información privilegiada sobre el caso de las Sputnik V que, en Guatemala, el MP ni siquiera se ha inmutado para perseguir los delitos que puedan existir.

Corrupción e impunidad de la mano

Como ha señalado Transparencia Internacional, Guatemala se encuentra entre los países con un peor índice en cuanto a corrupción.  El informe global dedica una mención específica a Guatemala y es contundente. Dice así:

  • El declive que registra Guatemala (23 puntos sobre 100) es el resultado de tres gobiernos consecutivos implicados en prácticas corruptas. El Ministerio Público y el poder judicial se han utilizado para conceder impunidad a las clases dirigentes por sus prácticas corruptas y para atacar a quienes alzan la voz contra la corrupción. Esto dejó al Estado sin ninguna capacidad institucional para combatir la corrupción.

Para llegar a esta situación de deterioro en materia de corrupción, se hace necesario que exista una cooptación de las instituciones del sector justicia por parte del poder político, como en efecto ha sucedido en nuestro país.

En el caso del MP, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Conthia Monterroso, forman parte de la Lista Engel, que también incluye a cuatro personajes del grupo parajudicial llamado Fundación Contra el Terrorismo y conocido como Fundaterror. 

El fiscal Rafael Curruchiche y la fiscal general Consuelo Porras, han demostrado ser feroces perseguidores de los acusados por razones política, pero no muestran la misma actitud para combatir la corrupción: ¿casualidad o evidencia?

Este esquema, que incluye a algunos jueces, también sancionados por EEUU, se ha dedicado a perseguir a opositores y encubrir todo lo que tenga ver con corrupción.

Prueba de lo anterior es que se dedican grandes esfuerzos económicos y humanos para perseguir a inocentes, mientras que el MP no ha abierto ningún caso importante de corrupción desde la salida de Juan Francisco Sandoval de la FECI, hasta hace poco, bajo las órdenes de Curruchiche, empeñada en perseguir al partido Semilla y el proceso electoral.

Quedan otras preguntas sobre este caso paradigmático en el ambiente, aunque con respuestas evidentes:

¿Influyó en la persecución contra José Rubén Zamora la publicación y detalles de la fraudulenta compra de vacunas?

¿Fue otro de los ingredientes para destituir al fiscal Sandoval que recibía información de los hechos?

La conclusión es que se trata de un caso que no se investigó y con ello, pueden aflorar varios delitos, entre ellos incumplimiento de deberes y obstrucción a la justicia, entre otros…