El gobierno guatemalteco expresó hoy su beneplácito por el acuerdo logrado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) que busca cerrar las heridas abiertas por el conflicto de más de 50 años en la nación andina.
Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores el gobierno de transición del presidente Alejandro Maldonado, mostró su satisfacción por el documentó, que representa un avance para proceso de paz en Colombia.
«La firma del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP) coadyuvará a un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición», manifestó el Gobierno que entregará las riendas de Guatemala el próximo 14 de enero al presidente electo Jimmy Morales.
El acuerdo determina la creación de un sistema integral para la reparación de las víctimas, que incluye el mecanismo de la jurisdicción especial para la paz que se aplicará a los responsables del conflicto armado, justicia, verdad y garantías de no repetición.
De acuerdo con el texto divulgado, entre los objetivos del acuerdo figura la satisfacción de los derechos de las víctimas mediante la combinación de mecanismos judiciales y extrajudiciales, la rendición de cuentas con el establecimiento de responsabilidad de todos los participantes en el conflicto y un enfoque territorial y de género en favor de grupos sociales como la infancia, mujeres y colectivos pobres y vulnerables.
El sistema integral para la reparación de las víctimas estará conformado por cinco mecanismos, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición; la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la citada jurisdicción especial para la paz.
El acuerdo logrado en La Habana, Cuba, establece que cuando finalicen las hostilidades en Colombia, se podrá otorgar de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario la amnistía más amplia posible, pero no podrán beneficiarse de esta medida ni habrá indultos para los delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra o violaciones a los derechos humanos, y enfatiza en promover el fin de la impunidad.