Cuando las turbas de Trump irrumpieron en el Capitolio, intentaban una especie de ‘golpe de estado popular’, pero las instituciones sostuvieron el espíritu democrático.
Gonzalo Marroquín Godoy
El 6 de enero de 2021 sucedió en Washington algo que se podía esperar en algunas las democracias latinoamericanas, pero no en Estados Unidos el país con la más larga trayectoria democrática –219 años–, en donde las instituciones son respetadas y funcionan como pilares para garantizar el funcionamiento del sistema, por encima de intereses espurios, por poderosos que sean.
Hasta la fecha continúan las investigaciones sobre las causas de ese brutal asalto al Capitolio por una turba de seguidores de Donald Trump. Lo que ya ha quedado claro y al descubierto, es que la violencia fue motivada por el propio presidente, quien pretendía –manipulando aquella masa–, que se revirtiera la voluntad popular, aduciendo un fraude que nunca pudo probar.
Cuatro años antes, Trump juró sobre la Biblia –como todos los presidentes estadounidenses– respetar y hacer que se respete la Constitución. Para para el magnate aquel juramento no representaba nada y lo único que siempre prevaleció fue su ambición por el poder. Él pretendía, al estilo de los dictadores sudamericanos, mantenerse en el cargo por medio de la fuerza y no por la voluntad del pueblo.
Lo sucedido aquel día fue impresionante. El mundo pudo ver en tiempo real como ciudadanos violentos y desquiciados amenazaban a congresistas y senadores, tras superar a la fuerza policial que intentaba controlar aquel asalto.
Es entonces cuando la institucionalidad salió en defensa de la democracia. Lo primero –y lo más importante–, es que senadores y congresistas, con participación de muchos republicanos, se negaron a proceder como pretendía Trump y certificaron –como debían hacerlo–, el triunfo de Biden.
Si esos republicanos no hubieran actuado en defensa de la Constitución y la hubiesen pisoteado para favorecer a Trump–, el daño a la democracia hubiera sido estrepitoso. Recordemos que Trump intentó que cortes y autoridades estatales controladas por los republicanos declararan que hubo fraude, pero estas se negaron también a la manipulación y confirmaron los resultados de las urnas.
Así que vemos que tanto el senado como otras instituciones estatales respondieron a favor de la democracia. Eso impidió un descalabro que pudo haber provocado –incluso– un efecto tsunami a lo interno de Estados Unidos, pero también con efectos negativos a nivel mundial, por el peso de ese país en el concierto internacional.
Las investigaciones sobre lo ocurrido y los responsables siguen en marcha. El departamento de Estado ha implicado a unas 700 personas, de las cuales 70 han sido procesadas y varias condenadas, pero la atención se sigue centrando en el expresidente Trump, quien cuenta con la complicidad de varios de sus asesores, que se niegan a declarar ante la comisión de senadores.
Por otra parte, se presentan recursos legales para impedir el acceso a fuentes de información en la presidencia, y se puede decir que la lucha de las fuerzas trumpistas continúa y está presente, sin mostrar respeto por el fortalecimiento de la democracia.
En muchos de los países latinoamericanos –entre ellos Guatemala– vemos que las instituciones del sector justicia, así como aquellas que sirven de contrapeso para contrarrestar los abusos del poder, no gozan de independencia y responden a intereses particulares o de grupo.
En estos países –que no son pocos– seguramente un asalto a la democracia como el que se vio en Estados Unidos, habría logrado su objetivo. Por eso es importante que se respete la Constitución, que exista independencia entre los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y que las instituciones importantes, como la CC, el MP, o el TSE, no se dejen manipular.
Si aquella turba trumpista hubiera intimidados a senadores y congresistas, si las autoridades estatales y judiciales se hubieran dejado manipular, hoy estaríamos viendo el derrumbe de la primera democracia del mundo.
Nosotros tenemos una democracia que se hace cada vez más endeble, porque nuestros funcionarios de alto rango –magistrados, diputados, jueces, dirigentes políticos, etcétera– se encuentra más cómodos obedeciendo órdenes, que cumpliendo con su obligación y función al servicio de la democracia.
Hemos llegado a tal punto, que la Constitución se pisotea ante los ojos de todos, en un ejemplo de lo poco que les importa el país y la democracia. La prueba más clara es la falta de elección de magistrados a la Corte Suprema y salas de apelaciones. El caso es más grave de lo que se reconoce.