- El gobernante se reunió este martes con autoridades indígenas ancestrales y anunció las acciones contra el MP y la fiscal general
El presidente Bernardo Arévalo se reunió este martes en el Palacio Nacional con autoridades ancestrales indígenas para tratar el caso de la criminalización de parte del Ministerio Público (MP) en contra de líderes comunitarios y acordaron presentar un amparo contra esas acciones y exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Luego de la reunión, el mandatario se presentó junto a las autoridades Indígenas, el Gabinete de Gobierno y la vicepresidenta Karin Herrera, para hacer el anuncio oficial de lo acordado esta mañana, como respuesta a la captura de los exdirectivos delos 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, ambos en prisión, acusados de terrorismo y asociación ilícita, mientras que hay al menos tres ordenes de captura más, según informes oficiales.
El mandatario destacó que «la criminalización de Luis Pacheco y Héctor y Héctor Chaclán, la criminalización de autoridades indígenas y la criminalización de cualquier persona que defiende la democracia, los derechos humanos y que combate a la corrupción, es un ataque a todos los pueblos del país”. Además, señaló criminalización contra jueces, fiscales probos y periodistas independientes.
El amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia se realiza desde la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) en coordinación con las autoridades indígenas ancestrales, organizaciones de la sociedad civil, la Academia, el sector religioso y representantes de organismos internacionales.
Esta acción legal busca garantizar el debido proceso de los liderazgos de los pueblos indígenas criminalizados, proteger a los pueblos indígenas ante la clara inobservancia del MP de las normas nacionales e internacionales que protegen la organización social.
También busca que la Fiscal General, Consuelo Porras, observe el legítimo ejercicio de los liderazgo de los pueblos indígenas y que se declare la arbitrariedad de catalogar como actos terroristas esos actos legítimos de los pueblos indígenas.
En la conferencia de prensa intervinieron varios de los representantes de los
pueblos indígenas, quienes indicaron que «mantendremos una actitud de respeto, pero sin permitir más abusos» de parte del MP. «tenemos nuestra propia ruta decidida para tomar acciones y defender nuestros derechos», señalaron.
Pacheco y Chaclán eran presidente y tesorero de los 48 Cantones cuando se dio un movimiento popular de defensa de la democracia, durante los primeros intentos del MP por llevar adelante lo que se llamó un «golpe de estado judicial», para impedir que Arévalo asumiera la presidencia. Ese movimiento, que tuvo lugar a finales de 2023, fue liderado por los pueblos indígenas.
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Como ha ocurrido en otros casos emblemáticos sobre el actuar del MP, la fiscalía actuó en contubernio con la jueza Carol Patricia Flores, quien dictó prisión para los dos procesados.
Desde los resultados de la primera vuelta electoral en 2023, el MP inició una serie de investigaciones para probar un supuesto fraude –teoría que sostiene hasta la fecha–, pero nunca ha podido probar nada, mientras que todos los organismos nacionales e internacionales que participaron en calidad de observadores del proceso electoral, certificaron su limpieza y transparencia.
Entre octubre y diciembre de aquel año, el MP intentó vanamente demostrar sus teorías conspirativas sin éxito, pero desde entonces ha mantenido una actitud de hostilidad judicial hacia la administración del presidente Arévalo, y ahora contra las organizaciones indígenas que respaldaron la democracia en aquel momento y lograron que se respetara la voluntad popular expresada en las urnas.
La criminalización de casos por parte del MP ha alcanzado a lideres comunitarios, sociales, defensores de derechos humanos, jueces, fiscales y periodistas que han luchado en contra de la corrupción y la impunidad.