En cualquier país en donde el poder político se vuelve opresivo, cabe la frase: Para mis amigos todo, para mis enemigos, la ley. La oficiosa CC nos da muestras de eso aquí.
Gonzalo Marroquín Godoy
Es una frase que se hizo famosa durante las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, pero no se le puede atribuir específicamente a alguien. Algunos mexicanos dicen que fue Benito Juárez quien la dijo, aquí se piensa que pudo haber sido Jorge Ubico y en Argentina, Juan Domingo Perón tuvo una expresión parecida. En todo caso, el tema no es quién lo dijo, sino el sentido que tiene y lo que ocurre en pleno siglo XXI, especialmente en Guatemala.
Puede ser que por cautela o vergüenza no lo digan en palabras, pero hay muchos gobernantes autoritarios que tienen esta frase como filosofía en su pensar, sentir y actuar. De hecho, la practican todos los déspotas que llegan al poder y no reconocen los principios democráticos, entre ellos, la tolerancia.
En Cuba, Fidel y luego su hermano Raúl no tuvieron empacho en aplicarla a cabalidad y su sucesor, Miguel Díaz Canel, sigue sus pasos. Hugo Chávez heredó esa actitud a Maduro, pues en Venezuela no se permiten las voces disonantes desde hace dos décadas y en Centroamérica se está volviendo una práctica dominante.
El dictador Daniel Ortega metió a la cárcel a todos sus críticos y posibles opositores en las pasadas elecciones, para luego expulsar oenegés a diestra y siniestra para evitar cualquier tipo de oposición. Hasta curas y religiosas fueron expulsados porque sus mensajes humanitarios desnudan al régimen.
El Salvador cuenta con el presidente más popular de Latinoamérica, pero en la otra mano, Bukele ha tomado el control del sistema de justicia y lo utiliza a su conveniencia. Los opositores pagarán caro cuando empiece a usar la ley como herramienta represiva.
Y llego a nuestro país. En Guatemala se ha creado una alianza oficialista, que terminó con la independencia del sistema de justicia. Se dice y se repite, pero pocos ponen atención a la gravedad de lo que vivimos. Los hechos lo confirman. No estamos exactamente como Nicaragua, pero estamos peor que El Salvador.
Nadie puede defender o negar que esa alianza perversa controla los tres poderes del Estado y todas las instituciones que contempla la Constitución para el funcionamiento de la democracia. Claro, la Constitución establece que debe haber independencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el poder Judicial, cosa que no sucede.
Ya dije en columnas anteriores que la alianza oficialista desbarató la independencia del sistema de justicia. De manera sumisa, uniforme y desleal con la población, es el actuar de la Corte de Constitucionalidad (CC), la corte Suprema de Justicia (CSJ), la mayoría de tribunales y salas de apelación, el Ministerio Público, el TSE y muy pronto, la PDH.
De la misma manera que la fiscal general, Consuelo Porras tuvo que tirar la máscara de la justicia cuando se decidió la persecución penal de fiscales y jueces, la CC no ha podido mantener la suya por mucho tiempo. Es claro que cuando recibe un caso en el que se involucra a alguien de la alianza lo debe proteger, mientras que cuando es alguien independiente, pues le aplica todo el peso de la ley.
El lunes pasado se dieron dos casos que muestran de cuerpo entero a la institución llamada a ser el máximo organismo de la justicia y fiel defensor de la Constitución: la CC favoreció a la magistrada Vitalina Orellana (CSJ), para que no se le pueda investigar por el caso Comisiones Paralelas 2020, precisamente por el mismo caso que Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel, por considerarla corrupta y antidemocrática.
Aplicaron el refrán popular: entre bomberos –en este caso aliados– no nos machucamos la manguera. Y la salvaron de un proceso que, en última instancia, de todas formas hubieran ganado por el control que se tiene de jueces y magistrados.
El mismo día, la CC resolvió no concederle amparo provisional al juez independiente Miguel Ángel Gálvez, acusado de manera espuria por la Fundación Contra el Terrorismo, también parte de la alianza oficialista. Gálvez con amplio respaldo de instituciones que defienden la independencia de los jueces, debe ahora responder en antejuicio ante un juez pesquisidor, parte de la misma trama oficiosa.
Para los aliados, la impunidad; para los independientes, el peso de la injusticia.
La magistrada –además ilegítima– Orellana es señalada internacionalmente de conspirar para la obstrucción de la justicia; el juez Gálvez es reconocido por su independencia incluso por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Es posible que el presidente Alejandro Giammattei piense que su viaje a Ucrania le ganará simpatías con Washington para que ya no incluyan a mas de sus aliados en la Lista Engel. Sin embargo, es evidente que cada vez más los guatemaltecos abren los ojos. Por eso, por la desbocada corrupción, la falta de políticas adecuadas en materia económica, de educación, salud e infraestructura, es que su nivel de aprobación está por los suelos.