- Por un error involuntario –aunque muy delicado–, en la revista correspondiente al mes de enero, se consignó como exministra de Salud del presidente Giammattei a Flora de Ramos, cuando lo correcto es Amelia Flores
En la revista Crónica del mes de enero se cita equivocadamente en dos ocasiones a Flora de Ramos, exministra de Comunicaciones de Alfonso Portillo, como ex ministra de Salud Pública del presidente Alejandro Giammattei, por lo que se hace la aclaración correspondiente, con las disculpas para la familia de la exfuncionaria y a nuestros respetables lectores, a los que nos debemos.
La número de la revista Crónica está enfocado principalmente en la negociación y contrato que se llevó a cabo para la compra de las vacunas rusas Sputnik V durante la pandemia por Covid-19, bajo la responsabilidad de la ministra de Salud, Amelia Flores, y no Flora de Ramos como se consigna en la publicación. Cabe mencionar que la exministra Ramos no tuvo ninguna tacha como servidora pública.
La confusión en los nombres no fue detectada en el proceso de corrección, por lo que se hace la presente aclaración. A continuación, el editorial de la revista con la debida corrección en el nombre de la exministra. Nuevamente, nuestra una disculpa pública ante la familia y nuestros lectores.
EDITORIAL: Falta de transparencia oculta la corrupción
No es nada nuevo escuchar que la corrupción siempre ha existido, un argumento innegable que, sin embargo, no debe provocar que se deje de luchar contra ese mal enraizado profundamente en la vida política nacional, como se ha podido comprobar durante los últimos tres gobiernos.
Tras la opaca salida del cargo del presidente Alejandro Giammattei se abre un espacio de cambio de actitudes y políticas por parte de la nueva administración de Bernardo Arévalo, quien llegó al poder gracias a su discurso anticorrupción, una promesa que se convierte ahora en obligación para cumplir con la voluntad popular expresada en las urnas.
El mejor ejemplo de la forma en que la opacidad facilita la corrupción es el caso polémico de la compra de las vacunas Sputnik V a un intermediario ruso, marcada desde su inicio por irregularidades –que en realidad son ilegalidades–, las cuales se destaparon cuando se filtró información sobre el contrato que el gobierno anterior se negó a divulgar, alegando confidencialidad.
Este puede resultar un caso paradigmático para ver el rol que ha tenido el Ministerio Público (MP) en un caso que costó al Estado cientos de millones de quetzales, sin olvidar que, con todo lo actuado por el ministerio de Salud, se jugó con la salud del pueblo de Guatemala. Se perdió una cifra millonaria, pero peor aún, es posible que se hayan perdido vidas humanas, o al menos, se pusieron en peligro.
En su momento se filtró el citado contrato y fue publicado por el desaparecido diario elPeriódico. En aquel entonces, la fiscal general, Consuelo Porras, indicó que se investigaría el caso, pero en la práctica no hubo tal investigación. De hecho, lo que principió fue un claro encubrimiento, que más tarde se ha vuelto evidente.
El propio Giammattei se escuda detrás de esa vergonzosa confidencialidad, como si un gobierno pudiera esconder negocios públicos al pueblo. Pero lo que en realidad se trata de esconder del escrutinio social y político, es que la negociación realizada por la ministra Amelia Flores, con la complicidad de la presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN) fue algo lesivo para los intereses –¡y la salud!– de los guatemaltecos.
Mientras el MP se hacía de la vista gorda, Estados Unidos ha señalado con claridad diáfana que Miguel Martínez, pareja sentimental de Giammattei, solicitó soborno por dicha compra de vacunas, y luego se le ha retirado también la visa al exmandatario, aunque no se sabe si la causa es la misma por la que fue sancionado fuertemente el antiguo director del Centro de Gobierno, por cierto, un cargo creado especialmente para esa persona.
Señalamos que es un caso paradigmático, pues el presidente Arévalo intenta promover la salida del cargo de la fiscal Porras, quien se aferra al mismo a pesar del clamor popular por verla fuera del Ministerio Público para que cese el encubrimiento de delitos y la persecución espuria de fiscales, periodistas y jueces que han actuado en contra de la corrupción.
Es a partir de este caso, aunque hay muchos más, que se hace evidente la justificación para que Porras no continúe a cargo. Si no se logra su salida, el reino de la impunidad que ha imperado y ella promueve, continuará floreciendo.