Altas tasas de interés, intereses sobre mora, cuentas que los usuarios no se explican y el acoso son algunas de las quejas que se escuchan sobre las tarjetas de crédito. Ahora, una ley ya aprobada y publicada, está a punto ded entrar a normar el funcionamiento de este medio de financiamiento.
Estuardo Gasparico M.
egasparico@cronica.com.gt
Al igual que ha ocurrido en otros países, luego de varios años de operar sin regulación específica, los bancos deberán ahora apegarse a la nueva legislación aprobada por el Congreso de la República.
La ley contempla varios aspectos para proteger a los usuarios, pero la polémica no ha terminado y seguramente llegará hasta la Corte de Constitucionalidad (CC).
El tema medular es el límite a las tasas de interés, pero también se contempla que no se abuse en el cobro –acoso–, y que las cuentas que se hagan a los tarjetabientes sea claro y sin costos escondidos que muchas veces se acumulan, sobre todo, cuando se cae en mora.
La explicación de los emisores es que se protegen por el riesgo que implica conceder crédito por medio de las tarjetas de crédito. Ahora todo eso debe cambiar.
El reporte de abusos por parte de usuarios, fue lo que provocó que diputados al Congreso de la República -en un inusitado y extraño interés por aprobar leyes con un supuesto beneficio social- quisieron evitar y penalizar, al aprobar una iniciativa de ley presentada inicialmente por el congresista Luis Alberto Contreras y enviada luego al Presidente Alejandro Maldonado, quien la sancionó y ya fue publicada en el diario oficial, para entrar en vigencia el 8 de marzo próximo.
Las medidas aprobadas
Como era de esperarse, el Pleno del Legislativo se convirtió en una ‘caldera del diablo’ durante la discusión de los artículos, pero al final de cuentas, se aprobó que las tasas de interés anual no excedan el doble del último valor de la tasa de interés anual activa promedio ponderada del sistema bancario, que pare este año se calcula en 13 por ciento. Es decir que los emisores de tarjetas no tendrían que cobrar más de 26 por ciento anual en concepto de réditos.
Además, tampoco podrán capitalizarlos, cobrar comisiones, servicios adicionales ni otros cargos, lo que deberá ser vigilado por la Superintendencia de Bancos (algo que debería haber hecho desde hace muchos años).
Por último, si de todas maneras el deudor no tiene capacidad de pago (lo que debe ser fehacientemente establecido antes de otorgar una tarjeta), el emisor estará obligado a conceder un convenio de pago, según la situación económica del cliente.
Como «guinda de pastel» se creó la figura del delito de clonación de tarjetas, con sanciones de multas y prisión.
Airada reacción
La ley aún no se había aprobado aun, cuando la Asociación de Medios de Pago de Guatemala (AEMPG), que agrupa a quince emisores de tarjetas de crédito que operan en el país, decidió pronunciarse y advertir que con el nmunevo marco legal, más de medio millón de personas se quedará sin ese medio de pago.
Aquellos que tengan un ingreso mensual inferior a Q12mil no podrán contar con una tarjeta, pues el costo de servicio a este segmento de usuarios es superior al límite de tasa que se pretende imponer, aseguró Juan Bernardo Rivera, presidente de la AEMPG.
Agregó que las restricciones de financiamiento obligarán a eliminar beneficios a los tarjetahabientes, como los programas de lealtad, de millas, puntos y descuentos, así como el pago por cuotas sin intereses (pagos precios de contado).
De hecho, actualmente el 20 por ciento de compras con tarjeta de crédito se realizan por cuotas, por lo que las ventas en los comercios también se verán reducidas y el impacto negativo no sólo tocará a los usuarios, sino que también afectará a las arcas del Estado, dijo.
A su juicio, al cancelarse medio millón de tarjetas, se reducirá el consumo anual por un monto de Q10 mil millones, lo cual disminuirá en Q1,500 millones anuales los ingresos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con su consecuente impacto negativo en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Defensa «técnica»
Hace poco, la AEMPG y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentaron el estudio Estructura del mercado de tarjetas de crédito, identificación y caracterización del mercado relevante y perspectivas futuras».
En resumen, lo expuesto por el economista Hugo Maúl indica que a partir del desarrollo y modernización del sistema financier se generan beneficios que van desde la reducción en tiempos y costos para realizar transacciones, hasta el increment en opciones de ahorro y fuentes de financiamiento.
No obstante, para muchos, tener acceso al sistema finaciero formal aun no es realidad. Según los datos de inclusion financier recopilados por el Banco Mundial, el 14 por ciento de los guatemaltecos adultos solicitó un préstamo formal el año pasado y
Únicamente el 10 por ciento ahorró en una institución financier en el mismo periodo.
Para que el sistema financiero se siga desarrollando y sus beneficios alcancen a más guatemaltecos, es necesario que diversos factores empiecen a converger, los que van desde la existencia de fuentes de ingresos constantes para las familias, educación financiera, una mayor presencia de las instituciones financieras en todo el país y la vigencia de un marco legal robusto que establezca claramente las reglas del juego bajo las cuales, interacúan tanto los proveedores, como los usuarios.
Agregó que el uso de las tarjetas de crédito ha aumentado cada año, es poco lo que se conoce acerca de su tamaño relative dentro del mercado financiero local y las características especiales de los servicios que ofrece, lo que da pie a una serie de mitos que no permiten dimensionar el tipo de presiones competitivas y los desafíos que afronta este sector. Resultado: los intentos por establecer controles legales y de regular su funcionamiento a partir de percepciones.
Por lo tanto, y con el apoyo del expresidente del Banco de Guatemala (Banguat), Lizardo Sosa, concluyó en que cualquier actividad económica debe ser autónoma, por lo que controlar el mercado de tarjetas de crédito es antitécnico, desincentivará el consumo y miles de pesonas verán restringido el acceso al crédito rápido. La polémica apenas principia.