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A cuatro semanas del balotaje, el oficialismo no cede y la incertidumbre persiste

23 julio, 2023
Crónica
  • Con protestas populares contra las acciones ilegales de parte del Ministerio Público (MP) y del juez Fredy Orellana, el proceso electoral sigue su marcha incierta sobre los pasos que piensa tomar el Gobierno, que controla al sector justicia.

Dentro de cuatro semanas exactas, más de 9 millones de guatemaltecos están convocados para acudir nuevamente a las urnas y decidir entre el continuismo de un sistema corrupto que representa Sandra Torres (UNE) y el cambio que llegaría con Bernardo Arévalo, un candidato que surgió de la nada en la primera vuelta y que ahora cuenta con respaldo de amplios sectores de la población.

Este domingo los simpatizantes de Semilla, a los que se suman los opositores al oficialismo y censuran las acciones del MP, harán una marcha de flores, para demostrar que piensan defender pacíficamente la democracia. Otros sectores han convocado para iniciar un paro nacional este lunes.

El MP, a cargo de Consuelo Porras, ha designado a la Fiscalía Contra la Impunidad (Feci), para que se lance en contra del partido Movimiento Semilla de Arévalo, el cual pretende suspender para que quede fuera de la contienda, aunque juristas y la propia Corte de Constitucionalidad (CC), han dicho que la suspensión de la personería jurídica ordenada por el juez Fredy Orellana contravienen la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Aunque la alianza oficialista ha dado muestras de fracturas internas, la presión del MP para impedir que se celebre la segunda vuelta electoral el 20 de agosto no cesan, como tampoco el malestar popular y de la comunidad internacional, que ven en peligro la endeble democracia de Guatemala.

La alianza oficialista, encabezada por el presidente Alejandro Giammattei, ha visto como algunos de sus principales actores durante los últimos tres años marcan distancia y no avalan la estrategia de impedir las elecciones, lo que vendría a dar un severo golpe a la democracia guatemalteca.

El TSE, aunque a veces sin la contundencia necesaria en este caso de ilegalidad, ha dado un paso al lado de la alianza oficialista y han sostenido que la segunda vuelta entre Torres y Arévalo debe realizarse. La CC, por su parte, primero defendió la celebración de la elección en segunda vuelta, pero ayer negó un amparo al propio TSE, que pretendía garantizar la celebración del balotaje.

Los analistas comparan esta crisis con el fallido golpe de Estado que en 1993 intentó dar el presidente Jorge Serrano, al decretar el cierre del Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la propia CC.

Hasta hace dos meses, la CC y el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) eran vistos como parte de la alianza oficialista, lo mismo que el sector empresarial organizado bajo el CACIF, pero tras los resultados de la primera vuelta y las acciones del MP para impedir que el proceso democrático continúe, se ha visto un fraccionamiento de la alianza.

Malestar e ingobernabilidad en aumento

Aunque el presidente Alejandro Giammattei ha desaparecido del primer plano noticioso y pretende mantenerse ajeno a las acciones del MP, el malestar popular se enfoca en su administración, que a partir de mañana deberá decidir el rol que juega en las protestas.

Lo que se demanda desde la mayoría de la población, es que se respete la ley y se lleve a cabo la segunda vuelta electoral. Nunca antes desde las elecciones generales de 1985 se había producido una acción similar para intentar romper, incluso, el orden constitucional y legal del país.

En las redes sociales se ha montado toda una campaña de desinformación por medio de los netcenter del oficialismo y sus aliados –entre ellos la Fundación Contra el Terrorismo (fundaterror), mientras que Semilla intenta contrarrestarla destacando las falsedades que circulan.

El tono de las protestas ha subido y en los últimos manifiestos se exige al presidente Giammattei que destituya a la fiscal Consuelo Porras y que luego se haga lo mismo con el fiscal Rafael Curruchiche. También se pide a la CSJ la destitución del juez Orellana, que es el único que aceptó emitir órdenes de captura contra personas de Semilla y la sub directora del Registro de Ciudadanos.

Curiosamente los tres personajes tras la criminalización contra Semilla forman parte de la Lista Engel, emitida por Estados Unidos para sancionar a personas que son consideradas «corruptas y antidemocráticos» en los países centroamericanos (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua).

El MP y las resoluciones judiciales son vistas como algo ilegal, solamente comparable con lo que se ha visto en procesos electorales en Nicaragua e incluso en menor grado en Venezuela.

(Foto superior de Prensa Comunitaria)

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