La pregunta que podemos hacerles a los vecinos de municipios como Guatemala, Villa Nueva, Chinautla, Mixco, Quetzaltenango o San Pedro Soloma, en Huehuetenango, es: ¿saben cuál es el sueldo que gana el alcalde de su localidad? En todo el país se dice que las corporaciones municipales esconden bajo siete llaves lo que ganan sus autoridades edilicias.
Álvaro Alay
Con gran recelo, los jefes ediles guardan en secreto su salario, pese a que la Ley de Acceso a la Información los obliga a hacerlo público, pero esto se debe en mayor parte a la suma que devengan estos funcionarios municipales, debido a que el Concejo de cada comuna es quien les entrega un pago mensual sin criterios específicos, sueldos que en algunos casos superan los Q70 mil.
Al estilo de una empresa privada, el Concejo decide cuánto se le dará mensualmente al jefe edil; sin embargo, en esta designación presupuestaria no se toman en cuenta criterios de desempeño laboral, mucho menos las condiciones de la empresa; es decir, la situación de precariedad que viven algunas comunas.
En este sentido, se pueden observar municipios con grandes falencias, que van desde carencia de agua y problemas con la extracción de basura hasta calles de terracería, y pese a estos grandes inconvenientes que viven los vecinos, el jefe edil goza de un sueldo que pocos conocen, por hermetismo que el alcalde genera en ese tema, ya que no se hace público aunque esto sea normado por la Ley.
Cuando han salido a luz lo que devengan algunos alcaldes, no por voluntad de las autoridades ediles, sino más bien por presiones ciudadanas o de los medios de comunicación, se evidencia que son sueldos exorbitantes para una nación pobre y con grandes limitaciones económicas.
De esa cuenta, en una ocasión al salir de la Casa Presidencial, el exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano –ahora en prisión preventiva por casos de corrupción– tenía un proceso de antejuicio, por un cheque que giró a nombre del alcalde de San José del Golfo, y al preguntársele sobre el proceso legal indicó: Entendería yo que con mi dinero puedo hacer lo que me dé la gana. Yo tengo un salario de Q70 mil y si le di un cheque de Q150 mil o Q300 mil es de mi propio dinero.
Ese salario es similar al que dice devengar Álvaro Arzú al frente de la Municipalidad de Guatemala. Este asciende a Q23 mil 169, más gastos de representación de Q10 mil. Por disposición legal y reglamentaciones municipales, cuenta con otros ingresos en concepto de dietas por participar en todas los sesiones del Concejo y en las de las juntas directivas de Empagua y Emetra, las cuales preside. Sumado todo lo anterior hace un total de Q75 mil 969. Así lo asegura en una carta que hizo pública, pero, como ocurre con otras comunas, esta información no puede ser corroborada con la información pública de oficio que debe darse a conocer en la página web de la alcaldía.
A ellos se añade Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva, quien asegura que tiene un salario de Q30 mil y un bono de Q3 mil, aparte de sus gastos de representación, que pueden llegar hasta Q20 mil, y dietas de Q4 mil por sesión.
Cuando bien me va, gano más de Q60 mil mensuales, dijo recientemente en una entrevista que le hizo Crónica. Además, en esa ocasión afirmó que hay personas que consideran que debería de ganar Q80 mil o más.
Otro jefe edil que fue polémico por las fiestas que daba a los vecinos –entre ellas el cierre de campaña, en la participó la actriz mexicana Ninel Conde– y que se triplicó el sueldo fue el mixqueño Otto Pérez Leal, quien mantuvo un salario base de Q35 mil, más Q3 mil de dieta por cada sesión y Q25 mil de gastos de representación, lo que sumado superaba los Q80 mil.
Hermetismo total
Los sueldos de los alcaldes citados son solo casos aislados, pues la mayoría mantiene bajo llave esa información, a pesar de que la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a las comunas a dar a conocer y tener disponible en todo momento en sus portales electrónicos los salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económicas del jefe edil y los demás empleados municipales; sin embargo, esto no se cumple o se da a conocer a medias.
Esto sucede porque las páginas web de los municipios no brindan detalles de los salarios que gana cada jefe edil, dietas y gastos de representación, aunque la negativa de brindar esta información tenga sanción penal que va de uno a tres años de prisión.
Nuria Mejía, investigadora del Instituto por la Democracia de la Coordinadora de Cooperativas y ONG de Guatemala (Congcoop), lamenta que los ediles no hagan público su sueldo y que argumenten que no efectúan esto por temor a la delincuencia y los secuestros.
En realidad, no lo hacen público porque ellos reconocen, en lo más profundo, que están mal, porque somos un país donde hay pobreza o pobreza extrema, comparte Mejía.
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, indica que se trabaja en un plan en conjunto con la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público para sancionar ejemplarmente a los alcaldes que incumplen, por lo que no descartan la persecución penal, porque están violando una ley.
Hasta el momento se está definiendo un sistema de monitoreo para ver que las páginas web de las instituciones, entre ellas las comunas, cumplan con lo que estipula el artículo 10. Esto surge de la Mesa Nacional por la Transparencia, la cual ha sustituido a la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico.
Desafortunadamente, las municipalidades, escudándose en la autonomía, cometen muchos abusos. Esto porque no hay un plan maestro nacional que oriente la inversión pública, pero los municipios gastan en lo que se les da la gana, y el país necesita cierta direccionalidad en la inversión pública, y hace falta eso para que los municipios no lo gasten en lo que les da la gana, asegura Marroquín.
Sin regulación ni criterios
El Código Municipal no fija criterios para definir el monto del salario, dietas y gastos de representación del alcalde y lo deja a discreción del Concejo, que por lo general responde a los intereses personales del jefe edil.
Luis Mario Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre Estado (ISE) de la Universidad Rafael Landívar (URL), considera que es un tema que no está regulado, y que ha llegado a un grado de discrecionalidad demasiado amplio, en el que el alcalde y su concejo deciden montos salariales y dietas. En general, no corresponde a las capacidades municipales y su realidad, y por ello debería normarse, manifiesta el experto.
En principio, agrega Martínez, debería ser la Oficina Nacional de Servicio Civil la que diera criterios en coordinación con la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala. Ello tomando en cuenta que es un servicio público que debe regirse por las capacidades de ingresos de las municipalidades, por lo que se debería crear un estándar, porque de lo contrario se generan desproporciones entre municipios, como ya existen en la actualidad.
En ese sentido, el ranquin de la gestión municipal 2013, elaborado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), señala que existe una debilidad en la autonomía financiera de las comunas, debido a que casi no generan ingresos propios. De esa cuenta, enfatiza: Más de la mitad de las municipalidades dependen entre el 90 por ciento y 99 por ciento de las transferencias del gobierno central para el financiamiento del ejercicio de su gobierno.
En esa línea, Luis linares, analista e investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, asegura que lo poco que se conoce sobre los salarios de los alcaldes evidencia que no son acordes con la realidad de pobreza del país ni con los sueldos del mercado en el sector privado.
Asimismo, recuerda que en el Código Municipal anterior a 1985 existía una limitación, la cual indicaba que el incremento de sueldo de alcalde y dietas solo tenía vigencia para la siguiente administración; es decir, no lo disfrutaba quien lo aprobará –salvo que fuera reelecto– y eso desmotivaba esta práctica.
El ejercicio de la autonomía implica responsabilidad y autocontrol, que significa también tener moderación en el uso de los recursos municipales, especialmente cuando se trata de asignarse un salario. Debería de haber una ley de organización pública que estableciera los topes salariales para toda la administración pública centralizada o descentralizada, para que no se tengan abusos en los Concejos, así como en el Congreso, subraya Linares.
Renzo Rosal, analista político, rememora que en algún momento se habló de la creación de una ley de servicio civil municipal, pero no ha habido ningún tipo de intención de diputados, menos de alcaldes, para promover esa iniciativa, la cual permitiría al menos normar los perfiles de empleados municipales, y a partir de eso crear una reglamentación para que haya salarios acordes con la realidad.
Corrupción local
Si la mayoría de los alcaldes son opacos a la hora de dar a conocer cuánto ganan, qué se puede esperar de la rendición de cuentas sobre cómo gastan los millonarios recursos públicos que administran.
Recientemente, la diputada de Encuentro por Guatemala Nineth Montenegro dio a conocer que el año pasado se pagaron 158 proyectos incluidos en el Listado Geográfico de Obras y que el monto fue de Q73.1 millones; sin embargo, no existió avance físico en su ejecución.
Del total de proyectos inconclusos, 142 –89.9 por ciento– estaban a cargo de las comunas en 19 departamentos del país. Entre las obras pagadas, pero no realizadas, se encuentran el mejoramiento de calles, introducción de agua entubada, construcción y ampliación de escuelas, conservación de caminos rurales y programas educativos.
A finales de 2014, el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción dio a conocer que en 17 meses recibieron 460 denuncias, y de ellas el 76 por ciento –alrededor de 350– correspondía a actos de corrupción en alcaldías en casos como construcción de obras, adjudicación de proyectos de infraestructura, malversación de fondos, abuso de autoridad, tráfico de influencias o cobros ilegales.
Martínez, investigador del ISE de la URL, indica que la corrupción en las comunas es un fenómeno que desde hace muchos años va creciendo y abarca desde el manejo de los ingresos del presupuesto de la nación y municipales hasta el tema de autorizaciones y regalías.
Asimismo, asevera que el reto es mejorar el trabajo de auditoría social que realizan los vecinos, pues hay ejemplos donde se ha logrado detener la inscripción de alcaldes en el proceso electoral para su reelección. Además, es importante que cuando se conozca de actos de corrupción se denuncien en la Contraloría General de Cuentas.
Martínez aboga para que se sancione a las comunas que no cumplen con colgar en sus portales la información que ordena la Ley de Acceso a la Información Pública.
El acceso debe ser sin obstáculo para ciudadanos que buscan fiscalizar. La Anam debería ser un mecanismo que contribuya a combatir la corrupción; puede ayudar con el tema de capacitación y mejora de los servicios de información, concluye Martínez.
Cristhians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de Universidad de San Carlos de Guatemala, asegura que existe corrupción municipal, y que debido a ello la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha pedido que se investigue a las comunas.
Creo que la Contraloría General de Cuentas, al hacer las auditorías aleatorias, ha ido destapando escándalos que terminan desarticulando estructuras, como la del alcalde de Antigua Guatemala Adolfo Vivar. Si así se hiciera en buena parte de las comuna,s se encontrarán indicios, subraya Castillo.
Mejía, de Congecoop, manifiesta que se ha observado que en las municipalidades hay muchos sectores que están involucrados como contratistas, que compran voluntades para la adjudicación de proyectos. A veces se enriquece solo el jefe edil o todo el concejo.
Deficiente gestión municipal
El problema se agrava porque, además del hermetismo sobre los salarios que devengan los alcaldes y los altos niveles de corrupción en las alcaldías, existe deficiencia en la administración municipal e irresolución de los problemas más grandes de las comunidades.
El ranquin de gestión municipal 2013 de Segeplan concluye que el 68 por ciento de comunas obtuvieron una calificación baja en el tratamiento de aguas residuales y el 73 por ciento también tuvo una mala calificación en el tratamiento de desechos sólidos, por lo que hace una llamado para que los gobiernos locales realicen esfuerzos para mejorar estas materias reprobadas.
Vale la pena resaltar la extrema vulnerabilidad a la que se expone la población guatemalteca por la falta de gestión en estos dos importantes servicios públicos, que tienen repercusión directa en el bienestar y calidad de vida, asevera el informe de Segeplan.
Además, destaca que ninguno de los municipios de la Nación logra altas calificaciones en el indicador de gestión estratégica, y que es este punto el que presenta mayor rezago en el momento de hacer la evaluación.
Este estancamiento sucede porque 300 administraciones municipales no utilizan los instrumentos de gestión existentes de forma adecuada, para una planificación estratégica y operativa de su territorio, asevera la investigación.
Las páginas web de las comunas no dan a conocer el detalle y el monto real de los sueldos que devegan los alcaldes, a pesar de que están obligadas por la Ley de Acceso a la Información Pública.
La mayoría de actos de corrupción municipal ocurre en la construcción y adjudicación de obras de infraestructura.
El pasado 9 de febrero, la diputada Nineth Montenegro denunció que en 2015 se pagaron 158 proyectos inconclusos por un monto de Q73.1 millones y que, de estos, 142 estaban a cargo de comunas.