Varias organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Convergencia por los Derechos Humanos mostraron su preocupación ante la no juramentación de Gloria Porras como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Congreso de la República, indicando que la togada enfrenta “un riesgo tangible”.
Es de mencionar que Porras no pudo asumir un nuevo período en la máxima corte del país debido a un amparo provisional que emitió la Sala Primera de lo Contencioso contra el Consejo Superior Universitario (CSU).
Ante ello, las organizaciones firmantes indican que “al frenar la decisión de juramentarla, el Congreso de la República coloca a Porras en una situación de indefensión, dado que múltiples acciones legales se han presentado en su contra y pueden escalar a una persecución política por sus decisiones en la Corte”.
Asimismo, responsabilizaron al ministerio de Gobernación sobre la seguridad e integridad física de la magistrada y hace un llamado al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas a garantizar los derechos fundamentales de Porras.
En el pronunciamiento, Convergencia recuerda que la magistrada ha sido criminalizada por actuar con “firmeza”, poniendo freno a los intentos de los poderes del Estado por desarticular los avances de la justicia y la lucha anticorrupción.
“Además, enfrenta múltiples críticas por su compromiso con desarrollar un precedente constitucional orientado a proteger los derechos de los pueblos indígenas y a garantizar su participación en el desarrollo del país”, manifestaron.
Por ello, recalcaron que, al perder su inmunidad, las más de 20 acciones “espurias” que existen contra la togada tienen mayores posibilidades de avanzar, aunado a las campañas de ataque y desprestigio en su contra., además, que su vida, integridad y derecho a un juicio justo se encuentran en peligro inminente.
Por último, solicitaron a la comunidad internacional “estar atenta a este proceso de ilegalidades que atentan contra el Estado de Derecho vigente y constituyen una muestra clara del grave retroceso democrática y de derechos humanos que sufre la población guatemalteca”.