Conflictividad social, Presupuesto, corrupción, juicios de alto impacto, crisis política, protestas, inseguridad ciudadana, caos hospitalario y complejo inicio de clases son apenas algunos de los problemas a la vista. El nuevo año se presenta con retos y oportunidades para Guatemala. El jueves 14 de enero habrá nuevo presidente y nuevo gobierno, el cual deberá enfrentar –junto a la sociedad– enormes desafíos políticos, sociales y económicos. La tarea no es fácil, pero tampoco imposible.
Redacción CRÓNICA
La tarea en este nuevo año no es fácil. Guatemala y su nuevo gobierno, encabezado por Jimmy Morales, deberán enfrentar una serie de problemas –algunos de ellos acumulados–, para evitar que 2016 transcurra en medio constantes brotes de crisis que impidan el avance necesario en materia socioeconómica y se vean resultados concretos.
La expectativa de la población es tan grande que puede convertirse en obstáculo en muy corto plazo, aunque acciones prontas y directas en la lucha contra la corrupción y la impunidad podrían dar el respiro necesario a la nueva administración.
El reto inmediato será presentar un equipo de trabajo –ministros y cuadros altos y medios– de buen nivel, sobre todo sin tachas de honorabilidad. Quedar bien con todos será imposible, pero el balance debe ser altamente positivo, o las penas del nuevo mandatario principiarán demasiado pronto.
La lista de retos es grande. Los analistas esperan pronto el brote de conflictividad social, un pulso entre el Legislativo y el Ejecutivo, así como demandas de mejoras en hospitales y el sector de educación, mientras se esperan acciones concretas para asegurar mayor transparencia en el Estado, y así evitar que continúe el saqueo de las arcas nacionales.
A lo largo del año se verá también otro pulso, entre la clase política y la Justicia. Todos los casos de corrupción que destaparon en 2015 la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público llegarán a juicio este año. La presión para que no haya condenas será enorme, según apuntan los analistas y expertos en temas políticos.
Y si a todo eso se le suma la inseguridad ciudadana, la falta de recaudación tributaria, un Presupuesto mal elaborado y peor aprobado, el panorama no puede ser halagüeño, lo que demandará del presidente Morales gran capacidad de acción, negociación y, sobre todo, mantenimiento de la credibilidad ante una población que espera mucho, y seguramente aguantará muy poco.
El sector de la salud vivió a finales del año anterior una de sus peores crisis en la red hospitalaria. Todos saben que hay gran corrupción en la compra de medicinas, pero poco se ha hecho para resolver el problema y encontrar un sistema diferente y más controlado para estas negociaciones.
El abastecimiento en los hospitales se normalizó parcialmente, pero la crisis queda latente para las nuevas autoridades. En educación (ver análisis en esta misma edición) no pasará mucho tiempo antes de que la figura de Joviel Acevedo vuelva a la palestra, con el fin de presionar a las nuevas autoridades.
La decadente infraestructura de escuelas e institutos, mala organización del magisterio y falta de recursos para útiles y refacción escolar son apenas algunos de los problemas que se repetirán este enero.
En cuanto a seguridad, se debe retomar el control del Sistema Penitenciario, para evitar que una trifulca se convierta en masacre, con un hacinamiento que ha sobrepasado los límites lógicos y en el que un guardia asume la dirección, por falta de liderazgo de la cartera para nombrar a alguien con capacidades y experiencias.
Opinión de analistas
Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que el Gobierno encontrará una gran cantidad de demandas de recursos, pagos de salarios y prestaciones comprometidas en pactos colectivos, gastos que absorberán la mayor parte del presupuesto y con deudas de arrastre con miles de proveedores y contratistas, lo que constituye un problema adicional y prioritario que atender. En este sentido, resalta que habrá demasiadas presiones para el novel equipo de Morales.
Algunos analistas guardan algo de optimismo, como Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien ve como ventaja que Jimmy Morales no haya hecho promesas de campaña, aunque se reconoce que deberá responder al clamor que existe por mayor transparencia en las compras y contrataciones del Estado.
En donde se miran más nubarrones –con consecuencias en otras áreas– es en el campo político, el cual demandará cintura y habilidad por parte del nuevo gobernante, sobre todo por la relación que debe tener con el Congreso, donde cuenta con una bancada oficial débil y sin experiencia, sumida en un mar de viejos lobos a los que no les interesa que el Gobierno tenga éxito.
Ricardo Barreno, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, considera que Morales tiene un panorama bastante complicado e incierto, aparte de que se encuentra sin la fortaleza partidaria pertinente, lo que se puede traducir en un hándicap significativo para su gestión y dificultades para hacer frente a los retos.
Me parece que mientras más fortaleza en el Congreso se tenga, mayor capacidad de negociación y cabildeo se puede lograr, sobre todo si quiere aprobar leyes en temas puntuales como salud, educación, entre otros, señala el experto.
A estos inconvenientes habrá que sumar las presiones ciudadanas y de sectores, los que exigirán resultados inmediatos. En este sentido, todos creen que Morales y su equipo no gozarán de los tradicionales 100 días de beneficio de la duda, de los que otros gobernantes han gozado en el pasado. La tolerancia será menor esta vez, según estimaciones.
En ese tiempo, aunque no se vean acciones claras, sí se exigirá voluntad y capacidad política. Una vez estando en el Gobierno, uno de los principales desafíos que enfrentará son los conflictos sociales, porque debe tener la capacidad de mediar y dar estabilidad. Me parece que Morales no será la excepción a la regla, porque no cuenta con experiencia política ni pareciera tener las capacidades técnicas, manifiesta Barreno.
El retraso en el anuncio del nuevo Gabinete abre también un frente inmediato, porque la lluvia de críticas que se pueden generar serán el banderazo de salida para medir a la administración.
El asunto –de nombrar Gabinete– no está siendo tan fácil como algunos supusieron, en parte porque no se conoce quiénes formarán el nuevo equipo de Gobierno. Los ministros y secretarios actuales tendrán que entregar en detalle información técnica, administrativa y financiera, y, sobre todo, información estratégica y política a la persona que asumirá la cartera que ellos entregan, indica Eduardo Stein, quien aceptó ser asesor de la transición de gobierno, la cual no se realizó adecuadamente por falta de personas asignadas.
Stein asegura que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, con el apoyo de Naciones Unidas, integró bien la información de todas las instituciones del Ejecutivo, pero esta no tuvo una recepción adecuada por las tres personas que nombró Morales como equipo de transición.
Renzo Rosal, analista político independiente, opina que estos síntomas son muy graves, aunque no se ha diagnosticado la enfermedad. Al día de hoy no hay Gabinete. Me imagino que alguna gente a la que se le ha propuesto cargos, lo piensa porque hay una crisis de liderazgo, aparte del desprestigio de la carrera pública. No se sabe qué paso en los despachos ni qué hay en las gavetas del escritorio de cada ministerio.
Justicia: mantener su palabra
Desde la campaña hasta la etapa en que se encuentra ahora como presidente electo, Morales ha dado declaraciones y se ha comprometido con la sociedad en diversos temas, específicamente en el de justicia, y es por ello que debe cumplir su palabra en problemáticas delicadas en las que ha expresado opinión.
La permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, así como no remover a la fiscal general del Ministerio Público y respetar las instancias encargadas de impartir justicia, no tiene discusión, pero hay que recordar que el Presupuesto 2016 recortó fondos al MP y al Organismo Judicial.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, explica que lo primero que debe garantizar el presidente Morales es la independencia del sector justicia; asimismo, debe asegurar su financiamiento adecuado. Ojalá pueda darle más, pero lo mínimo que no dé menos, sentencia.
Agrega que el nuevo mandatario debe cumplir con lo establecido en la Constitución, pues no solo se trata del Poder Judicial, sino que es necesario respetar la autonomía e independencia del Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otras instituciones de la administración de justicia.
No se debe olvidar que será en los tribunales donde se verán las batallas más importantes en la lucha contra la impunidad. Si estas se pierden, todo lo avanzado en 2015 se habrá perdido.
Ernesto Archila, analista independiente en temas de justicia, indica que uno de los principales argumentos del presidente electo acerca de su futura gestión es que llega sin compromisos, sin agenda predeterminada y no le debe favores a ningún sector, lo que lo debe demostrar desde el 14 de enero.
Añade que Morales debe abrir todos los registros y ponerlos a disposición de los entes de investigación, para que se puedan desmantelar las estructuras criminales que se encuentran en el Estado.
Él se ha comprometido, pero uno no sabe qué presiones tendrá en el ejercicio del cargo. Esperaríamos que en todo su período cumpla con no meter las manos en el sistema de justicia, señala Ibarra.
Mal con él, peor sin él
El 30 de noviembre, a las 23:55, los parlamentarios decidieron aprobar el Presupuesto 2016, el cual tiene sus ventajas y desventajas, aunque estas últimas imperarán en la nueva administración, explican varios expertos.
Lavarreda manifiesta que lo positivo es que se aprobó un presupuesto, por lo que tiene claramente definidas las fuentes de financiamiento, a diferencia de que se hubiera quedado el vigente, porque le tocaría al nuevo presidente ir al Congreso a hacer negociaciones.
Las desventajas, desde el punto de vista del analista del CIEN, están del lado de los ingresos, pues se aprobaron bolsones, que son otros ingresos directos e indirectos que suman alrededor de Q1 mil 500 millones, práctica que se ha usado en los últimos años y depende de mejoras en las administración de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en lo que se refiere a recaudación.
Por tal motivo, considera que el presupuesto no tendrá todo el financiamiento, como ha pasado en los últimos años, ya que se aprueba un presupuesto pero no se logra la meta de recaudación.
Morales tiene que estar prevenido de que el presupuesto, tal como está, no va a contar con la recaudación deseable, y por ello debería hacer ajustes en cuanto a flujos de recursos para hacer un plan con un monto de recaudación más acorde a la realidad, para después no tener que buscar más endeudamiento, dice.
Pedro Prado, analista económico de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, coincide con el otro experto en que la estimación de ingresos tributarios es un tanto elevada, pues en 2015 se obtuvo un monto de Q52 mil millones y en el Presupuesto 2016 se estiman Q54 mil 555 millones, lo cual plantea un reto importante para la SAT en el sentido de alcanzar esa meta.
Vemos con preocupación el tema de la asignación al Ministerio de Salud, porque no tuvo un incremento significativo, a pesar de la crisis que está atravesando la red hospitalaria. Asimismo, vemos problemas para fortalecer la transparencia, aunque fue algo positivo que se haya blindado el gasto público en educación, salud y gobernación, para no reducir lo asignado, opina.
Rosal agrega que desde enero el futuro presidente estará en una situación complicada, porque cuando su equipo técnico abandonó la mesa de discusión y negociación del presupuesto, de alguna forma validó y legitimó el resultado que se tiene ahora.
Morales no puede decir que no se le consultó; además, en el Congreso se dice que en algunos rubros se le tomaron en cuenta unas disminuciones que presentó el equipo encargado del presidente electo.
¿Y la seguridad?
El problema la seguridad ciudadana nunca ha dejado de estar entre las preocupación de los guatemaltecos. Los ojos de la población están puestos en lo que hará Morales para mejorar la situación. Desde el inicio, el camino se vislumbra cuesta arriba, debido a que el presupuesto del Ministerio de Gobernación (Mingob) para 2016 se redujo en Q100 millones.
La tasa de homicidios por 100 mil habitantes llegó en 2009 a 46.3, y un año después empezó a bajar de manera constante hasta ubicarse en 2014 en 31.3. La tendencia hasta finales de noviembre de 2015 evidenciaba que volvería a disminuir. De esa cuenta, el primer desafío del nuevo mandatario será lograr, con menos dinero, que la tasa de muertes violentas siga a la baja.
Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, enfatiza que otro de los retos del nuevo gobernante será erradicar la corrupción en la Policía Nacional Civil (PNC) y en el Mingob en general, así como lograr que haya coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, Ejército, PNC, el Consejo Nacional de Seguridad y la Secretaría Técnica de Seguridad, porque pareciera que hay descoordinación entre ellos.
El nuevo gobierno debe respetar la línea de mando de la PNC y no nombrar a cualquier persona como director; es decir, que haya respeto y se profesionalice a la institución, para que se convierta en una institución parecida al Ejército, donde hay posibilidad de hacer carrera, dice Polanco al enumerar otro de los desafíos.
Para Francisco Quesada, experto del CIEN, es impostergable que se resuelvan los altos niveles de hacinamiento en las cárceles, las cuales han sido abandonadas a su suerte por los gobiernos de turno. De esa cuenta, afirma: Falta construir más centros de detención y ubicar a los reos de acuerdo con su peligrosidad.
Además, añade el experto del CIEN: Si no se logra una buena gestión en el combate a la inseguridad, la tasa de homicidios se incrementará de nuevo o se tendrán tímidos resultados. Por lo tanto, es necesaria una política coherente que conjugue la persecución del delito, la prevención y represión y que tome en cuenta a todos los involucrados en la cadena de justicia.
Caos social
En el orden social, el panorama no es mejor. La conflictividad está latente en varios puntos del país, principalmente por falta de políticas específicas, sobre todo en la minería y la generación de electricidad, que son los dos focos de brotes de malestar.
Las protestas de sectores indígenas y campesinos se han dado principalmente en el occidente y norte de la nación, precisamente en las regiones en donde la pobreza es mayor y el Estado tiene menor presencia institucional.
El problema es que hasta el momento se ignora totalmente qué línea seguirá el mandatario Jimmy Morales, porque en los debates de campaña nunca profundizó en ello. Hay otros dos sectores que suelen aprovechar las coyunturas: los sindicatos de Salud y Educación.
El gobierno fallido de Otto Pérez inició con lo que parecía un camino aceptable, el de dialogar con los sectores sociales. Se creó una dependencia que, sin embargo, nunca llegó a funcionar adecuadamente y los conflictos nunca se resolvieron de manera definitiva.
Los desafíos económicos
Respecto de la economía, el principal reto que enfrenta el nuevo gobierno es ordenar las finanzas del Estado. Si no se replantean los gastos superfluos, los pactos colectivos leoninos y cierta rigidez en el gasto público, poco o nada se podrá innovar en las políticas públicas, asegura el analista de la Fundación Libertad y Desarrollo Paul Boteo.
Esto implica también eliminar la corrupción en los procesos de compras y contrataciones, así como la revisión de infinidad de plazas del Estado que solo han servido de botín para los partidos políticos.
Asimismo, la institucionalidad de la SAT está sumamente deteriorada, lo que ha provocado, junto a otros factores, que la carga tributaria no haya superado el 11 por ciento del Producto Interno Bruto en los últimos cuatro años. Sin una SAT renovada y fortalecida, el nuevo gobierno continuará afrontando crisis financieras, que pondrán en riesgo la prestación de servicios básicos, como la salud, educación o seguridad. Es importante que la SAT incremente sus capacidades para fiscalizar aquellas actividades económicas dinámicas que actualmente se encuentran fuera de su radar, dice Boteo.
A su juicio, el otro desafío importante para la nueva administración es la creación de empleo. El incremento de la pobreza en los últimos ocho años, que ha puesto en evidencia la última Encuesta de Condiciones de Vida, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, es el resultado de la poca capacidad de la economía para crear empleos formales. Cada año, más de 200 mil jóvenes entran al mercado laboral, pero una fracción muy pequeña encuentra empleo formal. El resto debe conformarse con engrosar las filas de la informalidad, donde encuentran dificultades para generar los ingresos suficientes que cubran sus necesidades básicas. La pobreza podría seguir incrementándose en la próxima década, si la economía no crece lo suficiente para crear empleos formales para la mayor parte de la fuerza laboral.
Agrega que para reducir la pobreza también es necesario mejorar los programas sociales, pues hasta el momento estos se han utilizados con fines electorales, por lo que han sido muy poco efectivos. Es necesario enfocarlos hacia los grupos de la población más vulnerable y que se evalúen constantemente para que su implementación realmente impacte la vida de los beneficiarios. Los programas sociales son sumamente importantes en una sociedad empobrecida como la nuestra, pero es evidente que el esquema actual no está rindiendo los resultados esperados, y por ello su reestructuración debe ser una prioridad.
Boteo ve necesario darle vida a las alianzas público-privadas, esquema que podría ayudar a mejorar la infraestructura del país y reactivar ciertos sectores de la economía. También podría liberar recursos del presupuesto para salud, educación y seguridad. El desafío es que se concentren en proyectos que realmente sean de beneficio para el país, con condiciones favorables para el Estado y que sean totalmente transparentes.
El director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, coincidió en la urgencia de llevar a cabo una reingeniería de la SAT, pues los ingresos tributarios que administra han crecido en promedio en solo 8.5 por ciento en los últimos 10 años, lo que es insuficiente para las necesidades que el Estado debiera atender. Esto se agravó en el 2015, derivado de los escándalos relacionados con el caso conocido como La Línea, así como por la caída en el precio internacional de varios productos que afectaron los ingresos tributarios. La SAT no ha podido reducir los niveles de evasión fiscal, al igual que el contrabando, que son dos fenómenos que afectan directamente su capacidad de recaudación.
En relación con lo anterior, menciona la necesidad de transparentar el gasto público, ya que los impuestos que los contribuyentes pagamos al Estado no son administrados de forma eficiente y cuidadosa. Por el contrario, la percepción en la población es que existe mucha indolencia en la administración de los recursos que provienen de los impuestos, situación que se agrava por el despilfarro y, en muchos casos, la sustracción ilegal de los mismos. Ante esta situación, hoy vemos crisis en varias instituciones del Estado, siendo las afectados las personas más vulnerables, tal es el caso de la crisis hospitalaria.
Asimismo, manifiesta que la corrupción nos golpea a todos y tiene un impacto económico muy relevante. No es posible que Guatemala vaya hacia adelante con la corrupción existente y la impunidad imperante. Para que el Gobierno pueda contar con más recursos para cumplir con sus funciones es necesario que las instituciones encargadas de fiscalizar y perseguir el delito cumplan con su función. La situación actual no es sostenible y está afectando directamente a todos los guatemaltecos.
Por su parte, el economista Paulo de León resume los retos económicos de Guatemala en el restablecimiento de la caja del Gobierno. Esto requerirá de buena administración financiera de ingresos y de egresos, lo que es diferente a aumentar la capacidad recaudatoria de la SAT, que es otro gran reto de mediano plazo.
Complicada agenda internacional
El nuevo mandatario asumirá el cargo en medio de una lucha a nivel mundial contra el terrorismo, que no se había visto desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, y cuando se prevé que la economía del planeta crecerá solo levemente, y eso afectará las exportaciones nacionales. De entrada, tendrá que moverse en esos difíciles y complejos ámbitos internacionales.
Además, se encuentra el histórico diferendo territorial con Belice, cuya negociación se ha complicado, aun antes de la toma del poder de Morales, debido a una desafortunada declaración pública en la que habló de recuperar el territorio, cuando lo correcto era negociar los derechos de Guatemala sobre esa nación.
Ese error comunicativo del que será en pocos días el hombre que ostentará el cargo político más alto e importante del país pone a Belice a la defensiva, y no hay cosa peor para una negociación internacional. Ese fue un lapsus y tendrá que hacer un esfuerzo comunicacional para explicar que quería decir otra cosa, y eso desde ya le pone el camino cuesta arriba, afirma el excanciller Gabriel Orellana.
El nuevo gobierno también deberá tomar decisiones respecto de qué papel jugará en el cada vez más debilitado proceso de integración centroamericana (en política, tecnología y economía) y que recibió el 19 de diciembre un duro golpe, luego de que Costa Rica anunciara que se retirará del Sistema de Integración Centroamericano.
El país siempre ha priorizado la política comercial con Estados Unidos y se ha negado a voltear hacia las naciones de América del Sur, y ese es otro dilema que tendrá que resolver Morales. A ello se suman las resoluciones que tomará para ayudar a los migrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos.
Las relaciones con Washington requerirán mucha habilidad. Entre los nombramientos críticos está el del embajador ante la Casa Blanca, cuya designación dará la pauta del camino que se pueda seguir.
Hay una definición clave que Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado, hizo pública este año: Guatemala, junto con Honduras y El Salvador, es decir, el Cono Norte de Centroamérica, es una de las prioridades de seguridad nacional de los Estados Unidos en el mundo, junto a Siria, Rusia-Ucrania, Irak e Irán, recuerda el excanciller Édgar Gutiérrez.
Guatemala tiene actualmente relaciones diplomáticas con 155 naciones, y a ello se suma las que cultiva con instituciones multilaterales. Del éxito de esas relaciones depende, entre otras cosas, el ganar atractivo como lugar de inversiones extranjeras serias, tener buena calificación comercial y financiera e incluso ser sujetos de cooperación técnica y financiera de mediano plazo. Lo cierto es que un descuido o un mal tratamiento de la agenda internacional acarreará problemas de gobernabilidad, concluye Gutiérrez.
En resumen
Con una visión optimista, el vaso de Guatemala está medio lleno, pero es evidente que los problemas son tantos que hace falta mucho camino por recorrer para alcanzar un nivel aceptable de bienestar y tranquilidad para la población. En cambio, la visión más pesimista muestra que el vaso está medio vacío, y que más bien el peligro es que se continúe vaciando.
La conflictividad social se debe atender instaurando políticas serias. El Gobierno debe hacer los ajustes al Presupuesto lo antes posible e impedir caer en las manos de los diputados. Hay que atender prontamente los problemas de seguridad, salud y educación, pero, sobre todo, hay que dar indicios claros de que se luchará contra la corrupción. Sin eso, lo demás podría caerse por su propio peso.
La gran oportunidad está en que hay tantos problemas heredados que no se exigirá que se resuelvan de la noche a la mañana, más bien, con marcar correctamente el rumbo a seguir, es seguro que población estará dispuesta a dar el tiempo necesario a Jimmy Morales para que demuestre de lo que su gobierno es capaz
La inseguridad, sobre todo las muertes violentas, preocupa a los guatemaltecos.
Existe un rechazo generalizado a la corrupción y se espera que el nuevo gobernante enfrente este flajelo desde los primeros días en el poder.
Todos los casos de corrupción que destapó la CICIG y el MP, entre ellos La Línea, en el que se sindica a Roxana Baldetti como uno de los líderes, irán a juicio este año.
Las protestas de sectores campesinos se han registrado en regiones con altos índices de pobreza.
Los problemas nacionales demandarán de Morales gran capacidad de acción y negociación.