No es lo mismo manifestación que bloqueo. Las protestas deben ser pacíficas, lo que significa que tienen que realizarse respetando los derechos de los demás y no provocancando inconformidad en otros. La capital, como centro del poder político de la nación, es el blanco de expresiones públicas de queja o disconformidad, ya sea espontáneas u organizadas con algún fin.
Álvaro Alay / aalay@cronica.com.gt
Nadie pone en duda que todos los ciudadanos, sin excepción alguna, tienen el derecho a manifestar públicamente su inconformidad por las políticas que implementan o dejan de implementar las autoridades de turno, nacionales o locales, o exigir la resolución de un problema que los afecta y lastima. Y es que así lo garantiza la Constitución Política de la República.
En los últimos años las manifestaciones populares, casi todas, han ido acompañadas del cierre de importantes y estratégicos tramos viales tanto en el interior del país como de la ciudad capital. Y los bloqueos se llevan a cabo en las horas y días clave para causar el mayor impacto posible.
Esas acciones premeditadas y planificadas vulneran el derecho de los ciudadanos de libre locomoción y hasta el derecho a la vida —al poner en riesgo la atención médica de los enfermos—, también garantizados en la Carta Magna.
Además, esto afecta seriamente a la actividad económica, puesto que genera pérdidas al sector privado, ocasionadas por el retraso en la entrega o recepción de mercaderías y el daño que sufren productos perecederos.
A consecuencia de ello las demandas sociales, en vez de apoyo, provocan el rechazo del resto de la población, porque el cierre de carreteras y avenidas siembra la discordia y oposición.
Y para colmo de males, tal y como ha quedado demostrado en los últimos tiempos, no logran nada más que solo hacerse notar. Porque las medidas de hecho no se traducen en ninguna solución a sus problemas.
En resumen: ¿son ilegales los bloqueos? Los expertos consultados, la Constitución de la República y la explicación de los términos según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, coinciden en que no se están llevando a cabo correctamente estas manifestaciones que afectan a miles de ciudadanos.
Al corazón del poder político
En la ciudad capital, el centro del poder político y económico de la nación —aquí se encuentran los tres poderes del Estado y la mayor actividad económica del país— convergen el mayor número de manifestaciones cuya marca, la mayoría de las veces, es el bloqueo de importantes calles y avenidas.
Y este año las protestas han aumentado a tal punto que se ha registrado una manifestación por día, lo cual perjudica severamente a 1 millón 40 mil vehículos, porque no pueden avanzar o lo hacen a vuelta de rueda, según Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
La estrategia es realizarlas en el momento que más paralización de actividades económicas y del tránsito pueden causar. De esa cuenta ahora ya no las realizan después del ingreso laboral, sino a la hora del desplazamiento para el ingreso a los centros de trabajo. A diferencia de otros años, cuando iniciaban a las 9 o 10 de la mañana, ahora inician a las 6 o 7, cuando se tiene la hora pico, afirma el intendente de la PMT.
Asimismo, se ha determinado que los días cuando más se protesta es entre semana, específicamente, martes, miércoles y jueves. Los puntos clave en donde se tienen bloqueos son las entradas a la ciudad, es decir, ruta al Atlántico, Interamericana, Pacífico y Carretera a El Salvador.
Sin embargo, estas también se realizan en el interior del país, en los puntos estratégicos de las carreteras del sur, occidente, oriente y norte. Ahora los manifestantes no dan mayor información sobre la protesta y solo indican que van a bloquear o marchar sin decir nada específico. Eso causa zozobra a los ciudadanos, porque tienen que estar investigando y chequeando por dónde van a manifestar. Al saber dónde van a bloquear, se puede tomar medidas por medio de vías alternas, comenta Montejo.
Al respecto, Iván Díaz López, gobernador departamental de Guatemala, explica que a esa oficina únicamente llegan notificaciones de algunas manifestaciones, debido a que no es indispensable. Cuando presentan la notificación se puede coordinar con la PMT y la Policía Nacional Civil, para que estas no afecten a la población, afirma.
Otros derechos, en el olvido
La vulneración del derecho a la libre locomoción, el perjudicar la actividad económica e incluso el poner en riesgo la atención médica de enfermos genera la antipatía de la población hacia las demandas sociales y las organizaciones que las llevan a cabo.
Luis Fernando Mack, sociólogo y analista político, expresa que es necesario que el repertorio de acciones para exigir demandas sociales, que incluye los bloqueos y marchas, debe variar; ello porque estas acciones no afectan al actor político, sino al ciudadano común y corriente.
En este sentido, menciona que no hay forma correcta de manifestar, empero, reconoce que hay otras estrategias como encadenarse y huelgas de hambre. El punto central es una inconformidad, pero no afectar a la demás población, argumenta Mack.
El politólogo y catedrático universitario, Daniel Hearing, considera que los bloqueos generan polarización entre la población urbana, que siente que están impidiendo su derecho de movilización y ve que, algunas veces, quienes encabezan estas manifestaciones son personajes corruptos.
En tanto que el analista político, Manuel Villacorta, enfatiza que la sociedad en este momento entiende los reclamos sociales, dadas las circunstancias socioeconómicas, pero también tiene rechazo de cómo se implementan. Los bloqueos de carreteras generan incomodidad en general.
En este sentido el analista político comenta que la manifestación masiva es uno de los últimos recursos y que si sus demandas no son atendidas puede haber cierta presión, pero esta debe de ser planificada.
El detonante de las protestas sociales es porque hay un mal sistema de negociación tanto del Gobierno como de las organizaciones, explica el experto.
Las acciones extremas de descontento tampoco ayudan a que las autoridades nacionales o locales resuelvan las demandas sociales. Al respecto, el sociólogo Aníbal Chajón comenta que por lo menos se hacen escuchar.
Visiones encontradas
Como en todo tema, existen dos versiones de los hechos, en este sentido el sector empresarial pide que se respete el derecho de locomoción y los grupos de manifestantes defienden sus formas de lucha.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), comenta que ellos, como centro industrial, son respetuosos de la ley de manifestación, siempre que se respete la libre locomoción, para que las personas puedan movilizarse y tener acceso a la salud, estudios y trabajo.
Las manifestaciones deben de ser más controladas, no necesariamente es el camino correcto para conseguir los objetivos, hay que pasar de la protesta a la propuesta, para que no afecte al país y se tengan mejoras, resalta Zepeda.
El dirigente empresarial también señala que los bloqueos en lo económico generan pérdidas, pero el costo social es más fuerte porque no todo es económico. También tenemos que ver temas como falta de oportunidades para personas que se ponen en riesgo al no asistir al centro de salud, educación y, sobre todo, personas que ponen en riesgo su trabajo por llegar tarde.
El director Ejecutivo de la CIG considera que las manifestaciones son legítimas siempre que no se afecte la locomoción, por lo que recuerda que existen plazas y parques públicos para expresar su inconformidad, y hace referencia a las protestas que se dieron el año pasado.
Por su parte, Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina (CUC), asegura que sin movilizaciones y protestas sociales no se pueden lograr cambios estructurales, aunque reconoce que estas deben de ser auténticas.
Las manifestaciones son parte del descontento social y se dan por el incumplimiento de derechos económicos, sociales o culturales o por una violación por parte del Estado o institución empresarial, subraya Pascual.
El líder campesino también reconoce que en algunas manifestaciones los políticos manipulan a la gente por medio de programas sociales, lo cual critica debido a que estos hechos desprestigian las protestas auténticas.
Hay cierto desprestigio a las protestas sociales, sean o no bloqueos, porque nuestras manifestaciones han sido legítimas y tratamos de coordinar para no violentar el derecho de locomoción, dice Pascual.
Mientras el gobernador Díaz López hace énfasis en que estas acciones de inconformidad se pueden llevar a cabo en plazas, parques públicos, es decir, en lugares donde no se perjudique la locomoción.
Asimismo, afirma que cuando se tienen marchas se solicita no bloquear las vías en su totalidad para que el tránsito pueda fluir.
Es por ello que tanto analistas, expertos y personas involucradas resaltan y reconocen que el derecho de manifestar se contempla en la Constitución Política de la República, empero hacen énfasis en que esta se debe saber implementar para que no solo no sea rechazada, sino que, incluso, gane adeptos.