Transcurrieron doce años de labores, se sucedieron tres comisionados con diferentes personalidades y estilo de trabajo. Se destaparon casos escandalosos que confirman que el Estado ha estado infiltrado por mafias; se libró una batalla intensa contra la corrupción y la impunidad, pero también hubo múltiples polémicas. Finalmente Jimmy Morales puso fin a un esfuerzo que apuntaba para mas.
El español Carlos Castresana abrió las puertas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su principal logro fue desnudar un sistema de justicia manipulado y sin independencia. Luego llegó el costarricense Francisco Dall’Anesse, más moderado, quien trabajó de la mano del Ministerio Público sin hacer demasiadas olas.
Y llegó el tercer comisionado, que ni siquiera podrá cerrar las puertas.
Sin hacer bulla, el colombiano Iván Velásquez se convirtió en el tercer comisionado de la Comisión, y en 2015 irrumpió con toda su fuerza para develar la cooptación del Estado por mafias, derivadas de un sistema político corrupto. Durante tres años y medio logró poner en jaque o terminar con varias estructuras que se dedicaban a saquear las arcas del Estado.
Pero Velásquez midió mal sus fuerzas en dos casos específicos: la acusación contra Manuel y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales y, su intervención a favor de una reforma constitucional al sector justicia, la que defendió personal y ardorosamente ante el Congreso, lo que le valió que le calificaran de izquierdista y extranjero intervencionista.
A partir de 2017, el camino de la CICIG fue en caída libre, porque el presidente Morales abanderó una causa contra su enemigo –ya entonces acusado por financiamiento electoral ilícito–, uniendo a todos los opositores de la Comisión y del propio Velásquez –acusados de corrupción, grupos conservadores y seguidores ideológicos, el Gobierno y sus aliados políticos–, en una fuerza que finalmente logró su cometido.
Ahora la CICIG deja abiertos numerosos casos de corrupción, los cuáles debiera sacar adelante el Ministerio Público (MP) y en particular la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que no cuenta con los mismos recursos que tenía la poderosa comisión internacional, con el apoyo de investigadores nacionales y extranjeros, así como con fiscales de amplia experiencia en el tema.
Contra corrupción e impunidad
Si bien no estuvieron exentos de polémicas, Castresana y Dall’Anesse, tuvieron períodos relativamente tranquilos –aunque fue ruidosa la salida del primero–, al menos, no confrontados a muerte con el poder político del país. La llegada de Velásquez significó un cambio radical en el rumbo de las investigaciones.
Aliado con la entonces Fiscal General, Thelma Aldana, incursionó en uno de los temas mantenidos en el país bajo el manto de la impunidad: la corrupción en el Estado.
El primero y más espectacular caso destapado, fue el llamado La Línea, que terminó con la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, y del presidente Otto Pérez Molina. Por primera vez en el mundo, dos gobernantes en funciones de un país terminan en la cárcel acusados de corrupción.
Luego siguieron cayendo, una a una, gran número de estructuras criminales que operaban dentro del Estado. En total se presentaron más de 120 casos en los que operaban cerca de 70 estructuras diferentes, cada una de ellas con funcionarios políticos involucrados, lo que sirvió para que se presentaran al menos 120 solicitudes de antejuicio contra gobernantes, alcaldes, diputados y magistrados.
Un total de 660 personas fueron llevadas ante jueces, quienes dieron medida sustitutiva a cerca del 70%.
La mayoría de los casos han avanzado con lentitud, tomando en cuenta las deficiencias y debilidades del sistema judicial, que favorece para que cualquiera de las partes pueda provocar un retardo malicioso.
Pero los buenos resultados, aplaudidos incluso por la comunidad internacional, no fueron suficientes para detener la caída de Velásquez y la CICIG, aunque antes se necesitó de un cambio de actitud de Estados Unidos, pues finalmente Casa Blanca y el departamento de Estado retiraron el respaldo que ayudaba al empoderamiento del comisionado.
Sin el apoyo de Washington, el comisionado se vio débil y terminó expulsado del país, al no permitir Jimmy Morales que ingresara al país tras un viaje a Nueva York. De poco sirvió que el 72% de la población se manifestara en encuestas a favor de la CICIG y la labor realizada.
Además de la corrupción en el Estado, la CICIG desnudó a los partidos políticos, a los que calificó en su momento de responsables del andamiaje que se construía para llegar al poder y participar en un reparto de negocios, por medio de financistas que cobraban más adelante el favor prestado en campañas electorales.
El caso emblemático fue el del partido Líder y el partido UNE, a los que se acusó. El primero fue cancelado y Manuel Baldizón guarda prisión en Estados Unidos y sobre el segundo pesa la acusación en estos momentos.
Pero el señalamiento fue hacia todo el sistema, tomando en cuenta como ha venido funcionando durante décadas.
Las criticas
Los opositores a la CICIG plantearon una serie de argumentos en su contra, buscando en cada uno de ellos unir a grupos de distinto pensamiento. Los señalamientos más comunes fueron: a) no respetar la presunción de inocencia –y las conferencias de prensa donde hacían la acusación pública–; b) la prisión preventiva exageradamente larga; c) intervención extranjera en asuntos internos; d) capturas con publicidad exagerada que dañaba honorabilidad de acusados y; e) acusaciones selectivas, entre otras.
Lo curioso del caso es que cuando se dan los primeros casos, ninguna de esas criticas se escuchaba. No es sino que hasta que el presidente Morales inicia su campaña, que las criticas arrecian y el desgaste para Velásquez se hace mayor, aunque nunca logró ser mayoritario.
En el área metropolitana influyó también el caso en que se implicó al entonces alcalde capitalino, Álvaro Arzú por haber financiado su campaña de reelección con fondos de la municipalidad en negocios vinculados con el asesinado reo Byron Lima. El expresidente salió unido a Morales a exigir el fin de la CICIG, aduciendo que menoscababa la soberanía nacional.
¿Vuelta a la impunidad?
A partir del 3 de septiembre, la CICIG habrá cerrado silenciosamente sus puertas en Guatemala. El mayor esfuerzo conocido en el país para frenar la corrupción ha terminado, pero la duda en el ambiente es clara: ¿qué sucederá a partir de ahora?
La Fiscal General, Consuelo Porras, nunca se decantó a favor de Velásquez y la CICIG, aunque tampoco los atacó. Ahora queda sobre sus hombros la persecución penal de todos los casos de corrupción, así como de continuar con los procesos ya iniciados. Aunque de palabra ha dado su apoyo al Fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval, a lo interno del MP se sabe que no es como se dice y que, al contrario, la fiscalía especial se verá pronto debilitada.
Sin la CICIG como querellante adhesivo, se espera que la mayoría de los casos sean tratados con menos rigor por parte de jueces y magistrados, por lo que no cabe esperar sentencias condenatorias contundentes, cuando si penas leves y, en algunos casos, el desistimiento aduciendo deficiencias en la investigación.
Con ello se enviará un mensaje de vuelta atrás, y en el retorno de la mayor impunidad.
Otro peligro ya presente, es que no se tendrá la voz de la Comisión Internacional cuando se produzca la postulación para magistrados de la CSJ y de salas, como sucedió en los pasados procesos. Eso se traducirá en una mayor intromisión y manipulación de los grupos de interés y, a la postre, en menor independencia del sistema judicial.
El presidente electo habla de una comisión contra la corrupción, pero no es fácil pensar que pueda crear un organismo interno que pueda ir en contra de las mafias que persisten dentro del Estado.
Recuadro:
Las polémicas
Cada comisionado de la CICIG tuvo algún caso paradigmático que resultó más polémico y le enfrentó con los poderes del país:
CASTRESANA: El caso Rosemberg fue polémico. Hasta la fecha hay quienes dudan si el abogado Rodrigo Rosemberg verdaderamente planificó su propio asesinato.
DALL’ANESSE: El caso Pavón creó mucha polémica en el país. Fue él quien inicio el proceso que implicó a varios funcionarios por las ejecuciones extrajudiciales.
VELÁSQUEZ: El caso Botín Registro de la Propiedad, fue el que marcó y sentenció al comisionado, por la vinculación del hijo y hermano del presidente Jimmy Morales.