En las últimas semanas pareciera que la atención se centra en lo que sucede en la torre de tribunales, que si llega alguien nuevo o no, si se presenta un suceso de escándalo que permita ilustrarnos por medio de memes, que si se muestran nuevas evidencias que nos indignen más como ciudadanos, del descaro de nuestros exgobernantes, o si los acusados están en un dimes y diretes ante el juez, todo esto cubre la atención de las noticas y puede llegar a nublarnos el panorama completo.
Guatemala no va a cambiar porque se enjuicie a todos los que han cometido delitos, claro, es un paso positivo, porque el sistema de justicia está cumpliendo con su función e incluso trae consigo una serie de cambios positivos para el país, como la cultura de denuncia y de intolerancia a la corrupción, una serie de modificaciones legales para acoplar la normativa que en cierta forma permitió o no restringió el saqueo del Estado y la reproducción de prácticas no deseadas en la clase política, así como el fortalecimiento de débiles mecanismos de control para identificar a tiempo estas prácticas, el despertar ciudadano que sensibilizó a la población sobre la importancia de su involucramiento y permitió generar nuevos métodos de participación, pero con esto se visibiliza aún más nuestra realidad nacional; sin embargo, no resolverá los problemas de fondo que tenemos como país. La atención que ahora se vuelca sobre quienes ya hicieron de las suyas en el poder, debe trasladarse a quienes ahora ejercen el poder. Administrar el poder no es sencillo, liderar una nación tampoco lo es, sobre todo cuando se trata de un país que con números demuestra el trabajo tan arduo que se necesita para poder promover el desarrollo con sostenibilidad en el país, pero, lejos de avanzar, Guatemala ha retrocedido en la búsqueda de la eliminación de la pobreza, entre 2000 y 2014 la pobreza aumento 2.9 por ciento, que equivale a 9.4 millones de personas que viven con Q10 mil 218 por año, también se disparó la pobreza extrema nacional, la cual en el 2014 subió a 23.4 por ciento mientras que en el 2000 y 2006 se registró en 15.7 por ciento y 15.3 por ciento y en educación el 85 por ciento de los adolescentes no tienen acceso a educación gratuita para secundaria, solo con esto se identifican una serie de elementos que deben ser atendidos para cambiar desde la estructura los problemas.
Como ciudadanos debemos ampliar la mirada más allá de los tribunales, y es ampliar, no dejar a un lado la importancia que tiene lo que está sucediendo, porque lo que por muchos años fue evidente y nunca se pudo comprobar para poder detenerlo, hoy se ha llegado a un paso importante para hacerlo, pero potenciar nuestros esfuerzos en contribuir por medio de la fiscalización a todo funcionario, para que no se repita de nuevo la historia que hoy estamos viviendo, la cual deja consigo una realidad que puede empeorar si no nos dejamos de preocupar por lo que paso y no reclamamos que se ocupen de lo que está pasando, exijamos que se fortalezca la institucionalidad del Estado, para que este sea capaz de atender las necesidades más básicas de la población, no buscando atención mediática de lo que se hace, ya que es una obligación que se tiene, sino estar consciente del camino espinoso que se debe recorrer para trascender de manera significativa y modificar estadísticas no de popularidad, sino de desarrollo humano, entonces se podrá decir que trabajó arduamente.
Encovi 2014 efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y apoyada por el Banco Mundial.