Las reformas aprobadas por el Congreso en 2016 se hicieron con el fin de cambiar, pero sin que cambiara el corrupto y decadente sistema político que tanto nos agobia.
Gonzalo Marroquín Godoy
Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) se aprobaron en medio de la demanda ciudadana de cambios profundos en el país, luego de que la CICIG sacara a luz pública en 2015 parte de la corruptela que existía –y persiste– en el Estado, controlado por un sistema político decadente que buscaba la forma de no desmoronarse por la fuerza de aquel movimiento ciudadano que se atrevió a salir a la Plaza para exigir cambios.
Hábiles como son algunos diputados politiqueros, vendieron a la ciudadanía crédula que aquellas reformas traerían un mejor sistema político. Nada más alejado de la realidad. Recuerdo las promesas del presidente de ese organismo, Mario Taracena y de otros diputados oportunistas, ofreciendo el oro y el moro, para calmar los ánimos de un pueblo que, en ese momento, mostraba fuerza y deseo de cambio.
En el fondo, los parlamentarios tenían la misma filosofía que aplican tantas veces: cambiar, para que nada cambie. Se trataba de darle atole con el dedo a un pueblo que se mostraba cansado de los políticos tradicionales, corruptos, incapaces y oportunistas. El problema es que los cambios los harían precisamente aquellos de los que tantos quisiéramos salir.
Y pasó lo que tenía que pasar. Se quitó la presión popular y aprobaron a sus anchas aquellos cambios que, a la luz de lo sucedido posteriormente, sólo han servido para asegurar el control del país por las mafias políticas que se reciclan cada cuatro años.
Esas reformas, con fachada de modernistas, facilitan que sean los partidos políticos establecidos y sus pequeñas cúpulas mafiosas las que sigan ganando municipalidades, diputaciones y la presidencia. También mantuvieron el esquema de un Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que le dieron más dientes, pero solo para que pudiera morder a su sabor y antojo a quienes intenten irrumpir en el escenario electoral y no sean del agrado del statu quo.
Entre los cambios, se ideó castigar la campaña electoral anticipada, pero no se hizo con fines correctos, sino para impedir que nuevas opciones que no fueran del sistema político tradicional pudieran incursionar en los procesos electorales y, eventualmente, derrotar a los partidos ya establecidos.
Poco les importó pisotear la Constitución, pues se viola la libertad de expresión, un derecho que la propia Carta Magna dice que no puede limitarse por ninguna ley, es decir, ni por la LEPP.
El tema del financiamiento se vendió como una forma de dar oportunidades a todos los partidos, pero de entrada se crea una brecha exagerada entre grandes y chicos, que es difícil de subsanar con el financiamiento de terceros. Por cierto, los que siguieron dando dinero bajo la mesa fueron los narcos, los constructores y las mafias… a sus mismos aliados.
El dinero favorece a los grandes y el propio TSE maneja las pautas de propaganda, con lo que también pueden influir a favor de los candidatos de su preferencia.
Hoy todos sabemos que las comisiones de postulación son inoperantes –para la democracia– y que los magistrados al TSE terminan siendo marionetas del sistema político, en vez de ser los rectores del mismo. Prueba de ello es que el sistema ha protegido al actual presidente de ese organismo, Ranulfo Rojas, a pesar de haberse demostrado hasta la saciedad que cometió delitos penales –falsificación de títulos universitarios– para llegar al cargo. Pero entre bomberos no se machucan la manguera, y por eso doña Cony Porras ni investigó el escándalo público.
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Se confirma que el TSE es otro de los circos de marionetas que manipula la alianza oficialista. Así como se utiliza como mazo de justicia al MP, a la Corte de Constitucionalidad (CC) o a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para perseguir a opositores y favorecer a los amigos o aliados, se suma de la misma manera a este alto organismo del Estado para controlar el tema electoral e impedir sobresaltos.
La LEPP castiga a los opositores, a los partidos pequeños y transparentes, le reduce la capacidad de participación a los comités cívicos y, para colmo de males, manipula la distribución de propaganda y protege a los funcionarios que, desde sus cargos, trabajan con recursos del Estado para buscar la reelección.
Los narcos, las mafias y demás están en su salsa con esta ley electoral. Invierten en los partidos, personas o grupos que les interesan, sin que nadie los moleste.
En mi caso, vi con recelo esta reforma electoral. En la revista Crónica del mes de octubre de 2015, titulamos “NO A UNA MALA REFORMA”, un proyecto que se vía sin ton ni son. Por cierto, en alguna columna por aquellos días, la califiqué de Ley mamarracho.
Ahora resulta que a todos los candidatos que la alianza oficialista considere incómodos, tendrá al TSE a su disposición para perseguirlo, sancionarlo y, eventualmente, quitarlo del camino, mientras ese grupo maneja tres opciones electorales.
Cada vez nos estamos pareciendo más a la Nicaragua de Daniel Ortega. Allá es dictadura de un hombre, pero aquí vivimos bajo la dictadura de un sistema político corrompido e ineficiente.