El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ya puede realizar gestiones y actividades relacionadas con su ámbito. Se levantó la suspensión temporal impuesta tras una sanción y después que se pagó la multa, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La secretaria general de la UNE, Sandra Torres, documentó el lunes 3 de enero de 2022 que «solventó la situación de la agrupación política relacionada, a hacer efectiva la sanción pecuniaria impuesta de conformidad con resolución emitida oportunamente, adjuntando para el efecto la documentación respectiva», indica la circular del TSE.
«En virtud de lo manifestado y documentación presentada se levanta la suspensión temporal impuesta oportunamente al partido político Unidad Nacional de la Esperanza, en consecuencia queda habilitado, pudiendo efectuar diligencias en el Tribunal Supremo Electoral y sus dependencias al quedar solventada su situación», añade el documento.
Proceso de cancelación
El pasado 16 de diciembre, el Registro de Ciudadanos (RC), del TSE, inició la cancelación del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) por estar desintegrado en su Comité Ejecutivo Nacional, por lo que fijo una audiencia en 30 días para que dicha agrupación se pronuncie al respecto.
El director general del RC, Oscar de Paz Quintana, indicó en un oficio que recibió notificación del Departamento de Organizaciones Políticas derivado de una verificación en la que se estableció que la UNE cuenta con Comité Ejecutivo Nacional desintegrado. Debido a la falta del requisito establecido en el Artículo 31 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos se inició el proceso de cancelación.
La agrupación política tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse sobre la resolución. Recientemente, el partido sufrió una división entre diputados y afiliados que apoyan a la excandidata a la presidencia, Sandra Torres y los integrantes que se oponen a ella.
Señalamientos en contra de Torres
El Ministerio Público (MP) señala a Sandra Torres, excandidata presidencial de ese partido, por al menos siete aportaciones de dinero con un total de Q5.9 millones para la organización política que representaba y que no fueron reportadas. La imputación inicial habla de más de Q19 millones no reportados al TSE.