Mientras Estados Unidos disminuye la asistencia para Guatemala, reclama mayor colaboración al Gobierno para controlar la inmigración hacia el norte. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca se ha convertido en promotor de políticas xenofóbicas y entre sus aliados más cercanos se encuentra el gobierno de Jimmy Morales.
Jorge Domínguez en Washington
Redacción Crónica Guatemala
Álvaro Velásquez Tot y su esposa Juana, son oriundos de la pequeña aldea Chuisuc, en Cantel, Quetzaltenango. El hombre se dedica a la siembra de trigo y ella al tejido, pero el trabajo escasea y no es suficiente para sacar adelante a sus menores hijos Bartolo (14 años) y Dorita (10). Por eso planean viajar hacia Estados Unidos. Aquí ya no podemos ganar más y lo que hacemos no alcanza. Allá está una tía del Álvaro, que ayudará a encontrar trabajo pronto.
Como esta familia hay miles que han viajado o están por hacerlo.
Juana explica que su esposo viajó en enero pasado con el hijo varón. La idea es que más adelante la familia se pueda reunir en la fría ciudad de Providence, Rhode Island, en la costa este de aquel país, pero los obstáculos a salvar no son pocos. Como estrategia, padre e hijo prefirieron no eludir a la Patrulla Fronteriza –cada vez más feroz y represiva–y se entregaron para solicitar asilo.
Son decenas de miles de personas que se presentan así, con uno o más hijos, porque saben que así no se puede producir una deportación inmediata. La mala noticia es que se han acumulado tantas solicitudes que los trámites pueden tardar meses e incluso más de un año, lo que complica los planes económicos familiares.
Para poder llegar a su primer destino –la frontera–, Álvaro y Bartolo debieron pagar a los coyotes US$7.500 –cerca de Q60.000–, lo que significa un fuerte endeudamiento o la venta de alguna pequeña propiedad, como ha sido el caso que nos ocupa.
Según informes oficiales hay cerca de tres millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, la mayoría de ellos de forma ilegal, con el riesgo de ser detenidos y deportados en la ola de persecución que impulsa el presidente Donald Trump, quien repite que debe haber tolerancia cero hacia los migrantes, principalmente los centroamericanos.
Pero la feroz persecución no ha detenido ni el flujo de personas hacia Estados Unidos, ni el envío de remesas, que ya el año pasado superaron los US$9.000 millones, una cifra muy superior a lo que producen en divisas las exportaciones de café, azúcar, banano y cardamomo juntos.
Ese flujo de dinero le da solidez a la economía nacional y mantiene estable el tipo de cambio de la moneda.
Saben de los peligros
Las autoridades guatemaltecas destinan millones a campaña publicitarias para atemorizar a las personas y que desistan de viajar. Los anuncios –que se transmiten en diferentes lenguas en el interior–, hablan de extorsiones, muerte, abandono y demás peligros que pueden surgir en la travesía de más de 2.700 kilómetros por territorio mexicano y que aumentan al ingresar a tierra estadounidense.
Washington ha presionado –y obtenido buenos resultados, principalmente en Guatemala–, para que también en México, El Salvador y Honduras los gobiernos hagan esfuerzos y legislen para controlar la migración de sus habitantes.
¿Y qué vamos a hacer? Se pregunta Juana cuando se habla de los riesgos mencionados. Ella misma se responde: o morimos aquí de hambre o corremos el riesgo. Ella, como tantos migrantes que hablan con la prensa en su caminar e incluso cuando vuelven a ser deportados, reconocen que viajan conociendo el peligro que encierra. Sin embargo, quedarnos en el país es condenarnos y condenar a nuestras familias a vivir en la pobreza y ver que los jóvenes se vuelven pandilleros. Es más peligroso vivir en Guatemala, dijo a un diario hispano Diego, quien no se identificó plenamente por temor a ser identificado y deportado.
Juana no muestra miedo para cuando tenga que viajar en compañía de la pequeña Dorita: Yo se que no es fácil, pero si logramos reunirnos todos allá (en EEUU), cambiará nuestra vida, como ha cambiado la de Berta, la tía de Álvaro, nos dice con tranquilidad y seguridad de lo que está hablando.
De la conversación se desprende que conocen muy bien al coyote que llevó al padre e hijo y para ella es suficiente.
El problema es que EEUU se ha visto abrumado con la estrategia de los adultos acompañados de menores que solicitan asilo. Hay en estos momentos cerca de 800.000 casos en lista de espera, lo que refleja la magnitud de esta situación.
Esta es una de las razones por las que la administración del presidente Donald Trump desea encontrar en el sur lo que llama un tercer país seguro, a donde puedan ir todas estas personas a permanecer mientras se tramita su solicitud de asilo.
Estados Unidos tiene una ley vigente desde 2008 para la prevención del tráfico humano, la cual prohíbe la deportación inmediata de los menores que ingresen ilegalmente y tiene que ser un juez, y no las autoridades migratorias, la que decida lo procedente y los padres pueden permanecer en el territorio mientras dura el proceso.
Comunidades chapinas
Los Ángeles –y sus alrededores–, Chicago, Washington, Providence y Florida –diversas ciudades– son los centros urbanos en donde hay más comunidades chapinas en EEUU. Según datos extraoficiales –no puede haber censo–, son más de tres millones de guatemaltecos los que se encuentran en aquel país, pero menos de medio millón lo hacen con sus papeles en orden, mientras el resto está en la mira de la política anti migratoria de Trump.
En Providense, un taxista hispano, quien se identificó como Pablo Morales y habla perfecto inglés, narra como él llegó a EEUU a principios de los años 80. Me dijeron que aquí era más fácil encontrar trabajo estable y lo único que me costó mucho sufrimiento fue acostumbrarme al frío. Años más tarde aproveché una oportunidad para sacar mis papeles y hoy no pago impuestos y vivo en paz. Toda mi familia está conmigo. Antes era diferente, porque no se perseguía a los migrantes como ahora, cuenta en uno de los viajes.
Pablo comenta que la comunidad hispana en la región de Rhode Island es muy grande y la chapina de las más grandes, solamente comparable con la dominicana, que aquí es muy fuerte, explica.
En Washington ocurre lo mismo. Es común encontrar empleados guatemaltecos en restaurantes, hoteles y otros negocios de servicios. Sede de la Casa Blanca, hogar de Trump y centro de poder del mundo, Washington es una de las ciudades santuario, en donde no se persigue a los migrantes como el presidente desea. Otras ciudades con similar política son, Los Ángeles, San José (Ca), San Francisco, Chicago y Nueva York.
En estos lugares se prohíbe que las autoridades pregunten la nacionalidad de las personas y exijan verificar sus papeles migratorios.
Una de las prácticas que ha seguido Trump para castigar a los alcaldes de estas localidades, es la de promover que se envíe a ellas a los indocumentados de otros estados. La política no ha producido cambios.
Remesas pero olvido
Las presiones de la Casa Blanca sobre el débil gobierno del presidente Jimmy Morales han logrado una política de mayor abandono para los migrantes guatemaltecos. Si bien la queja ha sido siempre que las autoridades no los representan y no se preocupan por ellos, esta vez la situación ha llegado a extremos.
Mientras la televisión y prensa estadounidense informaban sobre las malas condiciones en las que los migrantes detenidos se encontraban en virtuales campos de concentración en la frontera sur con México, la canciller guatemalteca, Sandra Jovel, aseguraba que personalmente había comprobado el trato respetuoso y correcto que se les daba en esos centros de detención.
Un líder comunitario que retornó al país deportado hace tres meses –que pidió no ser identificad porque es seguro que antes que termine el año habré vuelto a California–, dice con evidente malestar que a ellos (el Gobierno), no les interesamos. Nunca intervienen en los procesos ni se preocupan por nuestra seguridad y trato que recibimos. Ni los gringos ni ellos reconocen que aportamos a ambas economías.
Los guatemaltecos residentes en EEUU envían cada año miles de millones de dólares en remesas. El año pasado esa cifra superó los US9.000 millones y para 2019 se espera que el monto se aproxime a los US$10.000 millones.
Los expertos en economía reconocen que sin esa fuerte inyección en la economía nacional, la situación de pobreza sería más grave, y la estabilidad macroeconómica podría derrumbarse. Si se ve como una actividad económica, resulta que es mucho más importante que la caficultura, la industria azucarera y la producción de banano y otros productos de exportación juntos.
Un recorrido por comunidades pobres de Sololá, Quetzaltenango, Quiché, Huehuetenango, San Marcos y otros departamentos permite ver como se ha inyectado la economía nacional. La construcción de viviendas de dos pisos suele ser un símbolo de la inversión primaria que se hace con las remesas por parte de las familias que quedan en el país.
El Gobierno, que se beneficia con el ingreso de remesas, no ha levantado la voz para demandar de Estados Unidos respeto a los derechos humanos de los connacionales allá.
Los analistas en tomas socioeconómicos reconocen que la principal causa de la fuerte inmigración de guatemaltecos hacia EEUU es la falta de oportunidades que hay en el país, cuyo nivel de educación, salud –Guatemala es el país con peor índice en desnutrición infantil crónica– y seguridad es muy inferior al necesario para poder salir adelante.
Las estadísticas dicen también que más del 80 por ciento de la población vive en niveles de pobreza y un 15 por ciento en pobreza extrema.
EEUU reduce ayuda
Lejos de lo que podría suponerse, Washington ha venido disminuyendo paulatinamente los montos de asistencia para diversos programas sociales en el país, específicamente en el área de combate a la violencia y la corrupción, disminuyó cerca de un 20%.
Otros ejemplos. En asistencia para crecimiento económico, comida y seguridad, se ha pasado de US$79.7 millones a US$48.2 millones. Algo parecido ha sucedido en la asistencia que se da al buen gobierno, transparencia y derechos humanos, que ha caído de US$38.2 millones a US$28.2 millones y en dinero que se daba como ayuda a seguridad, justicia y prevención de la violencia, ha pasado de US$34.1 millones a US$22.1 millones.
En sus últimas declaraciones, tras anunciar la CC que el presidente Morales no puede suscribir un tratado para convertir Guatemala en tercer país seguro, el presidente Trump no solo canceló la entrevista que tenía con el gobernante guatemalteco, sino anunció que suspendería toda ayuda en el futuro y calificó a los migrantes guatemaltecos –al igual que a salvadoreños y hondureños–, como personas no deseables en EEUU.
Mientras tanto, la lucha contra la corrupción en el país parece haber cesado, al menos en la intensidad que se conoció en los cuatro años anteriores. La salida de la CICIG y del comisionado Iván Velásquez vuelto a dejar al país con débiles instituciones para detener este mal que impide que haya auténticas políticas de desarrollo, con el resultado de impulsar más a la inmigración para buscar alguna oportunidad fuera.
En tanto la pobreza y falta de oportunidades continúe, es poco lo que se puede hacer, por más que Trump sigue amenazando con tolerancia cero, y el muro para impedir la migración.
En el departamento de Estado en Washington se reconoce que países, como El Salvador, están reconociendo que el problema del flujo migratorio es la falta de políticas públicas de desarrollo para evitar el éxodo de familias enteras hacia el norte. A Guatemala se le mira como un país sumiso, aliado, pero sin rumbo para solucionar los problemas socioeconómicos. Algunos de los funcionarios de esta dependencia manifiestan que hay pocas esperanzas de cambio, y temen que el resultado de las próximas elecciones provoque más agitación política y social, y que ello empuje a más personas a buscar el sueño americano, que cada vez se vuelve más sufrido.
Es mejor enfrentar la cero tolerancia de Trump, que la cero oportunidad de nuestros gobiernos. Una frase que gira en la mente de los potenciales migrantes.