El expresidente de Estados Unidos Donald Trump afronta esta semana el inicio de su segundo juicio político en apenas un año, con la certeza de que contará con el apoyo de la bancada republicana en el Senado, en un momento en el que una parte del partido se esfuerza por desembarazarse de la figura del magnate, que pese a todo, continúa contando con una amplia aprobación entre los electores conservadores.
Aún con su salida, lo traumático de la misma ha dejado al Partido Republicano atado al expresidente Trump, de retiro actualmente en Florida, conscientes del carisma y del poder de movilización que tendría el magnate en caso de presentarse finalmente a las presidenciales de 2024.
«Siempre lucharé por ustedes. Estaré observando. Estaré escuchando. Volveremos de alguna manera», adelantó poco antes de la toma de posesión de su relevo como presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Hace un año
Como ocurrió en su primer ‘impeachment‘ hace un año, finalmente absuelto tras haberlo acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presiones a las autoridades ucranianas para perjudicar a la familia Biden, es muy complicado que este nuevo proceso salga adelante y con ello cortar la posibilidad de que pueda presentarse a las próximas elecciones.
- En esta ocasión, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de amplia mayoría demócrata, aprobó hace un mes aprobó, con 232 votos a favor y 197 en contra, iniciar un nuevo juicio político contra Trump, bajo un único artículo de acusación por «incitación a la insurrección» y su rol desempeñado en el asalto al Capitolio que llevaron a cabo sus partidarios el pasado 6 de enero.
«El presidente incitó está insurrección, está rebelión armada contra nuestro país», dijo por entonces la presidenta de la Cámara de Representes, Nancy Pelosi, quien calificó de «terroristas domésticos» a aquellos seguidores de Trump, que irrumpieron en el Capitolio.
Republicanos
Aquella votación contó con el apoyo de diez republicanos, entre ellos algunas figuras consagradas como la congresista por Wyoming, Liz Cheney, la ‘número tres’ del partido dentro de la cámara, reprendida esta semana por su apoyo a este proceso por la delegación republicana de ese estado.
Cheney es parte de una rama más moderada del partido, de la que forman parte otras figuras como John Katko, Jamie Herrera, o el congresista por Illinois Adam Kinzinger, quien en los últimos días ha lanzado una campaña dentro del seno de la formación para poner fin a las «venenosas conspiraciones y mentiras» de Trump y sus acólitos.
Todos ellos conviven ahora con otros congresistas republicanos que no han escatimado elogios hacia el expresidente Trump, como la representante por Georgia Marjorie Taylor-Greene, o la representante por Florida Lauren Boebert, quienes no solo han propagado y apoyado las teorías infundadas sobre fraude electoral, sino que también se han revelado como seguidoras del movimiento conspiratorio QAnon.
Previsible revés demócrata
Sin embargo, la situación para los demócratas en el Senado no es tan propicia, puesto que en la Cámara Alta cuenta tan solo con una exigua mayoría, gracias a los dos últimos escaños arañados en las elecciones celebradas en el estado de Georgia hace un mes, que sólo puede alcanzarse con el voto de desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris.
Esto les obliga a contar con al menos el aval de 17 senadores republicanos para que el juicio político pueda salir adelante, algo que podría descartarse de antemano atendiendo a las declaraciones de muchos de ellos, que han cuestionado la legalidad del proceso, repitiendo en la mayoría de los casos que «la Constitución no prevé un juicio de estas características contra un expresidente».
Supuesta inconstitucionalidad
Sin embargo, ante el desgaste político que podría tener un apoyo explícito al expresidente, la estrategia republicana, avalada por al menos 45 senadores, radica en apelar a esa supuesta inconstitucionalidad del proceso y no en defenderle de las acusaciones de rebelión e incitación a la violencia.
Esa casi veintena de senadores republicanos que necesitan los demócratas se antoja un listón demasiado alto. En el último precedente, en febrero de 2020, sólo uno, Mitt Romney, apoyó condenar a Trump. En esta ocasión se espera que alguno más dé un paso adelante, como Ben Sasse de Nebraska, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, o Pat Toomey de Pennsylvania.
Pese a que se prevé que en pocas horas comience el nuevo juicio político contra Trump, la estructura del mismo todavía no ha sido confirmada, ni tampoco los posibles testigos que podrían comparecer, entre los que el Partido Demócrata pretendía, finalmente sin éxito, que estuviera Donald Trump.
La estrategia demócrata no está exenta de controversia, pues si bien hay congresistas partidarios de apelar directamente y hacer testificar a Trump de manera presencial, hay otra parte del partido que prefiere incidir en los senadores republicanos en vez de dar nuevamente a Trump un atril en el que continuar con sus teorías del fraude electoral, una vez ha perdido su principal herramienta de comunicación, Twitter.
Trump
Trump se convertirá con este proceso en el primer presidente de Estados Unidos sometido a dos juicios políticos, aunque el segundo de ellos una vez ya fuera del Despacho Oval.
- El magnate de Nueva York es el tercer inquilino de la Casa Blanca en someterse a un proceso de destitución, después de los demócratas Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998.
- Richard Nixon se salvó en 1974 de un proceso en ciernes al presentar su dimisión por el caso ‘Watergate’.
El proceso para juzgar un presidente está recogido en la Constitución y arranca en la Cámara de Representantes, en una primera fase en la Comisión de Justicia y, a continuación, en el pleno. En caso de la aprobación, corresponde al Senado su desarrollo.
Si la condena sale adelante, el presidente acusado sólo tiene escenarios posibles: la absolución, como le ocurrió a Johnson y Clinton, o el cese, para lo cual es necesario que dos terceras partes del Senado –67 escaños– voten a favor.
Una vez fuera del cargo, a Trump se le inhabilitaría para ejercer cargos públicos durante los próximos años, poniendo así fin a las especulaciones de una posible candidatura en 2024.