La expresión es dura, pero apunta a un fenómeno creciente en Guatemala y América Latina: la expansión de iglesias fundamentalistas que han pasado de ser espacios de culto a convertirse en actores políticos con creciente capacidad de influencia electoral, redes económicas y control territorial».
Jaime Barrios Carrillo
Guatemala es un país atravesado por una gran contradicción: mientras enfrenta una de las peores realidades de desnutrición infantil y exclusión social del continente, su vida pública está saturada por una presencia religiosa que promete salvación espiritual, pero que rara vez se traduce en justicia material.
El “Señor” —en su representación abstracta, omnipotente e interventora— ha penetrado el tejido social no solo como consuelo, sino como lenguaje de poder. En ese tránsito han surgido los sicarios de la fe.
La expresión es dura, pero apunta a un fenómeno creciente en Guatemala y América Latina: la expansión de iglesias fundamentalistas que han pasado de ser espacios de culto a convertirse en actores políticos con creciente capacidad de influencia electoral, redes económicas y control territorial. Bajo la promesa de salvación y prosperidad, transforman la fe en obediencia y la obediencia en disciplina de rebaño.
La religión se transforma en enajenación cuando deja de ser experiencia ética y se vuelve un mecanismo de resignación. No se trata de negar la fe, ni la libertad de creer o no creer; toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, a profesar una fe, a cambiarla o a no tener ninguna. El problema no es la religión en sí misma, sino su manipulación como instrumento de poder.
En América Latina este fenómeno no es nuevo, pero sí ha adquirido una fuerza política decisiva. El llamado “voto evangélico” ha dejado de ser marginal: en distintos países ha definido elecciones presidenciales, legislativas y municipales. En Guatemala, la expansión de iglesias pentecostales ha coincidido con la fragmentación del sistema político y la debilidad institucional del Estado. La frontera entre púlpito y tribuna electoral es cada vez más difusa.
Este proceso se sostiene en tres pilares. Primero, la conformación de bloques legislativos y alianzas partidarias conservadoras —las “bancadas evangélicas”— que impulsan agendas morales restrictivas, oponiéndose a derechos como el matrimonio igualitario, los derechos reproductivos o la igualdad plena de las personas LGBTIQ+. Segundo, una profunda penetración territorial en barrios populares y comunidades marginadas, donde la iglesia suple la ausencia del Estado y canaliza el malestar social hacia opciones políticas conservadoras. Tercero, un creciente poder mediático y financiero, sostenido por el diezmo, las ofrendas y beneficios fiscales, que permite a muchas megas iglesias controlar radios, canales de televisión y redes digitales desde donde moldean la opinión pública.
El problema no es la fe, sino su instrumentalización política. Cuando la religión entra en la lógica del poder, deja de ser un espacio de reflexión espiritual para convertirse en un dispositivo de legitimación. La teología de la prosperidad, difundida por sectores neopentecostales, refuerza esta visión: el éxito económico es interpretado como señal divina, mientras la pobreza se atribuye a fallas individuales, ocultando así las estructuras sociales que producen desigualdad.
En ese marco, el cristianismo original —centrado en la compasión, la humildad y la justicia— es desplazado por una versión que privilegia la obediencia y la acumulación. La ética del cuidado del otro es sustituida por la lógica del mérito económico y la subordinación al liderazgo religioso, convertido en figura incuestionable.
Mientras tanto, la realidad material desmiente cualquier narrativa de prosperidad espiritual. La desnutrición crónica, la migración forzada, la precariedad sanitaria y la violencia cotidiana revelan una sociedad donde la promesa de salvación convive con el abandono estructural. No es casual que estos discursos prosperen allí donde el Estado es débil, la justicia está cooptada y la desigualdad se normaliza.
Como señalaba Miguel Ángel Asturias, en un país hambriento la divinidad corre el riesgo de confundirse con la ausencia misma de pan y trabajo. Su advertencia literaria sigue vigente: cuando la religión se separa de la justicia, puede convertirse en una forma de resignación colectiva que naturaliza el sufrimiento.
Hoy, la expansión de iglesias fundamentalistas en América Latina plantea una pregunta incómoda: ¿asistimos a una sofisticada reconfiguración interesada del poder? Cuando el púlpito sustituye al debate público, cuando la fe se convierte en maquinaria electoral y la obediencia reemplaza a la conciencia crítica, el riesgo ya no es solo religioso, sino de déficit democrático.
Porque allí donde la fe se transforma en poder sin contrapesos, la ciudadanía se debilita. Y donde la ciudadanía se debilita, la democracia deja de ser una realidad para convertirse en una promesa cada vez más frágil y difusa. Se trata en Guatemala de un pacto tenebroso entre una clase política ligada a la corrupción y los púlpitos conservadores que buscan ejercer el poder del Estado en nombre de la fe. Pero, como advirtió Rubén Darío hace más de cien años: “Pues contáis con todo, pero os falta ¡Dios!”
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