Después de que Estados Unidos nombrara a la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras y a uno de sus asesores, Ángel Pineda en la lista de «actores corruptos», varios actores políticos nacionales e internacionales se pronunciaron al respecto. Uno de ellos fue el exembajador y diplomático en retiro de Estados Unidos, Stephen McFarland, quien expresó que su país entiende el vínculo entre la corrupción y el autoritarismo.
Desde su cuenta de la red social Twitter, el exdiplomático afirmó que esto también tiene relación con la migración.
“La acción de Estados Unidos muestra: a) Estados Unidos entiende el vínculo entre la corrupción y el autoritarismo en Centroamérica y su impacto en la migración”, explicó.
Agregó que EE. UU. prioriza los intereses a largo plazo sobre la cooperación a corto plazo y que “dado que las visas y las listas por sí solas no generarán cambios, se adoptarán medidas más estrictas”.
Previo a esta publicación, la congresista estadounidense Norma Torres, de origen guatemalteco, emitió una declaración y mencionó que se siguen viendo gobiernos plagados de corrupción en Centroamérica.
La congresista añadió que esta, “confirma importantes acciones antidemocráticas en la región de funcionarios que interfieren con investigaciones independientes y trabajan en contra de aquellos que defienden el Estado de Derecho».
Remarcó que es un paso importante para que funcionarios de alto nivel y a sus “cómplices que están directamente involucrados en la corrupción y la obstrucción de los procesos democráticos», rindan cuentas«.
A la vez, mencionó que sabe que, “estas decisiones no se tomaron a la ligera”, y que estos individuos usaron su poder para atacar a los funcionarios judiciales, albergar intereses corruptos y llevar a cabo agendas políticas que son contrarias a sus propias constituciones.
“Continuaré trabajando con nuestro gobierno para contrarrestar el retroceso democrático y garantizar que nuestra ayuda llegue a las personas a las que pretendemos ayudar«, afirmó Torres.
“Empieza a tener consecuencias”
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, enlistó lo que considera algunas irregularidades en la gestión de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien ha sido agregada a la lista de Estados Unidos de personajes corruptos y no democráticos.
Según Sandoval «empieza a tener consecuencias» el obstruir las investigaciones de casos de corrupción, amenazar a la prensa independiente y sociedad civil.
Además, criminalizar a operadores de justicia «que luchan contra la corrupción e impunidad».