- Colombia y Guatemala enfrentan una tensión diplomática luego de que la Fiscalía del país centroamericano emprendiera acciones legales contra el excomisionado CICIG, Iván Velásquez.
BOGOTÁ — Cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) informó el lunes que emprendería medidas contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, se abrieron diferentes interrogantes relacionados con el origen de esta acusación y de la tensión que se generó entre ambos países que, a ojo de analistas y expertos políticos consultados por la Voz de América, acabará encauzándose no obstante.
La relación de Velásquez con Guatemala se remonta a los tiempos en que asumió ser la cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2013.
Allí, el actual ministro investigó casos de corrupción en el país centroamericano hasta 2017, entre ellos, el entramado de Odebrecht en Guatemala, donde se demostró que existieron pagos por adjudicar contratos de construcción de carreteras, en los que se vieron involucrados altos funcionarios.
Asímismo, en 2015, la CICIG publicó la investigación del caso ‘La Línea’, que sacó a la luz cómo importadores sobornaban a tramitadores, entre los que se encontraban funcionarios del gobierno. Los hallazgos tocaron fibras profundas de la clase política guatemalteca hasta generar la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y lograr la caída del expresidente Otto Pérez Molina, salpicados entonces por las corruptelas.
Luego, en 2019, el presidente Jimmy Morales consideró a Velásquez como persona non grata, le prohibió la entrada al país centroamericano y rechazó la renovación de su visa. Ahora, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha ido una paso más allá al emprender acciones legales en contra del colombiano.
Para Wilson Sandoval, abogado y coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), la tensión que se ha venido suscitando entre ambos países “guarda íntima relación con la situación de corrupción en el Triángulo Norte, especialmente con Guatemala”.
Guarda íntima relación con la situación de corrupción en el Triángulo Norte, especialmente con Guatemala”
El trabajo de la CICIG, dice Sandoval, “dejó repercusiones en la sociedad guatemalteca de verdad y, especialmente, frente a la élite en Guatemala que tradicionalmente ha ostentado el poder en dicho país”, generando “incomodidades”.
Iván Velásquez no es la primera persona, relacionada con las tramas anticorrupción, que está siendo investigado.
Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica en la oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA (por sus siglas en inglés) habla de una “cacería”. “Ha habido un declive en el que se ha iniciado una ola de criminalización, de ataques a operadores de justicia independientes y a defensores de derechos humanos en Guatemala”, explica.
Según la vocera de WOLA, hay 35 personas en el exilio, incluidos la exfiscal general Thelma Aldana, que trabajó mano a mano con Velásquez; la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras; y Claudia Paz y Paz, que también fue el fiscal general del país centroamericano, además de exfiscales de la FECI y de la CICIG.
Para Méndez, desde el análisis que hacen en WOLA, se hablan de estructuras paralelas dentro del poder. Entonces, “en el momento que sale la CICIG, estas estructuras vuelven a afianzarse y… Giammattei y su partido político son parte de esta estrategia, de estas redes ilícitas que buscan nada más que seguir coptando la justicia en Guatemala”.
Valeria Vásquez, analista para Centroamérica de Central Risks, aseguró a la VOA que “hoy en día en Guatemala no hay independencia judicial. El gobierno de Alejandro Giammattei está realizando este tipo de persecución, hay mucha interferencia política en varios casos de investigación contra jueces, contra fiscales anticorrupción y digamos que esta investigación va por ese lado”.
En este sentido, el abogado afirma que la situación con el ministro Velásquez es “un mensaje de parte de la élite guatemalteca a que, cualquiera que trate de combatir los esquemas de corrupción en dicho país, va a ser perseguido”.
Además, recordó que quienes han impulsado esta investigación contra el ministro -el fiscal José Rafael Curruchiche Cucul y la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras– han sido incluidos en la lista Engel de Estados Unidos, por corrupción.
No obstante, al ser cuestionado sobre si organizaciones criminales tienen compradas a funcionarios de Guatemala, el presidente guatemalteco dijo el jueves, en entrevista con el diario español La Razón, que «hay alcaldes señalados de pertenecer a estos grupos, pero también policías y comunidades que impiden que el Ejército pase para evitar la descarga de una aeronave. Eso también es corrupción».
Y agregó que mientras existan «gobiernos que permitan que sus bancos reciban dinero del crimen organizado» no tiene «la suficiente cara» para señalarlos de corruptos. «Hay muchos personajes en el mundo que primero se deberían de lavar la boca antes de hablar de otro país», enfatizó el mandatario.
Lo que viene…
En conversación con la VOA, Alejo Vargas, profesor titular y director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, dijo que espera que con la intervención de las cancillerías de Colombia y Guatemala el conflicto «vaya en una progresiva lógica de superación y de normalización».
Luego de que la Fiscalía de Guatemala señalara al excomisionado Velásquez, el presidente colombiano llamó a consultas a su embajadora, y Guatemala respondió de igual manera.
El llamado a consulta es un mecanismo que se utiliza mucho en las relaciones internacionales»
Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional de Colombia
«El llamado a consulta es un mecanismo que se utiliza mucho en las relaciones internacionales, y lo usan los gobiernos para expresar molestia por alguna decisión o preocupación por alguna medida. Esa figura, en ocasiones, es antecesora a medidas de mayor calado ya como propiamente retirar el embajador por un tiempo», explica Vargas.
Pero, según el profesor, la tensión puede ser que no llegue hasta ese punto, pues aunque ambos países no tengan una relación económica fuerte, «estos impasses pueden irse superando fácilmente», sostiene.
El abogado Sandoval opina que las acciones de ambos presidentes en el caso dan pautas importantes sobre el futuro del conflicto.
«El presidente de Colombia ha dejado claro que no habría mucho que hacer en la relación con Guatemala, si continúan con la persecución contra el ministro de Defensa Iván Velásquez», opina en una entrevista con la VOA. «En ese sentido, a lo que esto podría ir escalando es al enfriamiento más de lo que ya está entre Guatemala y Colombia».
Agrega, además, que la credibilidad de Guatemala está en juego, pues de continuar con las tensiones «proyectaría una imagen de ser un país que no persigue a los suyos por corrupción, pero sí a aquellos que han sido defensores del Estado de derecho en la región».
Por su parte, Méndez Dardón recuerda que el mandato de la CICIG estableció que los funcionarios gozaban de inmunidad durante y después de sus funciones, por lo que una investigación contra Velásquez no tendría sentido. Mas bien serviría para visibilizar la situación política que atraviesa Guatemala.
«El retroceso y el deterioro en ese país ha sido inmenso. Desde varias organizaciones hablamos del término ‘autoritarismo’ porque eso justo es lo que está pasando en Guatemala. No sabemos si el conflicto va a escalar o no, pero lo que sí sabemos es que pone en evidencia en lo que se ha convertido en Guatemala», explica a la Voz de América.
El viernes, el presidente guatemalteco aseguró que su país respetará la inmunidad diplomática del ministro y afirmó a la emisora colombiana La W que, «así haya cometido un delito el señor no se le podrá procesar, pero hay que investigarlo.»
Sobre la tensión diplomática, la vocera de WOLA enfatizó en que, «en lugar de generar esas fisuras que probablemente ya existan» esto puede servir para que el presidente colombiano, Gustavo Petro, «pudiese jugar un rol importante en visibilizar esta situación y en apoyar, de hecho, a la región centroamericana a contrarrestar todas estas prácticas autoritarias que vienen en auge».
En cuanto a las relaciones comerciales, Vásquez ve «muy poco probable el rompimiento de relaciones», debido a que Guatemala recibe productos de exportación por parte de Colombia.
Y cree que el tema «no se está manejando por la vía diplomática y que los próximos días serán muy importantes» para ambos países y que dependerá de los pronunciamientos de sus presidentes.
La postura de la Fiscalía de Guatemala
Además del anuncio contra Velásquez, la Fiscalía de Guatemala investiga a la abogada Luz Camargo Garzón, quien trabajó como investigadora de estructuras de corrupción en Guatemala.
Según el fiscal al frente, Rafael Curruchiche, las primeras investigaciones denotan que el excomisionado y la funcionaria tenían «pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht».
Curruchiche asegura que el excomisionado de la CICIG avaló acuerdos ilegales con dos directos de la constructora brasileña Odebrecht, y tras supuestamente aparecer en correos electrónicos junto con los directivos, Curruchiche considera que conocían de las negociaciones de la empresa.
Frente al pronunciamiento de la comunidad internacional en el caso, la Fiscalía asegura que el Ministerio Público es una institución independiente y autónoma, y que «tratar de incidir en su labor de investigación debilita el Estado de Derecho» de ese país.
A través de un comunicado, la institución guatemalteca «exhortó» a la comunidad nacional e internacional a «ser respetuosos del Estado de Derecho, de la democracia y del principio de legalidad» en Guatemala, señalando que ningún actor puede intervenir en sus procesos.