El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enfrentado a una crisis política y una economía en caída, prepara un paquete de leyes para neutralizar posibles nuevas protestas de cara a un año electoral en el que busca su reelección, según analistas.
- Sus aliados en el congreso presentaron proyectos de ley sobre «agentes extranjeros», aquellos que reciben fondos o bienes del exterior, ciberdelitos y estudia reformar la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua por delitos graves.
Las iniciativas generaron duros cuestionamientos de defensores de derechos humanos dentro y fuera del país, que los calificaron como represivos y contrarios a la libertad de prensa y expresión.
Reelección
Analistas señalan que estas iniciativas buscan crear condiciones favorables para una nueva reelección de Ortega, en el poder desde 2007, en los comicios de noviembre de 2021.
La situación del gobierno del presidente, de 74 años, «no es favorable para su permanencia en el poder y lo lleva a implementar leyes represivas en su desesperación de controlar al movimiento social, evitar una segunda ola de protestas”, dice el sociólogo y analista Oscar René Vargas, actualmente exiliado en Costa Rica.
Ley mordaza
Ortega se adelantó al Congreso y promulgó este martes por decreto una estrategia nacional de ciberseguridad para controlar las redes sociales, una medida bautizada por la prensa local como «ley mordaza» o «bozal» porque la ven como una forma de censura.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo en Twitter que la estrategia de ciberseguridad criminaliza «las expresiones que disgustan» a Ortega y criticó que «así no actúan los gobiernos democráticos».
Vargas, un exsimpatizante y ahora férreo crítico del gobierno, considera que Ortega quiere llegar a un escenario electoral en una situación que la oposición «se encuentre con la soga al cuello» y dispuesta a negociar bajo sus términos.
Nicaragua celebrará elecciones presidenciales y legislativas en noviembre del 2021. El actual mandato de Ortega, de 74 años, vence en enero de 2022.
Terror y parálisis
El exvicecanciller José Pallais opina que Ortega pretende «imponer el terror, el miedo y paralizar toda expresión de oposición».
Desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas, Ortega «ha probado de todo, muertos, persecución, cárcel para acallar al movimiento social y a la oposición, pero sabe que no le ha funcionado», dice Pallais.
«Es claro que Ortega continúa con su estrategia de represión e intolerancia frente a cualquier voz que exija el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas», dice a la AFP la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.
«La represión debe detenerse de una vez por todas, y la comunidad internacional debe condenar estas afrentas a los derechos humanos”, sostuvo Guevara Rosas.
Los adversarios de Ortega le acusan de corrupción, nepotismo y autoritarismo.
En 2018, el mandatario enfrentó una ola de protestas que sofocó por la fuerza con saldo de 328 muertos, centenares de detenidos y millares de exiliados.
La crisis política y la pandemia del coronavirus han impactado doblemente a la economía, que según economistas independientes tendrá su tercera contracción anual consecutiva, estimada en entre 6% y 8%.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió el proyecto de ley de «agentes extranjeros» y descartó que el objetivo sea criminalizar a los ciudadanos que reciben fondos del exterior.
También negó que la norma sea para «perseguir o para reprimir supuestas actividades políticas».
Escenario electoral
Los proyectos que promueven Ortega y el grupo parlamentario sandinista en el Congreso coinciden con crecientes denuncias de capturas, asedio a líderes opositores y demandas de reformas electorales.
El gobernante también enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que demandan elecciones libres y transparentes en Nicaragua, un país de 6.2 millones de habitantes.
«En el mejor escenario electoral, Ortega dará elecciones amañadas para poder ganar y está dispuesto a enfrentar sanciones internacionales y el clamor popular, como lo ha hecho (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro desde el 2018», según Vargas.
Para Vargas ese «sería un mal cálculo» de Ortega porque Nicaragua no es Venezuela, ni en recursos, poder militar ni soporte internacional de parte de Rusia y China.