Stalling será enjuiciada; Congreso le retira inmunidad y MP logra arraigo

Con 119 votos a favor y solamente 5 en contra, el pleno del Congreso decidió este jueves retirarle la inmunidad a la magistrada Blanca Stalling, quien ahora será sometida a un proceso penal por el delito de tráfico de influencias, que podría llevarla a la cárcel de ser encontrada culpable.

En las primeras horas de la tarde, el MP solicito y obtuvo de un Juez de Diligencias Urgentes, la orden de arraigo, con el fin de evitar que Stalling pueda abandonar el país.  La información oficial se hizo por medio de Twitter.  La magistrada no se presentó a una reunión de la Corte esta mañana, según se supo en el Organismo Judicial (OJ).

En el Congreso, desde muy temprano,  los diputados recibieron una copia del informe de la comisión pesquisidora –con la recomendación de levantarle la inmunidad a la magistrada–, y se procedió de inmediato a someter el tema a discusión y votación. únicamente encontró oposición en el diputado Fernando Linares Beltranena, quien calificó de política la resolución planteada, y pidió que la votación se retrasara al menos hasta la próxima semana.

A pesar de las intervenciones del diputado del PAN, la corriente mayoritaria de parlamentarios a favor de quitarle la inmunidad se demostró en la votación, ya que 119 diputados votaron a favor de la propuesta de la Comisión, y solamente cuatro diputados se situaron del lado de Linares.

Los cinco diputados que votaron en contra son:

  1. Oscar Armando Escribá Morales (Alianza Ciudadana)
  2. Laura Alicia Franco Aguirre (FCN-Nación)
  3. Fernando Linares Beltranena (Partido de Avanzada Nacional –PAN–)
  4. Oscar Armando Quintanilla (Alianza Ciudadana)
  5. Francisco TRabriz y Tabriz (Alianza Ciudadana)

Segundo caso de tráfico de influencias

La magistrada Blanca Stalling, quien hasta antes de la votación se negaba a renunciar al cargo, será la segunda funcionaria de alto nivel en ser sometida a un juicio penal por tráfico de influencias –ambos cometidos en el campo judicial–.

El caso anterior es el del diputado –entonces– y ex presidente del Congreso, Gudy Rivera, quien fue sentenciado a 13 años de cárcel por haber intentado influir en una jueza para favorecer al Partido Patriota (PP) y a su Secretaria General, Roxana Baldetti.

Siguiendo ese antecedente, se podría esperar una condena más o menos similar, en caso de ser encontrada culpable.

A ella se le acusa de haber presionado al juez Carlos Ruano para que favoreciera con una medida sustitutiva a su hijo, el abogado Otto Fernando Molina Stalling, implicado en el caso conocido como Bufete de la impunidad, también vinculado con la corrupción en el Estado.

La denuncia fue presentada en la FECI por el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda el 10 de enero de 2017, quien expuso la forma en que fue abordado por la magistrada Stalling, abogando ante él por la suerte de su hijo. Fue citado para presentarse con Stalling el 1 de septiembre de 2016. En su denuncia, el juez Ruano Pineda explicó que tuvo la precaución de grabar la entrevista con la magistrada Stalling Dávila para tener prueba de que fue invitado a esa reunión, y que en ningún momento comprometió su trabajo, ni aceptó nada a cambio.

Ruano fuera del país por temor a su seguridad, según explicó a la prensa antes de partir.