Tegucigalpa, Honduras | AFP |
El jefe de la misión de lucha contra la corrupción de la OEA en Honduras, Juan Jiménez Mayor, anunció sorpresivamente la noche del jueves su renuncia al cargo por falta de apoyo del secretario general, Luis Almagro, y de «herramientas para cumplir su trabajo».
«Con gran pesar y luego de una profunda reflexión comunico mi renuncia al cargo», dijo en Twitter el abogado peruano que instaló la llamada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en febrero del 2016.
La renuncia se produjo luego de que este jueves se publicara en Honduras una nota enviada por Almagro al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, en la que afirma la necesidad de «fortalecer el funcionamiento de la MACCIH» porque «no ha sido capaz de arrojar los resultados» en cuanto al combate de la corrupción.
Sin embargo, Jiménez lamentó en un comunicado –en el que confirma su renuncia– que Almagro se niega a recibirlo desde agosto el 2017 y que el pasado 30 de enero tampoco lo recibió cuando viajó exclusivamente a Washington para darle un informe del trabajo de la misión y de las amenazas que estaba recibiendo después de denunciar la «Red de Diputados».
Jiménez y el fiscal general, Oscar Chinchilla, anunciaron en rueda de prensa el 11 de diciembre que habían acusado a cinco diputados de haber recibido fondos del poder Ejecutivo para proyectos sociales pero que los desviaron a cuentas personales.
En su renuncia, Jiménez lamentó que el Congreso modificó el 18 de enero la ley del presupuesto «que señala que no procede la apertura de juicios» hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSE) concluya las auditorías de los fondos, por lo cual la justicia desistió del proceso contra los diputados.
Advirtió que el «sistema nacional anticorrupción no podrá funcionar si no se le dan las herramientas necesarias para cumplir su trabajo» en un «asunto de voluntad política».
La MACCIH fue creada en febrero del 2016 por Almagro a petición de Hernández para acallar manifestaciones de decenas de miles personas convocados por el movimiento «indignados» ante el saqueo del Seguro Social.
La fiscalía comprobó que más de 330 millones de dólares fueron sacados por funcionarios públicos de la institución de seguridad social. El presidente Hernández admitió que parte de esos fondos entraron al equipo de campaña de las elecciones del 2013 pero sin que él lo supiera.