Conversatorio con Stuardo Campo, fiscal de Sección Contra la Corrupción, Ministerio Público (MP).
Arnoldo Medrano, exjefe edil de Chinautla, encarna en buena medida la corrupción e impunidad. Por décadas evadió la justicia, y ahora que por fin ha sido sentenciado existe el riesgo de que se le reduzca la pena. Pero hay otras denuncias, dice Campo, que están en investigación y por las que el exalcalde podría ser sentando de nuevo en el banquillo de los acusados. Es necesario, dice el fiscal, que existan sentencias ejemplares contra los corruptos.
¿Qué se ha logrado en el caso contra Medrano?
El primer caso por el cual fue sentenciado es por la contratación de la empresa Grupo Dinámica Constructiva, S. A., para que se encargue del cobro y administración del Impuesto Único Sobre Inmueble (IUSI). Nos encontramos ante dos hechos delictivos, siendo abuso de autoridad al delegar esta función pública, contando con la coparticipación de los miembros del Concejo Municipal, quienes también están procesados por estos hechos.
¿Cuál es la situación actual de la sentencia condenatoria?
Él fue condenado por el delito de abuso de autoridad y se le impuso la pena de 3 años de prisión conmutables; sin embargo, también se le condenó por el delito de concusión, y se le impuso la pena de 6 años de prisión inconmutables, y una multa de Q25 mil. Lo que ocurrió en los días recientes fue que una sala de la Corte de Apelaciones decidió hacer una modificación a la sentencia condenatoria que había sido dictada por el Tribunal Octavo, se le rebajó la condena y se determinó que era viable la conmuta por el delito de concusión.
¿Qué acciones tomará el Ministerio Público?
Esta última resolución no se encuentra firme y ya fue recurrida por el Ministerio Publico, se interpuso un recurso de casación, no por la Fiscalía contra la Corrupción, sino por la Unidad de Impugnaciones.
¿Se tenía la evidencia concreta?
Sí. En el caso del delito de concusión se acreditó que el señor Medrano, en calidad de alcalde municipal, suscribió un contrato administrativo con el Grupo Dinámica Constructiva S. A. y que la señora Arison Rubicely Cordón Morales, accionista de esa empresa, tiene un vínculo de parentesco de afinidad con el señor Medrano.
¿Afecta la resolución de la sala penal?
Nosotros consideramos que la sentencia condenatoria hecha por el Tribunal Octavo, al final de cuentas, se va a mantener incólume.
¿Qué sucede si queda firme la última resolución?
Si la resolución fuera adversa a nuestros intereses, el MP presentaría un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.
De quedar firme lo interpuesto por la defensa de Medrano ¿quedaría libre?
No, porque tiene otro proceso que estamos tramitando en la Fiscalía contra la Corrupción y por el cual el señor Medrano se encuentra en prisión preventiva.
¿Qué otros procesos hay en contra de Medrano?
Él y su corporación municipal desarrollaron un proyecto denominado Construcción, Vivienda Digna, en el área urbana y rural en el municipio de Chinautla. En este proceso se incurre en varias anomalías, que incluyen sustracción de fondos, que asciende a Q3.1 millones. En este caso, el MP ya procedió a formular acusación y a solicitar apertura judicial en contra de Medrano, por varios delitos entre los cuales están sustracción, abuso de autoridad y asociación ilícita.
¿No descartan más investigaciones?
Tenemos otras denuncias que se encuentran en proceso de investigación y que en un momento determinado podrían permitir hacer un planteamiento en los órganos jurisdiccionales. Por lo menos dos están judicializadas, una con sentencia condenatoria que está en proceso de impugnaciones y otro expediente en etapa intermedia.
¿Entorpece que familiares sigan en el poder de la comuna?
No es lo idóneo, porque lo mejor es poder acudir a una corporación municipal imparcial, que no tenga ningún interés en soslayar actos de corrupción y que puedan prestar la debida colaboración al Ministerio Público. Sin embargo, es importante mencionar que el MP tiene todas las facultades que la ley nos confiere para poder requerir la información y poder desarrollar las investigaciones, independientemente de que el sindicado o personas vinculadas a él se encuentren en el ejercicio de alguna función pública.
¿Ello les ha obstaculizado o retrasado los procesos?
Cuando una persona advierte que está siendo investigada y que puede ser alcanzada por la acción de la justicia trata de entorpecer las investigaciones por medio de diferentes formas o mecanismos, uno de ellos es retardar el traslado de información.
Sí entorpece, pero hemos logrado superar estos obstáculos y muestra de ella es que se tienen dos procesos judicializados en contra de Medrano.
¿Qué tan fuertes son estas estructuras de corrupción?
Muy fuertes, y cuando se advierte que sus intereses están en riesgo, se reagrupan, se reorganizan y tratan de fortalecerse para repeler las acciones del Ministerio Público o de los cuerpos de investigación del Estado. Por la operatividad que tiene la corrupción, es necesario el trabajo de analistas criminales, contables, financieros, debido a que coadyuvan en el proceso de investigación.
¿Cuáles son las limitantes de combatir la corrupción?
La tardanza en recibir la documentación de parte de las diferentes instituciones y la demora en algunas ocasiones en recibir los informes por parte de la Contraloría General de Cuentas.
Referente a denuncias, ¿cuántas recibe la Fiscalía Contra la Corrupción?
Este año vamos recibiendo un poco más de mil denuncias, y esto denota un incremento muy considerable en relación con otros años. Considero que se ha recobrado la credibilidad de los entes de investigación. En el 2014 la fiscalía pudo haber recibido unas 500 denuncias, estamos hablando de un incremento del 100 por ciento; en el 2015 se empezó a incrementar el número de denuncias.
¿En donde existen más denuncias?
En las municipalidades, pero de igual forma existen en contra de ministerios por la ejecución presupuestaria.
¿Arnoldo Medrano es símbolo de impunidad?
Es bastante delicado que se emitan resoluciones en donde se favorezcan a personas que han sido constantemente señaladas por actos de corrupción, que incluso no quedan en el simple señalamiento, porque el MP ha logrado probar ante los tribunales que estas anomalías realmente existen y que ha habido componendas con entidades mercantiles relacionadas con las personas señaladas y que aun así existan resoluciones que les favorezcan, disminuyéndoles la pena impuesta o permitiéndoles la conmuta para solventar su situación legal.
¿Qué se debe hacer?
La ciudadanía debe auditar de manera constante lo que hacen los funcionarios públicos y debe haber una fiscalización social de las resoluciones que emanen del poder Judicial.
¿Afecta este tipo de resoluciones?
Hay muchos casos en proceso, promovidos por otras fiscalías, y será fundamental, para ir sentando precedentes al combate de la corrupción, que existan sentencias ejemplares y condenatorias en contra de las personas que se han aprovechado de los cargos para beneficiarse y enriquecerse. Porque han burlado y defraudado las expectativas de la población que los eligió.