Las autoridades de Siria cerraron el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones presidenciales del 26 de mayo con un total de 51 aspirantes, incluidas siete mujeres, si bien el actual mandatario, Bashar al Assad, figura como favorito claro ante la falta de opositores de peso.
El periodo de presentación de candidaturas fue abierto el 19 de abril y concluyó el miércoles, si bien la lista definitiva de candidatos tendrá que pasar aún una serie de filtros, incluido uno sobre apoyos en el seno del Parlamento, controlado por el Baaz de Al Assad.
Cada candidato necesita recibir el apoyo de al menos 35 de los 250 parlamentarios, cada uno de los cuales puede dar su apoyo a un único candidato, por lo que la lista definitiva quedará muy limitada. El presidente del Parlamento, Hamudé Sabaq, procedió el miércoles al cierre y sellado de los respaldos.
Al Assad, en el poder desde el 2000
Los apoyos fueron presentados en persona por cada uno de los parlamentarios e introducidos en una urna, sin que hasta el momento se haya aclarado cuándo se realizará el anuncio sobre los candidatos que han pasado el corte, según ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.
Además, la legislación electoral fija que los candidatos tienen que haber vivido en el país durante la última década, en la que Siria se ha visto sumido en una guerra, lo que elimina a todas las figuras opositoras que se encuentran en el exilio.
De esta forma, Al Assad, que lleva en el poder desde el año 2000, figura como la única figura de peso, dado que el resto son candidatos poco conocidos o con pocos apoyos en el interior del país. El mandatario se impuso en las elecciones de 2014 a dos de los otros 24 candidatos que se postularon a la Presidencia.
Hito
Las elecciones son las primeras en las que alguna mujer ha presentado su candidatura a la Presidencia, si bien está por ver si alguna de ellas logrará los apoyos necesarios y superar las barreras legales para concurrir finalmente a las elecciones.
El país hace frente además a una grave crisis económica, recrudecida por la guerra y el impacto de las sanciones impuestas a causa del conflicto, entre ellas la conocida como Ley César, activada por Estados Unidos el año pasado, así como por la profunda crisis económica en la que está sumido Líbano.